En poco más de una década, del 2006 al 2018, el Poder Judicial del Estado de México registró un total de 90 asuntos radicados por el delito de aborto en sus diversos juzgados. Es decir, 90 casos en los que la Fiscalía realizó acusaciones por la interrupción del embarazo.
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En este lapso, la última radicación ocurrió durante el mes de octubre de 2018; y los meses con más casos judicializados fueron marzo de 2011 y abril de 2012, con cuatro asuntos radicados cada uno, de acuerdo con datos del Sistema de Estadística Judicial y Sistema de Gestión Judicial Penal.
Durante el mismo periodo, el Poder Judicial local dictó un total de 40 sentencias, aunque no en todas se ejerció la pena privativa —seis de estas se dictaron en junio del 2006.
Con base en el sistema estadístico, no es posible conocer el total de las sentencias en las que se condenó con la privación de la libertad, ya que “la captura de sanciones de privación de libertad comenzó a partir de julio de 2016 para el Sistema de Gestión Judicial Penal”. Estas cifras tampoco incluyen posibles casos de aborto catalogado como homicidios en grado de parentesco.
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Las leyes en el Edomex
El capítulo V del Código Penal de la entidad sostiene que a las mujeres que voluntariamente se practiquen un aborto se les impondrá de 1 a 3 años de prisión. A esto se añade que si las mujeres interrumpen su embarazo para ocultar su deshonra se les impondrá de 6 meses a 3 años de cárcel.
La pasada legislatura del Congreso local rechazó en su último periodo de sesiones incluir la iniciativa que permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las doce semanas de gestación.
Diversos colectivos feministas y miembros de la sociedad civil han solicitado al congreso local tomar acciones inmediatas en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que desde 2019 se han presentado 3 iniciativas, sin que se haya considerado subirlas a discusión para ser votadas.
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Sin embargo, el pasado martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente al resolver que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
