El ingeniero Manuel Eduardo Gómez Parra, director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), afirmó que la seguridad es uno de los aspectos primordiales para el desarrollo del tren rápido que tiene más de tres años de retraso.
Luego del accidente ferroviario en el que murieron 26 personas en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el director general afirmó que se dará alta prioridad a este rubro.
De acuerdo con una entrevista realizada por Forbes México, el director del área de Movilidad de TÜV Rheinland, Guido Wallraff, asegura que el tren México-Toluca tendrá estándares de seguridad cercanos a los europeos. De hecho, precisa, se trabaja con base en las normas del Comité Europeo para la Estandarización Electrotécnica (CENELEC), una organización que desarrolla estándares electrotécnicos para la mayoría de los países europeos.
La construcción inició hace siete años y se espera concluirlo en 2024, pues el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto heredó una obra atrasada y encarecida, que según las primeras previsiones se terminaría en 2018, meta que no se cumplió.
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Cada semana, la actual administración federal da a conocer las acciones que se han llevado a cabo para avanzar en la obra diseñada para dar atención a 230 mil pasajeros al día, en 30 trenes.
Para seguir con el mismo ritmo de avance, el Ejecutivo federal propuso invertir otros 7 mil millones de pesos en este tren durante el año 2022, a partir de financiamientos que contempla la Secretaría de Hacienda con apoyo de Nacional Financiera, Bancomext y Banobras.
El tiempo que ese tren lleva en construcción ha impactado sobremanera en el costo de la obra, la cual podría llegar a los 100 mil millones de pesos, de acuerdo con el gobierno federal, aún cuando inicialmente se estimó en 30 mil millones de pesos.
Los conflictos
Pobladores de San Jerónimo Acazulco y de Acopilco se han reunido cerca de donde se realizan de las obras del Tren interurbano México-Toluca, en el municipio de Ocoyoacac, para evitar la continuación de los trabajos. Señalan que no ha habido acuerdos con autoridades estatales y federales para pagar por el uso de las tierras por donde pasa dicha obra, ni por las afectaciones a los mantos acuíferos de la zona.
La mayor preocupación para los comuneros son sus áreas naturaleza protegidas que hasta el momento han resultado afectadas: “el gobierno pues ha destruido a diestra y siniestra, cosa que no ha contemplado lo de la naturaleza, entonces queremos que vengan y nos cumplan con los convenios”.
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