Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y la Especial para las Declaratorias de Alerta de Género aprobaron la denominada «Ley Ingrid». Consistente en reformas al Código Penal mexiquense para sancionar hasta con seis años de prisión la transmisión, difusión y filtración de imágenes de cadáveres, audios, videos o documentos de una carpeta de investigación.
También se prevén agravantes cuando se trate de imágenes de mujeres, niñas y adolescentes, y cuando lo hagan servidores públicos.
La reforma, avalada en comisiones, es producto de cuatro iniciativas planteadas por dos diputadas de Morena, una del PRI y otra del PRD.
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En el país hay congresos como el de la Ciudad de México y el de Oaxaca que han legislado en la materia, derivado del caso de Ingrid Escamilla quien en febrero del año pasado fue asesinada y las imágenes de su cadáver fueron publicadas y transmitidas en medios de comunicación así como en redes sociales; por lo cual se busca evitar que esto vuelva a ocurrir.
Las reformas al Código Penal sancionarán a quien difunda, transmita, grabe, comercialice, audiograbe, videograbe, distribuya o comparta imágenes, audios, videos de cadáveres al igual que documentos de las circunstancias de la muerte o de lesiones.
Las penas serían de tres a seis años y si se trata de mujeres, niñas o adolescentes, podrían aumentar hasta nueve años e incrementarse en una tercera parte cuando el delito lo cometan servidores públicos.
Durante los trabajos de la comisión, el director general jurídico de la Fiscalía General de Justicia estatal, Francisco Sierra Sosa, planteó un ajuste a la reforma para que no solo se sancione la difusión, filtración o transmisión del material en resguardo de una institución de naturaleza forense, sino cuando esté relacionado con una investigación penal.
Durante las comisiones Liliana Gollas Trejo de Morena, una de las proponentes, advirtió que la información personal de una mujer muerta debe protegerse, pues la exposición de imágenes normaliza los actos agresivos, la gente se vuelve insensible a la violencia y es necesario penalizar la difusión de imágenes íntimas.
Araceli Casasola del PRD también señaló la necesidad de sancionar a servidores públicos que filtren, reproduzcan, transmitan documentos, videos, imágenes de cadáveres y recordó el caso de Ingrid Escamilla. Mientras Ingrid Schemelevnsky Castro del PAN también señaló la necesidad de sancionar cualquier conducta que dañe o agreda la dignidad humana.
El dictamen ahora debe ser aprobado por el pleno de la Legislatura local para que se publique y entre en vigor.
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