La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó tres denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 12 de febrero de 2026 por irregularidades en la Universidad Autónoma Chapingo que ascienden a 205 millones 515 mil 720 pesos en recursos federales no aclarados.
Las acciones legales se sustentan en la auditoría de cumplimiento 0388 a la Cuenta Pública 2022, cuyos resultados fueron dados a conocer en 2024. En ese informe, la ASF documentó incumplimientos normativos, pagos sin respaldo documental, contratos sin evidencia de servicio y deficiencias en la gestión de nómina.
Entre los principales hallazgos se identificaron 76.2 millones de pesos en adquisiciones de alimentos sin acreditar su recepción; 45.2 millones en contratos sin evidencia de prestación de servicios; y un probable daño adicional por 61.9 millones vinculado a irregularidades en nómina, incluidos pagos indebidos de impuestos y cuotas de seguridad social.
El informe también advirtió fallas en el control financiero, como recursos no registrados en cuentas bancarias, falta de conciliaciones y gastos sin respaldo presupuestal, lo que impidió verificar el destino de parte del gasto público.
Irregularidades que se repiten
Aunque los hechos corresponden al ejercicio 2022, el caso permanece vigente por su evolución legal y ya se encuentra en el ámbito ministerial, donde se determinarán posibles responsabilidades.
Las inconsistencias no se limitan a un solo año. En la auditoría 0435, correspondiente a la Cuenta Pública 2024, la ASF detectó más de 911 millones de pesos en ingresos no reportados, además de modificaciones presupuestales sin notificación y fallas en los procesos de contratación.
Esa misma revisión identificó debilidades en el control interno, entre ellas la ausencia de mecanismos de supervisión, evaluación de riesgos y auditoría interna, así como inconsistencias en nómina y registros administrativos.
Problemas en la gestión académica
De forma paralela, la auditoría 0385 evaluó el desempeño institucional en materia educativa y señaló deficiencias en la calidad de la información, falta de diagnósticos y debilidades en la planeación académica.
El informe también documentó planes de estudio sin actualización y fallas en los sistemas de registro, lo que refleja problemas más amplios en la operación de la institución.
Un patrón de fallas estructurales
Las tres auditorías —financiera, de seguimiento y de desempeño— abordan distintos niveles de revisión, pero coinciden en señalar deficiencias persistentes en control, registro y operación dentro de la universidad.
El caso de los 205 millones de pesos se mantiene como probable daño a la Hacienda Pública Federal, mientras avanzan las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante la FGR.
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