Toluca, México; 3 de mayo de 2018. Para el momento en que el representante legal del Estado mexicano, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, aceptara condicionadamente frente a la Corte Interamericana que, en efecto, el operativo desplegado en la comunidad de San Salvador Atenco en 2006 estuvo revestido de violencia, abuso de autoridad, crímenes de lesa humanidad y severas violaciones a los derechos humanos, el rebate de su contraparte en la corte fue inminente y fulminante: “el Estado ha sostenido que consignó y acusó a 52 personas, pero decenas de estas acusaciones han sido descartadas por los tribunales y a 11 años no hay ningún funcionario sentenciado”, esgrimió Stephanie Brewer, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Era 2017, sin embargo hoy el presente es el mismo.
207 personas detenidas — de las cuales 146 fueron arbitrarias , entre ellas 10 menores de edad —, 5 extranjeros expulsados, 26 violaciones sexuales, múltiples denuncias y condenas de carácter internacional, tres sentencias desmedidas contra representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), 131 alumnos de la Ibero (más uno simbolizado en cada uno de los mexicanos a través de una campaña viral), un proyecto de aeropuerto internacional que con cada día concreta más su realización, 2 legislaciones que legitiman el brutal empleo de las fuerzas públicas y sólo 26 policías expulsados, actualmente el panorama de justicia en México dista un largo trecho de cumplir con las exigencias de un Estado de Derecho democrático, así como han intentado apuntalarlo las recomendaciones emitidas por las múltiples comisiones de derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales.
El sistema de justicia mexicana no sólo es un rotundo fracaso, sino que es una tragedia que le cuesta la vida, literal y figurativamente, a cada individuo que alguna vez ha sido víctima de un delito y los procesos fallan cada vez en impartir la retribución correspondiente. Testimonio de ello puede ser encontrado en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde al menos aquí en el Estado de México, la entidad más violenta del país, el índice de actividad delictiva se mantiene oscilando entre el 40 y el 45 %, mucho más que en estados como Nuevo León, donde, además, la violencia es una constante en cada uno de los crímenes que acontecen en la entidad mexiquense.
Muestra más contundente aún resultó la respuesta de las autoridades a las denuncias de las mujeres que fueron abusadas sexualmente por elementos de las policías estatales y municipales durante el operativo desplegado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, orquestado por el ahora retirado almirante y fundador de la PFP y la ASE, Wilfrido Robledo Madrid, el 4 de mayo en San Salvador Atenco, donde la justicia mexicana optó por investigar a las víctimas antes que a los presuntos responsables.
Como señaló Brewer durante el juicio en el que petrificó el tibio reconocimiento de responsabilidades de Ruiz Cabañas, ningún alto funcionario no sólo no ha sido sometido a proceso, sino que ni siquiera ha sido objeto de escrutinio investigativo oficial, tarea que sólo el periodismo asumió como propia para llenar ese vacío en donde las autoridades han quedado a deber unas veces sí y otras también.
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