La administración del presidente peruano Pedro Castillo autorizó que las fuerzas armadas apoyen a la Policía Nacional para «asegurar el control y el mantenimiento del orden interno» por 30 días en Lima y Callao.
De acuerdo con RT, el gobierno de Castillo sostuvo esta decisión en el «incremento significativo» del índice delictivo en esas zonas, donde operan organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos, delitos que han sobrepasado la capacidad de la policía.
El decreto señala que la intervención del ejército solo será como una tarea de apoyo y aclara que «el control del orden interno» seguirá siendo responsabilidad de la Policía Nacional de Perú, que tendrá que concentrarse en «el control del orden interno y la interacción con la población«.
También precisa que la intervención de las fuerzas armadas no implica la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales, referidos en la Constitución peruana.
A mediados de octubre, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró estado de excepción también originado por el incremento de la actividad delictiva en ese país.
Con esta medida, a las fuerzas armadas de Ecuador se les otorgó la capacidad de restringir “la libertad de movimiento, de reunión y asociación durante los dos meses de ejecución del estado de excepción“.
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