La nueva Ley de Extinción de Dominio del Estado de México, abre la posibilidad de que los bienes asegurados a sujetos o grupos delictivos, y cuyo dominio haya sido extinguido a favor del gobierno estatal por medio de sentencia ejecutoriada, puedan ser destinados a centros educativos, de salud, de convivencia social, culturales o de seguridad pública.
Con ello, las autoridades mexiquenses podrán afectar el poder económico de la delincuencia organizada.
En el artículo 27 del nuevo ordenamiento aprobado este año, se establece que, cuando así lo determine la autoridad judicial, a petición fundada y motivada del Ministerio Público, los bienes podrán ser donados a instituciones públicas o privadas de asistencia social o dependencias y órganos de la administración pública estatal y municipal, para su aprovechamiento en beneficio de la sociedad.
En tanto, el artículo 68 señala que en los casos en que sea conveniente destinarlos a fines sociales, la autoridad judicial, a petición fundada y motivada del Ministerio Público, ingresarán al patrimonio del Estado y serán asignados a dependencias y órganos de la administración pública estatal, o donados a los municipios, a instituciones públicas o privadas de asistencia social para su aprovechamiento en beneficio del núcleo de población directamente afectado.
También, cuando sean enajenados, del producto de la venta el 40% pasará a formar parte del Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia, 10% se destinará a la Secretaría de Salud para programas de orientación y rehabilitación de adicciones, 10% a la construcción, mejora y equipamiento de centros educativos y el 40% restante al Fondo a que se refiere la Ley de Víctimas del Estado de México.