Es oficial, en México cada vez nacen menos bebés. En los últimos treinta años los nacimientos en el país han caído 42%. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil (15-49 años) descendió a 47.7, a finales de 2024. La tendencia sigue en ese sentido. Estamos con la segunda cifra más baja desde que se tiene registro moderno comparable (1994).
Vistos los datos, se puede decir que dicha tendencia no es coyuntural. Entre 2015 y 2024, México perdió más de 680,000 nacimientos anuales. Hace una década, cada año nacían unos 2.3 millones de bebés. Pero para 2024 la cifra cayó a 1. 6 millones anuales. Con excepción de un repunte temporal en 2021 (posiblemente vinculado a la recuperación post-pandemia), la baja se ha mantenido consistentemente.
El término que los demógrafos ocupan para esto es “transición demográfica” y nos indican que la misma empezó con fuerza en las décadas de 1970 y 1980, pero que ahora entra en su fase más acelerada y con consecuencias estructurales profundas.
Lee también: Hablemos del Apartheid climático
Cuando muchos de nosotros nacimos, México todavía era un país de alta fecundidad. En los años sesenta y setenta, la tasa global de fecundidad (TGF) superaba los 6-7 hijos por mujer. Las políticas públicas de entonces incluso promovían el crecimiento poblacional bajo el lema implícito de “procrear hijos es hacer patria”. Pero, resulta que la Ley General de Población, expedida en 1974, marcó un giro radical hacia el control natal: impulsado por preocupaciones de sobrepoblación, recursos limitados y el deseo de mejorar las condiciones de vida de las familias, se comenzó a promover el control natal.
El inicio de esa transición fue notable. La TGF cayó de alrededor de 3.44 hijos por mujer en 1990 a aproximadamente 1.6-1.9 en años recientes. Esta cifra ya está claramente por debajo del nivel de reemplazo generacional (2.1 hijos por mujer necesario para mantener estable la población en ausencia de migración neta significativa). En América Latina y el Caribe, la región en su conjunto alcanzó en 2024 una TGF de 1.8, reflejando un fenómeno continental, aunque México se ubica en el grupo de países con descenso más pronunciado.
Claro que si se ven los matices, vamos a seguir encontrando diferencias regionales a lo ancho del país. Por ejemplo, en 2024, Chiapas registró la tasa más alta (86.7 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil), seguido de Durango (58.9) y Nayarit (58.6). En el extremo opuesto se encuentran la Ciudad de México (32.8), Yucatán (38.1) e Hidalgo (38.3).
¿Qué indican estos números? Que las entidades más urbanizadas, con mayor nivel educativo y mayor participación femenina en el mercado laboral, muestran las tasas más bajas. Esto confirma que la baja fecundidad está estrechamente asociada a procesos de modernización, urbanización y cambios en los roles de género. Dicho en otras palabras, el declive no obedece a un solo factor, sino a una combinación de cambios socioeconómicos, culturales y estructurales: las mujeres con mayor nivel educativo postergan la maternidad, priorizan su desarrollo profesional y tienen acceso más amplio a métodos anticonceptivos. La edad media al primer hijo ha aumentado significativamente.
Pero también hay que considerar que, en un contexto de precariedad laboral, altos costos de vivienda, educación y salud, muchas parejas deciden tener menos hijos o ninguno. Encuestas recientes destacan que la inestabilidad laboral (21%), dificultades de vivienda (23%) y falta de servicios de cuidado infantil (14%) son barreras importantes.
Así, la prioridad por el bienestar individual, la realización personal, el ocio y la calidad de vida sobre la cantidad de descendencia ha ganado terreno, especialmente en generaciones más jóvenes (millennials y centennials). En las grandes ciudades, el espacio reducido, los ritmos acelerados y la doble jornada (laboral y doméstica) desincentivan la formación de familias numerosas.
Un problema paralelo es que, aunque la fecundidad general se muestra a la baja, persisten embarazos en adolescentes (89,527 nacimientos de madres entre 10 y 17 años en 2024), particularmente en regiones con mayor marginación, lo que agrava ciclos de pobreza.
Durante varias décadas, se hablaba de México diciendo que contaba con un bono demográfico: una proporción elevada de población en edad de trabajar (15-64 años) respecto a la dependiente (menores de 15 y mayores de 65). Esto generó, en teoría, una “ventana de oportunidad” para acumular capital humano, invertir en infraestructura y acelerar el crecimiento económico.
Sin embargo, esa ventana se está cerrando. La proporción de población infantil (0-14 años) disminuye rápidamente, mientras que la de adultos mayores crece. Proyecciones de CONAPO indican que hacia 2030 habrá más adultos mayores que niños menores de 15 años. Para 2050, la población total podría alcanzar un pico cercano a los 147 millones y luego comenzar a declinar, con un porcentaje significativo (alrededor del 20-25%) de personas de 60 años o más. La edad mediana de la población, que era de unos 22 años en 2000, ya supera los 30 y se proyecta cercana a los 43 para 2050. La esperanza de vida ha aumentado (alrededor de 75.5 años en años recientes), lo que agrava la presión sobre sistemas de salud y pensiones. Las consecuencias socio-demográficas y económicas son múltiples.
Menos jóvenes ingresando al mercado implicará, a mediano plazo, escasez de fuerza de trabajo en ciertos sectores, mayor competencia por talento y posible aumento de salarios en ocupaciones demandadas, pero también riesgos de menor dinamismo si no se compensa con productividad y migración.
La relación trabajadores/pensionados se deteriora rápidamente. Se proyecta que para 2050 haya solo alrededor unos tres trabajadores por cada pensionado en algunos esquemas. Esto pone en riesgo la sostenibilidad financiera de IMSS, ISSSTE y sistemas privados. Cuando llegue eso seguro que se exigirán reformas profundas (mayor edad de retiro, aportaciones más altas, ahorro individual reforzado o mayor financiamiento fiscal).
Familias más pequeñas pueden tener mayor capacidad de ahorro e inversión per cápita en educación y salud de los hijos, pero a nivel macro, una población estancada o decreciente afecta sectores como vivienda, educación y bienes de consumo masivo.
Y creo que ya lo estamos viendo: menos niños implican menor presión sobre escuelas primarias y secundarias en el corto plazo, pero mayor demanda de servicios gerontológicos, residencias y atención médica especializada en el mediano y largo plazo. Y las desigualdades regionales pueden acentuar desequilibrios migratorios internos y presiones diferenciadas sobre presupuestos estatales.
La baja natalidad no es inherentemente “mala” ni “buena”; es el resultado de decisiones individuales racionales en un contexto de mayor libertad reproductiva y aspiraciones de calidad de vida. Sin embargo, ignorar sus implicaciones colectivas sería irresponsable. México no puede aspirar a un crecimiento económico sostenido ni a una cohesión social robusta si no anticipa y gestiona esta transición. Una respuesta equilibrada debe evitar los extremos: el pronatalismo coercitivo (ineficaz e incompatible con derechos reproductivos) y el fatalismo pasivo.
Te puede interesar: Morir como se vive
Síguenos