Si bien es una práctica común que existan demandas y juicios para concretar el despojo de propiedades, el caso del Centro Cultural y Comunitario «Casa Leonila González Torres», en San Francisco Magú, en Villa Nicolás Romero, Estado de México, destaca por diversas causas. Una tiene que ver con que, desde hace seis meses, aproximadamente, en este sitio se promueven y discuten asuntos relacionados con los derechos indígenas; otra se relaciona con que un expolicía promueve la demanda.
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¿Qué es el Centro Cultural y Comunitario «Casa Leonila González Torres»?
También conocido como Casa Leonila, este centro se encuentra en la casa que perteneció a la señora Leonila González, por eso lleva su nombre. Antes de morir, ella decidió donarlo a la comunidad para que funcionara como una clínica —que no pudo realizarse debido a las condiciones del inmueble— o como algo que la gente de Nicolás Romero pudiera usar. En ese tránsito, la casa fungió como sede de un telebachillerato y, posteriormente, se convirtió en el Centro Cultural y Comunitario «Casa Leonila».
Luis Ángel, un joven que actualmente administra la Casa, cuenta que en la actualidad este espacio alberga diversos talleres; además, de aquí se desprenden otras actividades que se organizan para la propia comunidad y para otras que se encuentran más lejos.
Colectas de juguetes, talleres de derechos humanos, de otomí, de manualidades, jornadas de salud y acciones que buscan apuntalar la identidad del pueblo se llevan a cabo en ese sitio que, según menciona Luis Ángel, forma parte de los elementos de caracterizan a la comunidad.
Personas en funciones de cine o talleres realizados en Casa Leonila / Fotos: Especiales
¿Qué pasa con Casa Leonila, en Nicolás Romero?
El 9 de febrero se emitió una acción urgente firmada por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL). En ella informó que integrantes de la comunidad, quienes trabajan —sin recibir retribución económica— en casa Leonila fueron citados a una audiencia de formulación de imputación en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla por el supuesto delito de robo o despojo del inmueble que ocupa el centro cultural.
La citación, menciona el documento, es para las dos hijas de la señora Leonila, para Luis Ángel, que funge como administrador y para una persona más, que no existe. En ese momento les preocupaba no haber sido notificados de dicha citación que, de haber incumplido, habría propiciado que se girara una orden de aprehensión en su contra.
¿Quién denuncia a los de Casa Leonila, de Nicolás Romero?
La persona que realiza la denuncia, explicó José Antonio Lara Duque, representante legal de las personas denunciadas e integrante del CDHZL, es un expolicía municipal que había visto la casa abandonada, ya que Leonila se había ido a vivir con sus hijas.
En 2015, cuando la señora Leonila aún estaba viva, este expolicía interpuso la carpeta de investigación 483330380117715. Esa vez, el Ministerio Publico realizó las investigaciones y verificó los documentos: la demanda no procedió.
Hace dos años, en marzo de 2020, se inició una nueva denuncia penal, TLA/TLA/NIR/063/067627/20/03, como si se tratara de un nuevo asunto. En esta ocasión fue por robo y despojo contra Luis Ángel, Celia, Paula y Berenice —la última persona no existe—.
En este caso se simuló que los involucrados habían sido notificados, al respecto, mencionó el abogado Lara Duque, “alguien” entre el MP, el secretario o el notificador hicieron como si la notificación se hubiera realizado, lo que muestra una forma irregular de conducción de parte de las autoridades. Con esto pretendía que a los involucrados se les ordenara orden de aprehensión por no atender la orden de presentación.
Una segunda irregularidad: la cita a declarar de Berenice —persona que no existe— podría ser una orden de aprehensión en contra de uno de los principales liderazgos la comunidad de Magú, cuyo nombre es Berenice; una vez detenida se corregiría su apellido. Las autoridades ministeriales de México y del Estado de México recurren con frecuencia a esta práctica, dijo Lara Duque.
La situación legal y el uso excesivo de la prisión preventiva
Aunque según el abogado en este caso “no se desprende en esta carpeta el más mínimo documento, testimonio o pericial que acredite, siquiera de forma indiciaria, una supuesta responsabilidad en un delito que nunca ocurrió”.
Hay que poner atención en la prisión preventiva, que no solo no ha servido para combatir la delincuencia en este país sino que suele ser utilizada como recurso para perjudicar la libertad de personas inocentes que por particulares o autoridades deben ser hechas a un lado para cumplir objetivos ilegítimos.
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La defensa llama la atención respecto a que, aunque no existan elementos para consumar el despojo del inmueble, algunas herramientas legales e institucionales puedan usarse, como resultado de la corrupción y malas prácticas, para perjudicar la libertad de los involucrados.
La participación social y los posibles intereses de las autoridades
En Casa Leonila, en Nicolás Romero, se promueve la participación social, los derechos de los pueblos indígenas, los bienes naturales de su territorio, entre otras cosas que funcionan como herramientas para la defensa.
Cabe la posibilidad de que esta zona geográfica indígena se encuentra en la mira de grandes desarrollos inmobiliarios.
La comunidad y la Casa Leonila
El administrador de Casa Leonila, Luis Ángel, menciona que aunque algunos de los integrantes de la comunidad tienen miedo por las amenazas y actitudes intimidatorias que quienes los denuncian tienen, ellos han ofrecido apoyo ya que la desaparición de este espacio sería un retroceso porque se perdería participación. En una aproximación, a las actividades que se organizaron en 2020 asistieron cerca de 2 mil personas, dice Luis Ángel.
Entre las actividades de Casa Leonila se encuentran acciones que buscan apuntalar la identidad de la comunidad / Fotos: Especiales