Cienfuegos, el general que intentó ocultar el abuso militar en Tlatlaya

El general Salvador Cienfuegos, se ha convertido en el militar mexicano de más alto rango detenido por autoridades de Estados Unidos, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto de 2012-2018, fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mandato que se vio manchado por graves violaciones a los derechos humanos, como la masacre de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Para entender mejor: Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional, es detenido en EU

TRAYECTORIA DEL GENERAL CIENFUEGOS 

Salvador Cienfuegos nació 14 de junio de 1948 en la Ciudad de México.

Su ingreso al Ejército fue 23 de enero de 1964, ocupando cargos como el de oficial mayor de la Sedena, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, comandante de la VII Región Militar en Chiapas, comandante de la I Región Militar en la Ciudad de México, comandante de la IX Región Militar en Guerrero, comandante de la V Región Militar en Jalisco, comandante de la 15/a Zona Militar en Jalisco, comandante de la 14/a Región de Infantería de Jalisco.

Posteriormente llegó a ser subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, subdirector general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y jefe de la Sección Tercera del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Ocupó el cargo de director del Heroico Colegio Militar, posteriormente director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y jefe de la Sección Pedagógica del Heroico Colegio Militar.

En 2012 fue nombrado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cargo que dejó en 2018 en medio de graves acusaciones por violaciones a los derechos humanos. 

CASO TLATLAYA 

La madrugada del 30 de junio de 2014, en una bodega de la comunidad San Pedro Limón, ubicada en el municipio de Tlatlaya, se registró un enfrentamiento entre militares y personas armadas, el saldo fue de 22 civiles muertos.

La versión oficial explicaba que 22 presuntos delincuentes -21 hombres y una mujer, murieron tras un enfrentamiento con elementos del 102 Batallón de Infantería, a bordo de un vehículo oficial, circulaban por la carretera Dederal número 2, quienes formaban parte del Operativo “Seguridad Mexiquense” para combatir al narcotráfico.

Dicha acción fue celebrada por el entonces gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien reconoció la labor del ejército mexicano y aseguró que “en su legítima defensa abatió a los delincuentes”.

Las dudas sobre la actuación de los militares iniciaron el 8 de julio 2014, cuando la agencia de noticias internacional, Associated Press (AP) en su reportaje titulado “En México, balaceras del Ejército crean sospechas” firmado por Mark Stevenson, denunció que en el lugar no había señales de un enfrentamiento, detallado que en la fachada de la bodega sólo presentaba agujeros de entrada de 6 disparos.

Agregó que “los orificios de bala y las manchas de sangre en las paredes de un depósito de granos en las montañas del sur de méxico revelan una historia sombría que involucra a soldados y presuntos criminales… levanta las sospechas el hecho de que hay 22 muertos por un lado y un herido por el otro”.

Meses después, el 19 de septiembre 2014, la revista Esquire publicó un reportaje en el que se ofrece el testimonio de una testigo (“Julia) de lo ocurrido en Tlatlaya, en el cual refutó que la mayoría de las víctimas hayan muerto durante un enfrentamiento.

La testigo relató que aunque 21 de las 22 víctimas se habían rendido, los soldados los mataron luego de interrogarlos y se denunció la manipulación de evidencias.

Tras las denuncias y señalamientos por la violación de derechos humanos, la Procuraduría General de la República (PGR), informó que en conjunto con la Sedena realizaron una investigación por una serie de inconsistencias en cuanto a la aplicación de los protocolos de actuación: una sola camioneta en lugar de dos, un grupo reducido.

La PGR informó que una vez que cesaron los disparos tres de los militares ingresaron a la bodega “y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna”, por estos hechos  se les acusó de homicidio y se abrieron los proceso militares en contra de ocho soldados por el desacato, las fallas a la Ley Militar, a la de disciplina y desobediencia. 

A pesar de las evidencias, Salvador Cienfuegos fue señalado de ocultar un crimen de lesa humanidad, pero las presiones del gobierno de Estados Unidos lo orillaron a admitir que los militares a su cargo cometieron graves actos contra el derecho humano internacional.

“Respecto a Tlatlaya yo lo que que puedo decir: lo único que está comprobado es que hubo una agresión de estas personas que fallecieron ahí lamentablemente en contra de los soldados, que la diferencia de fuerza eran 22 personas armadas con armas que son de uso exclusivo del Ejército y de parte del personal militar era un oficial y siete de tropa. Se habla de un sometimiento, no puedo entender cómo puede haber que hubo sometimiento si eran ocho soldados no sabían cuánta gente había en el interior del cobertizo”, dijo Cienfuegos el 6 de octubre de 2015.

Ante la insistencia y presión del gobierno de Estados Unidos, Cienfuegos aceptó que sus hombres cometieron actos graves contra el derecho humanitario internacional.

Con información de Aristegui Noticias y Proceso