Las mujeres que piden la libertad para sus familiares injustamente presos han marchado, protestado, se raparon y ahora, extrajeron su sangre para pintar las palabras Justicia y Libertad. A pesar de su lucha desde diversos frentes, la respuesta del juez es una: No procede.
La Comisión de Derechos Humanos confirmó que se violó el debido proceso, la tortura quedó documentada con protocolos de Estambul y certificados médicos. La Ley de Amnistía del Edomex avaló que se les conceda la libertad al tratarse de casos de ‘falsos culpables’ comprobados; sin embargo, continúan presos.
Las sentencias se acumulan entre sí: 135, 70, 17, 55 años de prisión. Por ser moreno, pobre, por buscar un trabajo o por vestir de forma «inadecuada», señalan las manifestantes. ¿Quién puede luchar contra un monstruo mayúsculo e institucional, llamado sistema judicial? Las mujeres que conforman el colectivo Haz Valer Mi Libertad lo intentan de mil maneras.
La tarde de este jueves, sentadas en bancos de plástico frente a la Casa de Representación mexiquense en la Ciudad de México, las mujeres que se identifican por sus cabezas rapadas, se descubren el brazo derecho. Lo acomodan para que una de las enfermeras le dé el pinchazo con la aguja y comience a llenar el cilindro de la jeringa, hasta que se torna de un color rojo oscuro. El contenido se vacía sobre pequeños recipientes de plásticos, las mujeres remojan una brocha, un pincel o la punta de sus dedos. Con su sangre escriben: Amnistía. Libertad. Justicia. Sobre el cemento de la pared, en el portón y en las lonas que cargarán consigo hasta que sean escuchadas. Del interior de dicha casa del Estado de México, nadie se asoma pese al bullicio que hay afuera.
«Este es el resultado de no hacer valer la Ley de Amnistía: mujeres que se rapan, mujeres que ofrendan partes de su cuerpo, cosas muy internas. Esto es lo que pasa. Querían todo, pero se les olvidó el cabello, lo último que me quedaba de valor: mi trenza, y ahora mi sangre».
La coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Fabiola Vite, recuerda a todos porqué estas mujeres están en este lugar. «Venimos a pedir Amnistía, porque sí es posible». La ley lo dice, independientemente del delito que se trate, mientras haya un organismo, una comisión y un estudio que confirmen que fue una fabricación del delito y de una confesión bajo tortura, se debe otorgar la Amnistía, explica la abogada. «Si te ponen una toalla mojada para que no puedas respirar, si te enseñan las fotos de tus hijas y dicen que las van a violar, claro que vas a confesar lo que quieran. Es tortura física, psicológica y social».
Antonio Lara Duque, también del Zeferino Ladrillero, explica: «En esta manta está escrito el artículo que el poder judicial no sabe leer. Entonces, lo van aprender a leer con la sangre de la gente. Las compañeras van a remarcar todas y cada una de las letras con su propia sangre». Así, una a una comienzan a escribir letra por letra, frase por frase, mientras el líquido que antes circulaba en sus venas ahora corre en la pared y sobre la tela.
Se trata de mujeres que son esposas, hermanas o madres de personas con casos que ya cuentan con pronunciamientos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), y que comprobaron la tortura que existió; que son acreedores a la libertad por la Ley de Amnistía. Y a quienes, sin embargo, los jueces niegan su libertad, acusan las manifestantes.
Lo detienen el 10, y la orden judicial sale el 11
Silvia Romero Vilchis, originaria del municipio de Villa Victoria relató a este medio que su hijo Daniel González Romero fue «injustamente preso en Almoloya de Juárez desde hace seis años por un delito que no cometió, y sentenciado a pasar siete décadas en prisión». Junto a otros más de 20 personas, cuenta con el aval de su inocencia desde un pronunciamiento hecho por la Codhem, «por lo que debería de andar fuera», dice Silvia. Entre otras irregularidades, fue detenido el 10 de junio sin orden de aprehensión, misma que apareció de repente el 11 de junio. «Ya me saqué sangre y nos rapamos ante el Poder Judicial, por el amor que le tengo a mi hijo.
Soy la voz de Antonio Candelario
Alicia Reyes se ha convertido en la voz de su hijo Antonio Candelario Reyes: «Primero lo acusaron de extorsión, de secuestro y de pertenecer a un cártel. Después solo lo dejaron en extorsión y lo sentenciaron a 43 años de prisión en el penal de Barrientos». Reyes recuerda que su hijo estuvo desaparecido hasta por tres días, cuando supo que se encontraba detenido en el estado de Nayarit. Una salida a la plaza de Mundo E, ubicada en Naucalpan de Juárez, se convirtió en una condena de cuatro décadas privado de su libertad.
El juez de Nayarit se declaró incompetente ante un caso que ameritaba ser del fuero común. Ya en el penal de Tlalnepantla, se comprobó que fue torturado, de hecho se abrió una carpeta de investigación por este delito, pero no se dio seguimiento, acusó Alicia.
«La nueva Ley de Amnistía establece que aunque sea un delito grave, debe concederse la libertad si existe respaldo de una organización de derechos humanos y se comprueba que existió tortura. Nunca se mostraron pruebas científicas desde la parte acusadora. No están haciendo valer la ley», reprochó Reyes.
Además de estos casos, familiares de Daniel Plácido Arroyo y Silvia Salazar Monroy, entre otros, coinciden en que el Poder Judicial del Estado de México se niega a aplicar la Ley de Amnistía a pesar de que se cumplen plenamente con los requisitos. En uno de estos documentos revisado por este medio se lee: «Esta Defensoría documentó las inconsistencias que se presentaron durante el procedimiento acreditando cabalmente la vulneración de los derechos humanos», entre ellos, la violación al derecho de no ser discriminado y a la procuración de justicia. Además, en dicho documento, la Codhem en enlista una serie de razonamientos para concluir que necesario valorar la procedencia de amnistía en favor de la persona sentenciada.
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