Toluca, México; 1 de agosto de 2018. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, firmó hoy el decreto de Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de México y Municipios, con la que el gobierno mexiquense permitirá la coordinación entre la iniciativa privada y la pública para desarrollar obras de infraestructura y desarrollo social en la entidad.
Esta nueva legislación deroga el Código Administrativo del Estado de México por el que se regulaban los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), mediante los que la iniciativa privada construía obras de desarrollo social y el estado pagaba una contraprestación por los servicios de las empresas.
El gobierno informó en el boletín 01100/2018 que la finalidad de la nueva legislación “es llevar a cabo inversiones en conjunto con la iniciativa privada para realizar proyectos como autopistas, vialidades, sistemas de movilidad, de desarrollo de conectividad digital, así como educación, seguridad y salud, con el objetivo de brindar servicios de excelencia y calidad a los mexiquenses, además de convertir a la entidad en el centro logístico del país”.
Los proyectos entre el gobierno y las empresas para el desarrollo de obra pública se concretarán a través de las Asociaciones público Privadas (APP), mediante las que la administración mexiquense pretende incrementar la inversión privada en el territorio estatal.
Según el gobierno, este mecanismo permitirá transparentar y agilizar la asignación de proyectos de desarrollo social y obra pública , debido a que los procesos de adjudicación de las licitaciones estarán alineadas con la ley de Disciplina Financiera.
La nueva legislación, que fue aprobada por el Congreso mexiquense el pasado mes de abril, también permitirá que los municipios establezcan contratos con la iniciativa privada para realizar programas de repavimentación o conservación de vialidades y espacios públicos, rehabilitación y construcción de redes de agua potable y colaboración con las empresas para la prestación de otros servicios públicos.
De acuerdo con el reportero Israel Dávila de Plana Mayor, el gobierno mexiquense pagará a los particulares por la prestación de los servicios proporcionados al estado a través de una contraprestación por los años de concesión.
Así, la nueva legislación tendrá en las APP el formato legal para la prestación de los servicios de obra pública a los particulares. El antecedente de este esquema son los Proyectos para la Prestación de Servicios, que son “contratos de largo plazo que establece el sector público con una o un inversionista del sector privado, mediante éste se compromete a financiar, desarrollar obras y prestar servicios, ampliando la capacidad presupuestal del Gobierno para crear infraestructura”.
En la actual administración son cinco los PPS que el gobierno mexiquense adjudicó a la iniciativa privada: la prolongación de la Avenida Las Torres, un puente vehicular en Prolongación Madero y James Watt en Cuautitlán, el Centro Cultural de Oriente, el libramiento de Atizapán de Zaragoza-Nicolás Romero, y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.
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