Los conflictos laborales que se ventilan en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (TECA) se han caracterizado por ser juicios tortuosos, con dilaciones innecesarias, en perjuicio de los trabajadores. Una constante es el no acatamiento de los tiempos establecidos para desarrollar el procedimiento en los términos que la ley obliga: determinan fechas muy lejanas para las audiencias, que debieran ser casi inmediatas entre una actuación y otra; se reservan emitir acuerdos, sin razón alguna; tardan tanto para cansar al trabajador y generarle hastío, desesperación, hambre, vivir la injusticia… para, finalmente, someterlo a la instancia gubernativa que lo despidió.
Al concluir el procedimiento (ingreso y contestación de demanda, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, alegatos y cierre), continúa el dictado de la sentencia o laudo. Pueden pasar los meses y los años, como dice la canción, sin que éste salga; es preferible una gran cantidad de expedientes para acudir al amparo de la justicia federal para que requiera al tribunal la emisión del documento.
Pero ¡sorpresa!, cuando llega a emitirse, generalmente sale un laudo en contra del trabajador, lo que desanima y enoja a muchos que no conocen la tendencia de la actuación de la supuesta instancia impartidora de justicia laboral en la entidad. Desde el referente del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), hemos observado que mientras más rápido salga el asunto del tribunal es mejor. Por eso acudimos a los amparos directos que resuelven los magistrados federales en los tribunales colegiados en la materia, pues son notorias las violaciones e ilegalidades que comete el TECA en sus dictados. Por ejemplo, en uno de tantos asuntos instaurados, un funcionario de ese lugar sostenía que ellos sabrían si ganaban o perdían el laudo hasta que llegara la determinación de los magistrados federales.
Lo anterior resulta incomprensible –por decir poco–; ellos, la supuesta autoridad, son parte del juicio, no pueden estar a favor de ninguna de las partes. Sin embargo, se inclinan a favor de la contraparte del trabajador. Los casos que sostienen esto son muchos, y los tenemos física y digitalmente. Esta postura ha etiquetado una injusticia laboral predominante en los gobiernos anteriores, y las secuelas (presentes en muchas actuaciones de los funcionarios del TECA en perjuicio del trabajador, quien sufre de la injusticia de un gobierno) siguen presentes.
El panorama puede cambiar. Un juicio laboral puede ya no alargarse ocho, diez o más años, como ocurre actualmente; la solución es acatar los términos que les establece su ley, al determinarles 48 días entre el ingreso de la demanda y la audiencia de conciliación (lo que no ocurre, por supuesto). La emisión del laudo, observando el principio de celeridad procesal, sin determinar el tiempo, ni su discusión y aprobación, debe ser en un término no mayor de 15 días, como lo señala la ley que rige su actuar (tiempo que tampoco se respeta).
En el supuesto de que se dé el acatamiento de los tiempos establecidos, a ello se agregaría la postura de conciliación que propone el recién nombrado presidente del TECA, quien se encuentra generando reuniones entre las partes para llegar a acuerdos y convenios que pongan fin a los conflictos laborales. Ha hecho público que, invariablemente, todos los jueves de cada semana se realizarán reuniones de conciliación; de lograr acuerdos, permitirá a las instancias gubernativas un ahorro en pagos de juicios –costosos, por los tiempos que duran–, en virtud de evitar el encarecimiento del expediente de las demandas laborales instauradas en su contra.
El proyecto es atractivo; sin embargo, tiempo al tiempo.
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