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Coperacha en educación

En la insania social que padecemos, uno de sus síntomas más grotescos es la corrupción, que probablemente sea la variable que desencadena la mayor parte de  nuestros males.

En particular es más funesta en la administración pública,  que se supone  es el instrumento del estado para superar los problemas sociales.

Pero ya se he hecho proverbial que en algunas de sus áreas como la vigilancia del tránsito vehicular y la seguridad pública la corrupción sea más que frecuente, en la forma de lo que popularmente  se conoce como coperachas.

Sin embargo hay áreas que por sus funciones debieran ser menos proclives a la corrupción como es el caso de la atención a la salud y de manera señalada la educación.  

Por ello es lamentable  enterarse que en una de las subdirecciones de la secretaría de educación del gobierno estatal se piden cooperaciones a las escuelas para remodelar las oficinas del subdirector.

El asunto es que al parecer el subdirector de escuelas preparatorias pretende remodelar sus oficinas con todos los adelantos del confort y la funcionalidad.

Sin embargo, parece también que no hay recursos presupuestado para tal fin en el programa de gasto respectivo.

Por lo que  el funcionario, según se sabe, recurre  a las escuelas bajo su coordinación para pedirles que, de los fondos que obtienen para cubrir necesidades de los planteles,  asignen una parte para la remodelación de sus oficinas.

El problema es que  dichos fondos sólo se pueden aplicar a lo que está estipulado como necesidades de los planteles escolares.

Por lo que asignarlos a propósitos como el que se pretende, además de una presunta ilegalidad,  equivaldría a pedirles a los alumnos y padres de familia que se cooperen para las oficinas del subdirector.

Por lo que cabría preguntar si el secretario de educación del gobierno del estado  autoriza  tales procedimientos de financiamiento de sus subordinados.

O si el gobernador del estado se encuentra al tanto de tales procederes.

O si se ha considerado  que se pueda generar una fuerte inconformidad de los padres de familia y el subsecuente desprestigio para la administración estatal.

O si acaso la autoridad federal en educación considera que a su reforma educativa son idóneos   mecanismos de financiamiento como el señalado.