La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a productores y ejidatarios de San Salvador Atenco para que autoridades federales revisen si deben recibir una retribución económica por las restricciones impuestas a sus parcelas dentro del Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco.
La resolución no elimina el decreto ambiental ni devuelve posibilidades de urbanización, pero reconoce que la conservación puede generar afectaciones económicas sobre quienes poseen tierras dentro del polígono protegido.
Un conflicto territorial convertido en jurídico
El origen del conflicto se remonta a 2022, cuando el gobierno federal decretó la protección del Lago de Texcoco sobre más de 14 mil hectáreas en municipios como Atenco, Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec.
La medida estableció restricciones a la urbanización, cambios de uso de suelo y actividades productivas. Aunque los propietarios conservaron sus tierras, el margen para decidir sobre su uso quedó sujeto a normas ambientales.
El punto central del litigio fue que el decreto no implicó expropiación, pero sí limitaciones económicas. Los productores argumentaron que, aunque mantienen la propiedad, las restricciones reducen su capacidad de aprovechamiento.
La Corte no ordenó pagos inmediatos ni fijó montos. En cambio, estableció que Semarnat y Conanp deben analizar si existe afectación económica y, en su caso, determinar si procede una compensación.
Un criterio que abre puerta
El fallo distingue entre indemnizar por expropiación y reconocer retribuciones cuando una regulación ambiental limita el uso de la tierra sin retirar la propiedad.
El amparo beneficia a propietarios de 111 parcelas y no convierte a todos los dueños del polígono en beneficiarios automáticos. Sin embargo, fija un criterio relevante: la protección ambiental no elimina la obligación del Estado de revisar posibles afectaciones económicas.
La decisión mantiene intacta la protección del Lago de Texcoco. La Corte no abre la puerta a la urbanización ni modifica el carácter de área natural protegida.
Lo que cambia es la posición de los productores frente al Estado, al reconocer que las restricciones pueden tener un impacto económico que debe ser evaluado.
Una tensión estructural
El caso refleja una tensión recurrente en las políticas de conservación: proteger un territorio implica imponer límites que afectan actividades, ingresos y formas de aprovechamiento construidas durante años.
En Texcoco, esta tensión se intensifica por su historia reciente, marcada por el conflicto del aeropuerto, la defensa del territorio en Atenco y la posterior decisión de convertir la zona en un espacio de restauración ambiental.
El siguiente paso quedará en manos de un tribunal colegiado y de autoridades ambientales, que deberán definir si procede la compensación, bajo qué criterios y para qué propietarios.
Por ahora, el fallo establece un equilibrio: el Lago de Texcoco conserva su protección, pero los productores obtienen reconocimiento jurídico para exigir que el Estado revise el costo económico de esa conservación.
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