Toluca, Méx.- Con 71 votos, Alejandro Jaime Gómez Sánchez pudo mudar de piel. Dos años y meses como Procurador, se tornan en 7 años como Fiscal General de Justicia del Estado de México.
A lo largo de once años, se registraron 6 cambios en la Procuraduría General de Justicia mexiquense, hoy Fiscalía General del Estado de México. Se cambió el nombre pero…
Programada la sesión a las 15:30 horas, inició con retraso. La presidenta de la Mesa Directiva, Martha Angélica Bernardino Rojas, inició con el protocolo. Un listado con varios puntos, pero el primero, el que llamaba la atención.
El legislador priísta Raymundo Martínez Carbajal, fue el encargado de dar lectura criterios que adoptaron los integrantes de las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Administración y Procuración de Justicia para desahogar este tema.
En su alocución, expuso que se generaron tres Proyectos de Decreto para ser votados por el Pleno cameral.
Por el formato, se preveía una designación sin complicaciones a favor de Gómez Sánchez, primero en el orden de los proyectos y, por ende, enfilado a pasar la votación.
Sin embargo, tras la lectura realizada por Martínez Carbajal, repreguntó si algún diputado quería hacer uso de la palabra y quien pidió hablar fue el diputado perredista Javier Salinas Narváez.
En tribuna, el legislador que por conflictos internos con su coordinador, Juan Manuel Zepeda Hernández, ha sido relegado de los trabajos de la bancada del partido del sol azteca, sostuvo que se quiere ratificar por la vía cómoda al procurador, lo que calificó de error político, de visión.
“Reelegir al Procurador como Fiscal es para la actual administración un seguro de impunidad y de ineficiencia y garantía de que las cosas seguirán igual”.
Pero no fue todo. A sus homólogos espetó que pareciera que no se mira el grave problema de inseguridad en nuestro estado, que no puede resolverse nada colocando a quien ha demostrado sobradamente signos de incapacidad.
“No sirve de nada poner vino avinagrado en copas nuevas”, dijo, tras lo cual puntualizó que pareciera que hay quienes siguen pensando que el Estado de México es su feudo.
“Esto es un seguro de impunidad, pero es también premiar la ineficiencia”, puntualizó.
La respuesta no se hizo esperar. Raymundo Martínez Carbajal tomó la tribuna para enderezar, sin aludir directamente a Salinas Narváez, una serie de descalificaciones contra quien se informa a través de los medios pero nunca asiste al trabajo de comisiones, y que lo expuesto – evidentemente por Salinas Narváez – iba en detrimento del trabajo que realizaron los integrantes de las comisiones legislativas.
Para alusiones, Javier Salinas solicitó el uso de la palabra, lo que le fue negado por su compañera de partido Bernardino Rojas, quien le dijo que no hubo alusiones personales e, incluso, le pidió que no le hablara tan fuerte. Salinas recompuso el camino y pidió que lo anotaran en el turno de oradores.
La palabra le fue concedida al diputado panista Víctor Gálvez Astorga, quien en sintonía con el discurso del PAN en estos casos, aseguró que no podrían votar en contra de la designación del nuevo fiscal, que le otorgarían el voto de confianza, pero exigirán que inicie un proceso real de autonomía plena y combata altos índices de corrupción, al tiempo de pedirle que nombre cuanto antes al Fiscal Anticorrupción.
De nueva cuenta subió a la tribuna Javier Salinas Narváez, quien se dirigió a Raymundo Martínez Carbajal para decirle que es el más interesado en trabajar el comisiones y que ojala algún día le restituyan sus derechos como legislador, además de exponer que sí recibió las invitaciones a las sesiones, pero como asociado.
Y ya sobre el tema dijo: “Lo que pretenden ustedes premiar son los resultados de hechos como el caso Tlatlaya… ¿qué pasó con las fosas clandestinas en Huehuetoca? ¿las del sur, de Luvianos, de Tejupilco? ¿qué pasa con los homicidios en el Estado de México. ¿Eso es lo que quieren premiar?
El tema se agotó, el diputado bajó de la tribuna e inició la votación en lo general respecto al primer candidato Alejandro Jaime Gómez Sánchez. No hubo más; no se requirió votar a los dos que sirvieron de comparsa. Fueron 71 votos a favor de Gómez Sánchez por uno en contra de Javier Salinas Narváez.
Preámbulo de la designación
Previo a la sesión, al mediodía, los candidatos comparecieron ante los diputados. El ya nuevo Fiscal resultó el más cuestionado. Una pregunta sin respuesta, fue la que le hizo el diputado por Morena Abel Valle sobre los casos Tlatlaya y Atenco.
Cuando se le cuestionó sobre su relación con el gobernador, reconoció que es su amigo, que le tiene admiración, lo respeta y les dijo que “el fiscal debe obedecer a la autonomía, que no significa dar la espalda, sino coordinación con los tres poderes del Estado”.
Sobre los feminicidios y agresiones contra mujeres en la entidad, Gómez Sánchez expuso que durante su gestión como procurador se abrieron 157 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, que 78 casos han sido judicializados y se han emitido 35 sentencias condenatorias.
También se le cuestionó sobre la corrupción en la dependencia, sobre lo cual aceptó que “hay altos niveles de corrupción en la institución”, que más de 600 servidores públicos han sido sancionados en su gestión, de los que más de 200 fueron dados de baja, destituidos o separados del cargo”.
Otro tema que abordó fue la inequidad salarial, ya que aseguró que los salarios en la entidad son más bajos en comparación con otros estados. Ejemplificó que en la Procuraduría General de la República (PGR) un Ministerio Público del más bajo nivel percibe 30 mil pesos, hasta 40 mil en Nuevo León, mientras que en el Estado de México solamente 16 mil.
Agregó que los peritos mexiquenses ganan 8 mil pesos mensuales y 30 mil los de la PGR; que los policías de investigación no tienen seguro de gastos médicos mayores mientras que en la PGR y en la Procuraduría de la Ciudad de México incluso tienen seguro de separación del servicio, por lo que debe ser uno de los primeros problemas a atender.