La Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) detectó que existe una elevada rotación de personal en las entidades federativas y en los municipios y predominan factores políticos y relaciones personales en la asignación de puestos y responsabilidades, lo cual afecta la gestión gubernamental y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
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El informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 señala en las conclusiones cómo se ejerció el gasto federalizado que falta trabajar en la profesionalización de las y los servidores públicos y reprocha que en algunos casos se han asignado cargos por criterios de “afinidad”.
La profesionalización de la administración pública en los gobiernos locales, advierte el informe de la ASF, presenta áreas de mejora, pues existe una elevada sustitución de personal. Esto ocurre, principalmente, en los cambios de administración, y con ello, se pierden capacidades institucionales, por lo cual debe haber un reinicio del aprendizaje institucional.
“En ese sentido, recurrentemente es necesaria la formación de nuevos cuadros administrativos y operativos, lo cual requiere de un tiempo extenso para que adquieran los conocimientos necesarios, lo que afecta la calidad de la gestión en esos órdenes de gobierno, sobre todo en las entidades y municipios que presentan en un mayor grado esa situación.
“Igualmente, tienen una elevada presencia en las administraciones de los gobiernos locales los criterios de afinidad política o personal para la designación de los servidores públicos en áreas y procesos sustantivos de esa gestión. Lo anterior, por encima de los factores de experiencia y capacidad profesional”, precisa el informe.
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Esos factores, alertan e influyen de manera importante en la calidad de la gestión gubernamental y en situaciones de ineficiencia en el manejo de los recursos públicos.
La ASF precisa además que la Ley Orgánica Municipal de diversas entidades federativas establece los perfiles profesionales que deben cumplir los titulares de áreas claves en la administración de los municipios.
El estado de México es una de ellas, pero en sus auditorías el Órgano Superior de Fiscalización ya ha mostrado que no todos acatan esa disposición.
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