Deuda eterna

Toluca, México; 4 de mayo de 2018. Cada mexiquense, de los 17 millones 363 mil 387 habitantes contabilizados por el Consejo Nacional de Población en 2017, debe a bancos y financieras privadas  2 mil 608 pesos por concepto de la duda pública consolidada del gobierno del Estado de México, que para 1993 era de 2 […]

Toluca, México; 4 de mayo de 2018. Cada mexiquense, de los 17 millones 363 mil 387 habitantes contabilizados por el Consejo Nacional de Población en 2017, debe a bancos y financieras privadas  2 mil 608 pesos por concepto de la duda pública consolidada del gobierno del Estado de México, que para 1993 era de 2 mil 728 millones de pesos y que desde entonces a la fecha creció más de mil 300 por ciento para ubicarse en 45 mil 300 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda federal, aunque el propio gobierno estatal reporta una deuda por 38 mil 71 millones de pesos hasta el primer trimestre de este año.

Para aumentar esa cifra, ya en este primer trimestre de este año, el gobierno de Alfredo del Mazo ha contratado 102 millones 930 mil pesos con las bancas de desarrollo, de un tope que, de acuerdo con el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del 2018, es de 10 mil 807 millones 48 mil 338 pesos.

El Estado de México paga, cada 3 meses, un promedio de 270 millones de pesos por concepto de esa Deuda Pública Consolidada, pero además eroga 884 millones de pesos por el pago de intereses a las instituciones financieras acreedoras. El año pasado la entidad pagó 988 millones de pesos solamente de intereses.

La deuda mexiquense es la quinta más grande del país, sólo después de la Ciudad de México (77 mil 900 millones de pesos); Nuevo León (71 mil 200 millones); Chihuahua (49 mil millones); y Veracruz (49 mil millones de pesos), según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Federación. (2)

 

 

 

 

Este año las tres instituciones a las que el gobierno del estado ha solicitado préstamos son el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Bancomer y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. En el primer trimestre, la administración de Del Mazo ha pagado, sólo por concepto de capital e intereses, mil 114 millones 970 mil 200 pesos.

 

Pero el Estado de México debe dinero a nueve instituciones bancarias, la mayoría de capital extranjero. El banco a quien más le debe el gobierno mexiquense es Banorte, cuyo presidente es el empresario Carlos Hank González y donde tiene intereses el dueño de Grupo Maseca, Roberto González Barrera. El Estado de México le debe a este banco 12 mil 761 millones 832 mil 581 pesos, una tercera parte de la deuda total de la entidad.

Los otros son BBVA-Bancomer, al que se le deben 8 mil 470 millones de pesos; Banamex, 7 mil 130 millones de pesos; HSBC, mil 106 millones de pesos; Santander, mil 658 millones de pesos; Inbursa, 368 millones de pesos; Interacciones, 796 millones de pesos; Banco del Bajío, 375 millones de pesos y Banobras, con 5 mil 336 millones de pesos.

 

En noviembre del 2017, el diputado del PRD, Javier Salinas, indicó en una reunión ante medios de comunicación con el secretario de Finanzas del Estado de México, Rodrigo Jarque Lira, que la deuda del Estado de México se aproximaba a 50 mil millones de pesos, luego de que Del Mazo solicitara una ampliación del endeudamiento público para atender la reconstrucción de los sismos, para el funcionamiento del sector central y para la operación de los organismos auxiliares del Estado de México.

Según él, la Ley de Ingresos del Estado de México 2018 permitió un endeudamiento de 3 mil 400 millones de pesos para el sector central, 3 mil millones de pesos para los organismos auxiliares, y 2 mil 800 millones de pesos para atender los daños ocasionados por los sismos de septiembre.

La Ley de Ingresos del estado indica que “agregar al primer monto (3 mil 400 millones) una cantidad a través de cuya suma el saldo de la deuda pública del gobierno del estado al cierre del 2018 no exceda el 60 por ciento de la suma de las participaciones, ingresos propios y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)”. Por lo anterior, el margen de endeudamiento público del Estado de México es bastante amplio.

En aquel entonces, el secretario de Finanzas del Estado de México, Rodrigo Jarque Lira, indicó que para el presente año se contraerían empréstitos para atender los rubros de educación y seguridad.

Indicó que los recursos destinados a la alerta de género en la entidad crecerían este año de 10 a 30 millones de pesos, y el gasto de la gubernatura ascendería a 16 mil millones de pesos.

De acuerdo con la información de Transparencia del Estado de México, el monto de la deuda pública aprobado en el Presupuesto de Egresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del 2018, ascendía a 10 mil 807 millones 48 mil 338 pesos.

 

Al desglosar el rubro del nuevo endeudamiento en el Presupuesto de Egresos del Estado de México del 2018, el gobierno mexiquense destinó 4 mil 567 millones 300 mil pesos al aspecto del costo financiero de la deuda, que corresponde al pago por concepto de intereses, cuotas y comisiones a las instituciones financieras por los préstamos realizados al gobierno estatal.

Para las amortizaciones netas, la administración estatal pagará 3 mil 683 millones 800 mil pesos. Este aspecto se refiere a las reducciones en el valor de los activos o pasivos, respecto a los cambios en el precio del mercado de los bienes tangibles e intangibles, una especie de garantía para las instituciones financieras en caso de una depreciación del peso.

Y para el pago de Adefas, el gobierno del Estado de México destinará 2 mil 555 millones 800 mil pesos. Las Adefas son los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, que “[…] tienen por objeto hacer frente a los compromisos pendientes de pago de la administración pública”. Esto corresponde a los adeudos de las administraciones estatales pasadas. 

 

Las transacciones netas del gobierno estatal para el costo del financiamiento de la deuda pública mexiquense suman 8 mil 251 millones 176 mil 619 pesos y 2 mil 555 millones 871 mil 719 millones para el pago de la deuda de administraciones anteriores.

 

Por otro lado, tres corporaciones financieras de calificación de riesgos financieros, las estadounidenses Fitch Ratings y Standard & Poor’s han calificado a la deuda pública mexiquense de estable.

Standard & Poor’s indicó que la deuda del gobierno mexiquense refleja un presupuesto balanceado estable, reflejando una administración estatal satisfactoria que han permitido mantener en bajos niveles bajo de deuda. Por otro lado, Fitch Ratings indicó que “debido a la combinación de ahorro interno y una evolución satisfactoria de la recaudación local” han permitido mantener a la deuda estatal en una zona relativamente accesible para liquidarla.

Sin embargo, la también estadounidense Moody’s ha calificado a la deuda mexiquense con perspectiva negativa, a pesar de que la misma empresa externó que la dinámica económica mexiquense tiene un balance positivo de ingresos propios, una sólida posición de liquidez y niveles de deuda moderados.

 

La otra deuda: los PPS

Se deben tomar en cuenta los Proyectos para la Prestación de Servicios que el Estado de México ha firmado con empresas privadas para la construcción de obra pública.

Los Proyectos PPS son “[…] contratos de largo plazo que establece el sector público con una o un inversionista del sector privado, mediante el cual éste se compromete a financiar, desarrollar obras y prestar servicios, ampliando la capacidad presupuestal del Gobierno para crear infraestructura”.

De tal forma, la deuda contraída por las administraciones se eleva respecto a lo que ellas publican en su Presupuesto de Ingresos y Egresos para los años fiscales determinados, puesto que el estado se compromete a sufragar el capital que las empresas prestan al gobierno para la realización de determinadas obras públicas.

De acuerdo con información del gobierno del Estado de México, en la actual administración son seis los Proyectos PPS que el gobierno mexiquense realizó con empresas de la iniciativa privada, las cuales fueron: 

  • Prolongación y modernización de la Avenida Solidaridad las Torres en sus extremos oriente y poniente. Involucradas la Secretaría de Finanzas del Estado de México (SFGEM), Dirección General de Vialidad (DGV) y Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México (SCGEM). La empresa ganadora de la licitación fue Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. de C.V. y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V. (PRODEMEX).

 

 

  • Puente vehicular en las avenidas Prolongación Madero y James Watt en Cuautitlán. Involucradas la SFGEM, DGV y SCGEM. La empresa ganadora de la licitación fue PRODEMEX-TRADECO, conformada por Promotora y Desarrolladora Mexicana, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, Tradeco Infraestructura, Innovaciones Técnicas en Cimentación y Ocho R. Inmobiliaria.

  • Centro Cultural Mexiquense de Oriente. Colaboró la SFGEM. La empresa a la que se adjudicó la obra fue ABENGOA.

  • Libramiento de la cabecera municipal de Atizapán de Zaragoza con dirección a Nicolás Romero. Concurso realizado por la SFGEM, SCGEM y DGV. El gobierno no informó la empresa a la que se licitó la obra.

  • Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. La licitación fue convocada por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México (SSGEM) y la Secretaría de Finanzas (SFGEM). La empresa Consorcio Teya-IGSA ganó el concurso y fue la que realizó la empresa.

La economía del Estado de México es la segunda más grande del país, sólo después de la de la Ciudad de México, pues aporta el 8.9 por ciento del Producto Interno Bruto de la nación.

De acuerdo con información del Banco Mundial, el PIB de México es de un billón 46 mil millones de dólares, lo que sitúa al país como la onceava economía del mundo, por encima de países desarrollados como Finlandia, cuya potencia económica es de 236 mil 785 millones de dólares; Noruega, con 370 mil millones de dólares; o Nueva Zelanda, cuya economía es de 185 mil 17 millones de dólares.

 

No obstante, en México la desigualdad en la distribución de la riqueza ha tenido como consecuencia un nivel pobre de PIB per cápita, el cual es de 8 mil 201 dólares al año, y teniendo como punto de comparación las tres naciones antes referidas, el país queda rezagado en materia de desarrollo económico, pues Finlandia tiene un PIB per cápita de 43 mil 90 dólares; Noruega de 70 mil 812 dólares; y Nueva Zelanda de 39 mil 426 dólares al año.

Con un PIB total de 104 mil millones de dólares y un PIB per cápita de 6 mil 461 dólares al año, el Estado de México tiene un ingreso bruto anual superior al de países sub desarrollados, como el de Honduras (21 mil millones de dólares), El Salvador (26 mil millones de dólares) o Ecuador (97 mil millones de dólares), sin embargo tiene un ingreso per cápita similar al de Colombia (5 mil 805 dólares), Perú (6 mil 45 dólares) o Guatemala (4 mil 146 dólares).

 

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el Estado de México existen 8 millones 230 mil habitantes que viven en situación de pobreza, cantidad mayor que la población de países como Honduras (9 millones 113 mil habitantes), Nicaragua (6 millones 15 mil) o Bolivia (10 millones 890 mil habitantes).

Los datos de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 del CONEVAL indican que Toluca, la capital del estado, posee 413 mil 281 personas en condición de pobreza de un total de 873 mil 536 habitantes, esta última cifra según datos del INEGI.

Esto representa que en Toluca hay la misma cantidad de pobres que la población total de países como Luxemburgo (582 mil 972 habitantes), Islandia (334 mil 252 habitantes), o Malta (436 mil 947 habitantes).

 

Así, a pesar de que el gobierno del Estado de México ha ensanchado el monto de la deuda pública estatal, el dinero obtenido por los prestamos de las instituciones bancarias no ha sido suficiente para combatir el rezago social con el que la mitad de los mexiquenses y los toluqueños a diario lidian.

Una gran parte de los créditos bancarios, casi el 20 por ciento, se destinan a pagar las deudas de administraciones anteriores, y también gran parte son canalizados al saldo de los intereses contraídos con la banca internacional.

 

FUENTES: