Abandono por parte de su familia, condenas elevadas y abogados poco capacitados para su defensa es a lo que se enfrentan mujeres privadas de la libertad en el Estado de México.
De acuerdo con el “Diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la defensoría penal en México”, las internas cambian de abogado defensor hasta tres veces, mientras que los hombres lo hacen solo una vez, ellas contratan servicios de defensorías particulares destinando hasta un 50 por ciento más de recursos en comparación con los presos hombres.
En una encuesta realizada a tres mil 73 personas privadas de la libertad, en estados como Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas, se menciona que 60 por ciento de las mujeres señaló que no contaron con un defensor que previniera o evitará actos de tortura desde la detención y durante su paso por las fiscalías.
Actualmente, en el Estado de México, hay una población de mil 700 mujeres privadas de la libertad, quienes se encuentran recluidas en penales cómo Santiaguito, Ixtlahuaca, Tenancingo y Ecatepec; en el caso del penal ubicado en Almoloya de Juárez se les ofrece a las internas talleres de costura, corte de foamy, cocina y serigrafía con la finalidad de que generen sus propios ingresos.
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