La falta de permisos para instalar el recinto ferial mantiene en incertidumbre la realización de la Feria de la 30-30 en San Cristóbal, que, de no autorizarse, sumaría dos años consecutivos sin llevarse a cabo en su formato tradicional.
Habitantes de Ecatepec acusan al gobierno municipal de impedir la realización de la feria, una de las celebraciones patronales más representativas de la zona, al no otorgar autorización para su instalación. Señalan que esto afecta tanto una tradición comunitaria como la dinámica económica local que depende del evento.
La falta de autorización no solo impacta la celebración, también interrumpe la actividad de comerciantes, proveedores, trabajadores eventuales y servicios asociados al recinto ferial.
Aunque en el discurso vecinal se plantea como una prohibición, lo que se perfila es la ausencia de permisos para un evento específico, más que una restricción general a las fiestas patronales en el municipio.
El antecedente inmediato se remonta a 2025, cuando la feria no se realizó en su formato habitual. La organización encargada se retiró del proyecto tras no contar con condiciones necesarias para su operación, particularmente en torno a permisos vinculados a la venta de alcohol, un elemento clave para financiar la logística, infraestructura, espectáculos y servicios de seguridad.
En ese año, las autoridades optaron por limitar la celebración a actividades religiosas en torno a la parroquia de San Cristóbal, sin la instalación del recinto ferial, juegos mecánicos o conciertos masivos, lo que modificó de fondo la dinámica del evento.
Este ajuste formó parte de una estrategia más amplia del gobierno local orientada a reforzar condiciones de seguridad, orden y regulación en eventos públicos, marcando un cambio en la forma en que se desarrollan las fiestas patronales en el municipio.
El contexto de seguridad en torno a este tipo de eventos no es menor. En la zona de la 30-30, donde tradicionalmente se instala la feria, se han registrado antecedentes relevantes. En 2014, un evento masivo terminó en una estampida que dejó al menos tres personas muertas y decenas de lesionados, lo que derivó en la suspensión de espectáculos de gran escala en ese punto.
A ello se suman incidentes más recientes. Durante la Feria de San Cristóbal de 2023, autoridades reportaron la detención de al menos 12 personas por robos dentro del recinto ferial, lo que refuerza los señalamientos sobre riesgos asociados a concentraciones masivas.
En ese contexto, las medidas actuales sobre permisos, venta de alcohol y condiciones de operación se insertan en un escenario donde la seguridad ha sido un factor determinante en la toma de decisiones, en un municipio que enfrenta presión constante en materia de incidencia delictiva.
La posible cancelación por segundo año consecutivo vuelve a colocar en el centro la relación entre tradición comunitaria y regulación gubernamental, en un municipio donde estas celebraciones forman parte de la identidad social y de una economía local que se activa con estos eventos.
Hasta ahora, el gobierno municipal no ha detallado públicamente los criterios bajo los cuales se ha negado la autorización, ni si existen condiciones específicas para que la feria pueda realizarse, lo que mantiene en incertidumbre a organizadores y habitantes.
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