El pasado 24 de diciembre se viralizó un video en el que se observa a un par de hombres que ingresan a una unidad del transporte público en Xalostoc, Ecatepec. Los pasajeros fueron despojados de sus pertenencias, mientras un niño de cinco años de edad era testigo del acontecimiento. La grabación se viralizó a través de redes sociales, sin embargo, el hecho solo fue uno de los miles registrados en la entidad mexiquense durante el año de la pandemia.
De enero a noviembre de 2020, el Estado de México registró casi 70 mil robos con violencia, por lo que se trata de la entidad con el mayor número de reportes a nivel nacional. En segundo lugar, se encuentra la Ciudad de México con 23 mil registros por el mismo delito.
De acuerdo con un análisis de la organización Causa en Común, que retoma datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los 69 mil 183 reportes por robo con violencia no son la totalidad de los eventos, pues existe una cifra negra de denuncias que puede representar el 91.2 por ciento de los casos.
Las medidas de aislamiento y la movilidad limitada en general no frenaron el robo con violencia; sin embargo, hubo una disminución de 11 mil casos en comparación con el mismo lapso del año pasado.
A pesar del número elevado de registros, esta cifra no contempla delitos como el robo de vehículo con violencia, que registró 19 mil 781 registros en el Estado de México.
En su análisis, Causa en Común señala que a pesar de la grave situación de inseguridad a nivel nacional, hay un serio problema de subregistro, principalmente por la desconfianza y las dificultades para denunciar, y debido a probables manipulaciones y ocultamientos por parte de autoridades.
El subregistro es particularmente grave en los delitos de feminicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia. Algunos estados no registran estos delitos, y el SESNSP no hace aclaración alguna al respecto. El riesgo que se corre es que se difunda la idea de que estas entidades estén atendiendo eficazmente la violencia cuando, en realidad, no la reportan, señala la organización.
Estas “anomalías” indican que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que las instituciones no promueven la denuncia, advierte.