Ciudad de México.- Los costos que pagó Ildefonso Zamora Baldomero por defender los bosques de San Juan Atzingo, ubicados en la frontera de los estados de México y Morelos, han sido muy altos: un hijo asesinado y otro herido, más nueve meses de encarcelamiento injusto.
El luchador social tlahuica, que recobró la libertad el pasado 12 de agosto tras permanecer 9 meses encarcelado a causa de su lucha, acusó esta mañana que su reclusión fue injusta por un delito fabricado e inventado por las autoridades.
“Fui encarcelado injustamente por un delito inventado y fabricado por parte del Ministerio Público”, dijo durante la conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y denunció que la carpeta de investigación estuvo plagada “de inconsistencias y mentiras”.
Denunció que durante su detención, el pasado 20 de noviembre, fue golpeado por policías ministeriales e incluso lanzado por unas escaleras. “No respetaron mi integridad física”.
Misael y Rosario, hijos del defensor de los bosques, destacaron que la lucha continuará y buscarán la reparación del daño. “Los daños económicos, físicos y mentales son de difícil reparación. Fueron casi 9 meses de sufrimiento, tristeza, lágrimas. Borrar ese trauma que dejaron va a ser difícil”.
Rosario puntualizó en que “los muros de la corrupción son difíciles de tumbar”. Y aseveró que en los centros de reclusión se violentan constantemente los derechos humanos, por lo que se convierten en “escuelas del crimen”. Finalmente, recordó la frase que dedicaron a su hermano mayor cuando falleció: “Aldo: Tu muerte es vida, la lucha crece y se fortalece”.
Por su parte, Misael comentó que en México la criminalización se ha convertido en “moda”, por lo que invitó a la ciudadanía a sumarse al apoyo a las personas que pasan por lo mismo que su familia.
En tanto Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, recordó que en 2007 las mismas ONGs que han apoyado a don Ildefonso, exigieron justicia por el asesinato de Aldo. Sin la justicia, dijo, se demostraría que era permitido atentar y hostigar a los defensores del bosque de Juan Atzingo”. Y acusó que la impunidad que prevaleció en el caso es un incentivo para ejercer nuevos hostigamientos contra los activistas.
Mientras que Miguel Soto, de Greenpeace México, acusó que “Don Ildefonso ha sido víctima de un sistema corrupto que se usa para criminalizar a los defensores del medio ambiente… basta de amenazar ambientalistas”, exigió al gobierno de Eruviel Ávila Villegas.
Perseo Quiroz, de Amnistía Internacional México, denunció que nuestro país criminaliza a los activistas y el caso de don Ildefonso es “un botón de muestra de lo que se ha documentado”.
El luchador social tlahuica de 55 años de edad, ha pasado la mayor parte de su vida defendiendo el Gran Bosque de Agua, región de 120 mil hectáreas extendidas entre Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México, lucha por la cual fue encarcelado por las autoridades del Estado de México y señala que tiene temor porque podrían apelar su libertad a pesar de que no mostraron pruebas que lo relacionaran con el delito que se le imputó.
El indígena ambientalista dijo que la libertad es un platillo “que no llena ni empacha”, al expresar su satisfacción por haber demostrado su inocencia tras pasar injustamente nueves meses en prisión.
“Me preguntaba el compañero a qué sabe la libertad; la libertad es un platillo que no llena, un platillo que no empacha, que se disfruta bastante y apenas estoy comiendo la primera cucharada”, aseguró.
Zamora reconoció la decisión tomada por el Juzgado Quinto de Amparo, que resolvió que tras su detención el 20 de noviembre de 2015 se violó su derecho de presunción de inocencia al ser acusado de participar en un robo en 2012 con pruebas que calificó de “inverosímiles e ineficaces”.
Zamora denunció que en los meses que estuvo en prisión aumentó la tala ilegal de los bosques de las Lagunas de Zempoala.
Por su parte la abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Daniela Aguirre, explicó que el amparo concedido a Zamora estableció la violación de su derecho a la presunción de inocencia y la falta de pruebas que lo vincularan con el supuesto robo y advirtió que cualquier intento de las autoridades del Estado de México de presentar un recurso de inconformidad en contra de la decisión del juez será interpretado como un nuevo intento de criminalizar a Zamora y a su familia.
“Exigimos al Gobierno del Estado de México que reconozca la labor de Zamora como defensor de los bosques y cese sus intentos de fabricar delitos y perseguir a su familia”, afirmó.
En tanto el director de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, celebró la decisión del juez de amparo que revisó el caso y “determinó que no había elementos para declarar culpable a Zamora”.
Activismo y consecuencias
Originario de San Juan Atzingo, Estado de México, Zamora Baldomero ha combatido la tala clandestina de los bosques y se ha dedicado a la reforestación desde 2004, además de realizar denuncias formales con Greenpeace.
El 15 de mayo de 2007, tras interponer una denuncia por tala ilegal, los hijos de Zamora fueron emboscados y uno de ellos murió, Aldo, mientras que otro, Misael, quedó herido. Hasta el momento dos de los autores han comparecido ante la justicia.
Amnistía Internacional declaró el 9 de mayo pasado a Zamora preso de conciencia y pidió su excarcelación inmediata e incondicional al considerar su reclusión una consecuencia de su activismo pacífico contra la tala ilegal.
Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Greenpeace, organizaciones que asumieron su defensa, indicaron que su libertad obedece a que el juez consideró las pruebas “inverosímiles e ineficaces”.
La cárcel de Tenancingo fue su casa durante los últimos nueve meses. Ahí recibió la solidaridad nacional e internacional de quienes se oponen a la criminalización que viven los defensores del ambiente y del territorio en México. Hasta ahí le llegaron las peticiones de más de 47 mil personas que se sumaron a la campaña #IldefonsoLibre para conseguir su libertad.
En junio de 2007, de manos del entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, recibió el Premio al Mérito Ecológico, ceremonia en la que exigió justicia por su hijo Aldo, asesinado en mayo de ese mismo año por los talamontes. El llamado solamente recibió la tibia promesa del entonces gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto de que se resolvería. No cumplió. Ocho años después el 20 de noviembre de 2015, el ambientalista fue detenido con violencia y sin mediar orden de aprehensión.
Nunca se le notificó que había una averiguación en su contra y fue recluido pese a las pruebas de que el día del robo del cual fue acusado él estaba en otro lugar. Luego se vinieron en cascada las irregularidades jurídicas.
Hoy, aunque asegura vivir con temor de que se fabriquen nuevos delitos en su contra y de su familia, empieza a saborear el platillo de la libertad.