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Escándalo de “moches” exhibe a diputada y alcalde priista

Alfredo Benítez señaló a Maribel Martínez por presunto fraude, acusación que fue negada por la diputada priista quien afirma que ella también ha sido víctima

El alcalde de Luvianos, Alfredo Benítez y la diputada local Maribel Martínez se confrontaron por un supuesto fraude que el edil atribuye a la legisladora local.

Ambos son del mismo partido: el Revolucionario Institucional, pero eso no evitó que él la denunciara ante la Fiscalía Anticorrupción estatal. También advirtió que serían unos 24 los municipios que hicieron depósitos a la misma cuenta.

Los hechos

El miércoles dos de septiembre el presidente municipal de Luvianos, Alfredo Benítez, en conferencia de prensa, denunció que el día seis de agosto la diputada plurinominal del PRI, Maribel Martínez le había solicitado 350 mil pesos, a fin de gestionar 15 millones de pesos para su municipio.

El edil afirmó que la representante popular le comentó que el apoyo era respaldado por el secretario de finanzas Rodrigo Jarque Lira, pero el recurso nunca llegó.

Incluso el edil señaló que la diputada dejó de responderle las llamadas; por lo cual decidió presentar una denuncia penal por los presuntos delitos de fraude y abuso de autoridad el 25 de agosto.

Pidió retirarle el fuero para que sea juzgada, junto con quienes resulten responsables.

Además, añadió que ya había solicitado una audiencia con la dirigente estatal del PRI, Alejandra del Moral, para exponer el tema.

La respuesta

La diputada local del PRI, Maribel Martínez, envió una carta dirigida a los medios de comunicación, en la que negó rotundamente haber incurrido en las conductas que acusa el alcalde y aseguró que desconoce en qué sustenta sus dichos.

También sostuvo que al igual que el presidente municipal de Luvianos ella fue una víctima en el caso, y en cuanto se percató de los hechos consideró pertinente notificar al alcalde.

La legisladora aseguró en la misiva que en su trayectoria política y en sus 15 años de labor social nunca se ha visto involucrada en situaciones de esa índole, pues siempre se ha conducido con honestidad, verdad y transparencia y lamentó haber sido engañada e involucrada en ese asunto.

Sin embargo, también exhortó al edil a comprobar sus dichos, sostuvo que siempre ha estado abierto el canal de comunicación con él y dijo ser la primera interesada en que los hechos se investiguen y aclaren; por lo cual manifestó su disposición de contribuir plenamente en la investigación, a fin de llegar a la verdad y defender su honorabilidad.

La diputada local no quiso ahondar en el tema, ni dar entrevistas, pues de acuerdo con gente cercana a ella sus abogados le pidieron no dar detalles para no entorpecer las investigaciones en curso.

Los delitos

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el delito de fraude se tipifica en el artículo 305 y lo comete “el que engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro.”

Las sanciones previstas varían, de acuerdo con el monto, pero van de seis a 12 años de prisión y de 150 a 300 días multa cuando el valor de lo defraudado exceda de tres mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, cuando sea por más de 304 mil pesos.

Ese delito se persigue por querella de la parte ofendida.

Abuso de autoridad

El delito de abuso de autoridad, de acuerdo con el artículo 335 del mismo código, lo comete “el que en razón de su empleo, cargo o comisión, realice un hecho arbitrario o indebido”.

Al responsable de esas conductas se le impondrán de dos a nueve años de prisión, y 70 a 150 días multa, así como la destitución e inhabilitación que corresponda.

El artículo 338 señala que “comete el delito de abuso de autoridad con contenido patrimonial, el servidor público que utilice su empleo, cargo o comisión para obtener la entrega de fondos, valores o cualquiera otra cosa que no le haya sido confiada, para aprovecharse o disponer de ella en su favor o de un tercero”.

Al que cometa ese delito se le impondrán de tres a ocho años de prisión, de 500 a mil días multa, destitución e inhabilitación correspondiente para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la cantidad o el valor de lo obtenido exceda de noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

El secretario de Finanzas advirtió sobre fraudes

Desde junio de este año, el secretario de Finanzas mexiquense Rodrigo Jarque Lira alertó en sus redes sociales en torno a falsas gestiones de recursos a su nombre y pidió a servidores públicos y a la ciudadanía hacer caso omiso a cualquier comunicación a su nombre, o el de algún otro servidor público para la asignación de recursos.

El funcionario refirió que detectaron el envío de mensajes a través de teléfonos celulares, donde se solicitaban depósitos de recursos, a cambio de entregarles recursos.