Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”, exfuncionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, fueron vinculados a proceso por su probable participación en una red de extorsión que habría operado contra propietarios de verificentros y usuarios del programa de verificación vehicular en la entidad.
La resolución fue dictada por una jueza de Control del Distrito Judicial de Chalco después de una audiencia en la que se presentaron pruebas por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Raúl “N” quedó sujeto a proceso por extorsión agravada, mientras que Carlos Eduardo “N” enfrentará el procedimiento penal por abuso de autoridad.
Ambos permanecerán bajo prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco mientras continúan las investigaciones de la FGJEM.
¿Qué significa la vinculación a proceso?
La decisión de la jueza implica que los datos presentados por el Ministerio Público fueron suficientes, en esta etapa del procedimiento, para considerar que existen elementos que permiten sostener que pudo haberse cometido un delito y que existe la probabilidad de que Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” hayan participado en los hechos que se les atribuyen.
La vinculación permite que la Fiscalía continúe formalmente la investigación en su contra y que el proceso penal avance, pero no significa que los exfuncionarios hayan sido declarados culpables. El estándar de pruebas exigido en esta audiencia suele ser menor al que deberá acreditarse en un eventual juicio, donde la responsabilidad penal tendría que demostrarse con las pruebas correspondientes.
En este caso, después de escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa durante una audiencia de más de 16 horas, la jueza determinó que existían elementos suficientes para mantener abierta la causa penal por extorsión agravada contra Piña Horta y por abuso de autoridad contra Solares Vega.
¿De qué acusa la FGJEM a los exfuncionarios?
Raúl “N” es investigado por su probable intervención en actos de extorsión agravada relacionados con propietarios de centros de verificación vehicular, mientras que Carlos Eduardo “N” enfrenta una imputación por abuso de autoridad derivada de actos que presuntamente habrían sido realizados desde la estructura gubernamental.
Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a un esquema en el que servidores públicos, exfuncionarios y particulares habrían utilizado las facultades relacionadas con la operación y supervisión de los verificentros para exigir dinero a sus propietarios a cambio de permitirles continuar trabajando.
Entre los datos expuestos dentro de la investigación se encuentran las presuntas exigencias de pagos en efectivo, señalamientos que habrían hecho al menos 15 empresarios, a cambio de no llevar a cabo acciones que derivaran en el cierre parcial o total de los establecimientos para verificación ambiental.
Los cargos que les daban poder sobre los verificentros
Raúl “N” se desempeñaba como director general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, mientras que Carlos Eduardo “N” ocupaba la Dirección de Control de Emisiones a la Atmósfera, dos áreas directamente relacionadas con la regulación y operación del sistema de verificación vehicular.
Las atribuciones de la Dirección General colocaban a Raúl “N” en una posición con capacidad de decisión sobre los establecimientos, pues entre sus funciones se encuentra coordinar las autorizaciones, revalidaciones, certificaciones y renovaciones otorgadas a los verificentros, además de vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental. La operación de estos centros también está sujeta a supervisiones, revisiones y procedimientos derivados de irregularidades detectadas por la autoridad ambiental.
La Dirección de Control de Emisiones a la Atmósfera, encabezada por Carlos Eduardo “N”, formaba parte de esa misma estructura y tenía bajo su ámbito tareas relacionadas con el control de emisiones y la supervisión del cumplimiento de las disposiciones aplicables a fuentes móviles, entre ellas los Centros de Verificación Vehicular. La estructura administrativa permitía que las decisiones tomadas desde esas oficinas tuvieran efectos sobre la operación cotidiana de los establecimientos y el cumplimiento de sus autorizaciones.
Estas facultades formales ayudan a explicar el mecanismo que investiga la Fiscalía, ya que los exfuncionarios no necesitaban, en principio, atribuirse competencias completamente ajenas a sus puestos para tener capacidad de presión sobre los propietarios, pues las áreas que dirigían intervenían en procesos indispensables para que los verificentros pudieran operar y conservar sus autorizaciones.
Lo que habría rebasado sus atribuciones, de acuerdo con la acusación, sería utilizar esa capacidad administrativa para exigir pagos ilegales, condicionar la continuidad de las operaciones o amenazar con afectar autorizaciones e infraestructura. Ninguna de esas conductas forma parte de las facultades legales de los cargos que desempeñaban y son precisamente las acciones que deberá acreditar la Fiscalía durante el proceso penal.
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