La presunta red de extorsión que operaba alrededor de los verificentros del Estado de México no dependía únicamente de exigir dinero a sus propietarios, pues la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) describe un mecanismo que aprovechaba el control que funcionarios ambientales tenían sobre permisos, revalidaciones, hologramas y sistemas indispensables para mantener abiertos los Centros de Verificación Vehicular.
Las investigaciones ubican al menos desde diciembre de 2023 el funcionamiento de una red que no cobraba una sola cuota ni utilizaba un único mecanismo. Los pagos podían depender del número de verificaciones realizadas, de las líneas autorizadas en cada establecimiento, de la revalidación de las concesiones o simplemente de la posibilidad de continuar operando sin bloqueos administrativos.
Cuando algún concesionario se negaba, las presiones podían traducirse en problemas con sus permisos, falta de hologramas, suspensión del sistema o procedimientos que impedían mantener abierto el negocio.
Parte de esas exigencias económicas habría terminado trasladándose a los automovilistas mediante los llamados “pagos por brincos”, una práctica utilizada cuando un vehículo no aprobaba las pruebas o cuando la verificación se realizaba fuera del periodo correspondiente para evitar la multa.
Extorsiones con bloqueos a distancia
El control sobre la operación de los verificentros se realizaba, entre otras herramientas, mediante el Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV), utilizado por las autoridades ambientales para revisar en tiempo real las emisiones de los automóviles y las actividades del personal que participa en las verificaciones.
La Fiscalía determinó que el sistema, pese a contar con medidas de seguridad para impedir irregularidades, podía ser desactivado y posteriormente reactivado desde el Centro de Control de la Secretaría del Medio Ambiente.
Los cierres remotos podían mantener detenido un verificentro durante horas, días o incluso meses y, en algunos casos, iban acompañados de procedimientos administrativos iniciados por la propia Secretaría o por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem).
Las supuestas irregularidades que servían para justificar esos cierres iban desde un logotipo “despintado” o equipos de cómputo “no actualizados”, hasta diferencias intencionales entre el momento de la inspección de un vehículo y las imágenes obtenidas por las cámaras del establecimiento. La Fiscalía señala que la reactivación del sistema podía convertirse después en motivo para exigir otro pago al concesionario.
Entre los modus operandi que utilizaban como medida de presión, también se limitaba la venta de hologramas a los verificentros de manera que, al agotar el número de engomados que la autoridad ambiental les aprobaba unilateralmente, estos sitios ya no podían continuar su funcionamiento a menos que cubrieran las cuotas extorsivas, momento en que les entregaban más hologramas.
“Cada verificentro tiene que pagar 200 mil pesos mensuales”
Las entrevistas incorporadas a la carpeta de investigación ubican una reunión realizada el 23 de diciembre de 2023 como uno de los momentos en los que se habrían establecido formalmente las cuotas.
Raúl “N”, entonces funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente y actualmente vinculado a proceso, habría convocado en un restaurante de la Ciudad de México a propietarios, encargados, apoderados legales y administradores de diferentes verificentros.
La Fiscalía señala que durante ese encuentro les habría comunicado:
“a partir de hoy hay una nueva forma de trabajar y cada verificentro tiene que pagar 200 mil pesos mensuales para seguir operando, aun y cuando cuenten con sus documentos en regla”.
La inconformidad expresada por algunos asistentes no habría terminado con las exigencias, pues existía el temor de que sus establecimientos no obtuvieran la revalidación, fueran bloqueados del sistema o dejaran de recibir hologramas; sin embargo, los pagos finalmente habrían quedado entre 30 mil y 100 mil pesos mensuales, dependiendo del número de verificaciones que podía realizar cada centro.
Implementaron los cobros “retroactivos”
Las exigencias continuaron durante febrero de 2024, cuando Raúl “N” y otras personas habrían contactado nuevamente a los concesionarios para pedirles un pago que denominaron “retroactivo”.
La cantidad solicitada habría sido de 162 mil 500 pesos por cada verificentro bajo el argumento de que “los dejaron trabajar sin ningún problema de octubre a diciembre de 2023”, de acuerdo con los testimonios integrados a la investigación.
Carlos Eduardo “N”, también vinculado a proceso, habría intervenido mediante las revalidaciones que ya habían sido autorizadas a distintos establecimientos.
Hasta 500 mil pesos por cada línea
Las revalidaciones de las concesiones habrían servido posteriormente para imponer nuevos cobros calculados a partir del número de líneas de verificación que tenía autorizado cada establecimiento.
Un mensaje que la Fiscalía atribuye a Raúl “N”, enviado en marzo de 2026, señalaba:
“avísales a los demás (concesionarios) que tienen que pagar las revalidaciones de funcionamiento autorizadas desde el 2024… 500 mil pesos por cada línea (de verificación)”.
Las entrevistas recabadas por el Ministerio Público indican que el objetivo habría sido “juntar una bolsa de 430 millones de pesos extras a más tardar para noviembre de 2026”. La cantidad sería adicional a lo obtenido mediante las cuotas mensuales y otros trámites cobrados a los concesionarios.
Dinero entregado en efectivo
Las investigaciones de la FGJEM señalan que los recursos obtenidos mediante las presuntas extorsiones habrían sido entregados en efectivo en diferentes puntos de la Ciudad de México, entre ellos oficinas privadas de Bosques de las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y domicilios ubicados en Cuajimalpa.
Las personas encargadas de llevar el dinero acudían mediante cita previa y, en algunos casos, utilizaban un código QR para poder ingresar a los inmuebles. Una vez dentro, terceros entregaban el efectivo a un particular que ya fue identificado por las autoridades dentro de la investigación.
Buscaban quedarse con verificentros
Pese a la importante suma que solían lograr con este esquema de extorsión, la investigación no se limita al cobro de dinero, ya que la Fiscalía cuenta con testimonios de concesionarios que habrían sido presionados para ceder un porcentaje de sus propias empresas.
Las maniobras comenzaban presuntamente con obstáculos para realizar la revalidación de las concesiones, entre ellos ocultar información sobre las fechas en las que debía realizarse el trámite o impedir que los propietarios pudieran hacerlo con anticipación.
Las concesiones que finalmente eran entregadas podían tener una vigencia variable de seis a 12 meses, mientras que para “adueñarse de los verificentros” los integrantes del grupo habrían utilizado al menos dos razones sociales vinculadas con ellos y aseguraban contar con “protección de políticos”.
Las presiones podían aumentar cuando los concesionarios se negaban a cumplir con las exigencias, pues la Fiscalía documentó amenazas relacionadas con la revocación de las concesiones y advertencias de daño contra los propietarios y sus familiares. Entre los datos incorporados al expediente se encuentran mensajes con amenazas directas de muerte.
Las investigaciones siguen
La Fiscalía investiga también posibles modificaciones de concesiones que estaban autorizadas exclusivamente para agencias automotrices y que habrían sido utilizadas para abrir el servicio al público en general mediante empresas relacionadas con los integrantes de la red.
Cinco Centros de Verificación Vehicular fueron asegurados entre el 10 y el 14 de agosto como parte de esa línea de investigación. Dos se encuentran en Nezahualcóyotl y los otros están ubicados en Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla.
Los agentes ministeriales también realizaron cateos en oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente ubicadas en Tlalnepantla y Metepec, donde fueron asegurados distintos indicios que ahora forman parte de las indagatorias.
En tanto, Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” fueron vinculados a proceso el 16 de agosto y permanecen bajo prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.
El primero enfrenta un proceso por extorsión agravada y el segundo por abuso de autoridad, mientras la Fiscalía continúa las investigaciones para establecer quiénes más participaron en la red y cuántos verificentros fueron afectados.
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