Durante este mes de abril, la agenda de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) avanza a dos velocidades. Mientras las investigaciones por delitos de alto impacto acaparan los reflectores y generan un flujo de información constante, los expedientes de carácter administrativo y pericial se desarrollan a un ritmo más lento y alejados del escrutinio público.
Los casos que se roban reflectores
El 20 de abril, en la zona arqueológica de Teotihuacán, un hombre armado abrió fuego desde la Pirámide de la Luna contra visitantes. El ataque dejó una turista canadiense muerta y 13 personas heridas. Elementos de la Guardia Nacional intervinieron en el sitio y el agresor se quitó la vida tras el enfrentamiento. De forma inmediata, peritos realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron entrevistas para reconstruir lo ocurrido. Con solo unos días transcurridos, la información difundida se concentró en el perfil del atacante, la planeación del hecho y las condiciones en que ingresó con un arma. La investigación se mantiene enfocada en el esclarecimiento del caso y en la revisión de posibles fallas de seguridad en el sitio.
El 15 de abril se informó la apertura de una investigación de oficio por posible maltrato animal, tras las declaraciones de Mariela Gutiérrez Escalante,exalcaldesa de Tecámac, quien señaló que durante su administración (2019–2024) se llevó a cabo el sacrificio de más de 10 mil perros como parte de políticas de control canino. La actuación institucional consistió en la apertura de la carpeta correspondiente y la revisión de los hechos para determinar si existe responsabilidad penal conforme a la legislación vigente. Pese a que se inició la carpeta con celeridad, hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente avances constantes o resultados de esa indagatoria.
Casos menos mediáticos demoran más
En otro ámbito, el 12 de marzo se documentó la existencia de más de 300 plazas irregulares en la Secretaría de Educación del Estado de México relacionadas con personas que habrían cobrado sin desempeñar funciones. El señalamiento surge a partir de revisiones sobre la nómina del sector educativo y apunta a un posible uso indebido de recursos públicos. En este tipo de casos, la intervención institucional implica la integración de investigaciones a partir de auditorías, análisis documental y cruce de información entre dependencias. Al ser un proceso que implica diversas etapas, no se ha informado públicamente si existe judicialización del caso ni el estado de una carpeta de investigación específica.
De forma paralela, en operativos realizados en meses recientes en municipios como Ecatepec, se han ejecutado cateos derivados de investigaciones por desaparición de personas. En algunos de estos operativos se han localizado restos humanos en domicilios, en estos casos se activan procesos periciales para su identificación. Los avances, en estas situaciones específicas, dependen principalmente del análisis forense, como pruebas de ADN, lo que puede extenderse por meses antes de confirmar identidades o vínculos con carpetas previas.
En el mismo periodo, continúan abiertas diversas carpetas por feminicidio en municipios con Alerta de Género como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca, Chalco, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca y Nicolás Romero, entidades donde esta medida se mantiene vigente desde 2015. Estas investigaciones se desarrollan bajo protocolos específicos que incluyen el análisis del contexto de violencia y la relación entre víctima y agresor, y forman parte de una carga constante de trabajo.
Otros casos son las detenciones realizadas en distintos operativos contra la extorsión en el transporte público, principalmente en municipios del Valle de México como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac y Coacalco, donde operadores han denunciado el cobro de cuotas ilegales por parte de grupos delictivos. Estas acciones derivan de denuncias y operativos en campo, y los casos se integran de manera individual dentro del sistema de procuración de justicia, sin que exista una cifra consolidada pública reciente sobre el total de detenidos.
Distintos casos, pero todos con una misma ruta
A pesar de tratarse de delitos distintos, los casos comparten un punto de partida: todos derivan en la apertura de carpetas de investigación a partir de un hecho detonante, ya sea un evento violento, una declaración pública o una revisión administrativa. En cada uno, la actuación inicial implica la recolección de indicios, la definición de líneas de investigación y la integración de pruebas conforme a los procedimientos legales.
Las diferencias en el ritmo de avance se centran, principalmente en el tipo de evidencia disponible y al proceso que requiere cada caso, y en algunos casos también la presión mediática. En hechos como el atentado en Teotihuacán, la intervención ocurre en flagrancia, con indicios inmediatos y presencia de autoridades en el lugar, lo que permite generar información desde las primeras horas. En investigaciones derivadas de declaraciones públicas, como el caso de maltrato animal, la apertura de la carpeta es inmediata, pero el avance posterior depende del análisis jurídico de los hechos. En cambio, en expedientes administrativos como el de plazas irregulares, el proceso requiere auditorías, revisión documental y cruce de información, lo que implica tiempos más prolongados antes de obtener resultados.
A estos factores se suma la carga operativa de la institución. La mayor parte del trabajo se concentra en delitos de alta incidencia como robo en sus distintas modalidades, violencia familiar, lesiones y extorsión, que generan un flujo constante de denuncias, resultando en un alto número de carpetas. En contraste, delitos como homicidio doloso, feminicidio, secuestro o desaparición requieren mayor especialización y concentración de recursos por su complejidad.
La FGJEM opera a través de una estructura descentralizada con fiscalías regionales y áreas especializadas distribuidas en el territorio estatal, además de agencias del Ministerio Público y centros de justicia donde se reciben e integran denuncias.
El Estado de México se mantiene como la entidad con mayor número de carpetas de investigación a nivel nacional. De acuerdo con tendencias de incidencia delictiva, se reciben y procesan cada año cientos de miles de denuncias, lo que se traduce en la integración de varios cientos de carpetas de investigación al día, representando un reto logístico y operativo para atenderlas todas.
De esta forma, los casos con mayor disponibilidad de información desde el inicio o aquellos que permiten actuaciones inmediatas serán los que reciban actualizaciones en el corto plazo, mientras que las investigaciones que dependen de peritajes, análisis técnicos o procesos administrativos avanzan conforme a los tiempos que exige la integración de cada carpeta.
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