Integrantes de la plataforma #HazValerMiLibertad se pronunciron frente al Poder Judicial en la ciudad de Toluca en contra de la orden de arresto anunciada al fundador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque.
A Antonio Lara Duque, fundador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, le fue ordenado un arresto para finales de mes por parte del juez Jorge González Rivera, representante del Poder Judicial en Ecatepec.
Mediante un comunicado, Lara Duque mencionó que: “la actitud del juez González Rivera no sólo violenta el procedimiento jurídico, sino que, además, revela su prepotencia, ignorancia, imposición y desprecio al evitar reconocer la calidad de figura indígena de Kenia Inés Hernández Montalván al ordenar el arresto a su defensor obligándolo a presentar dicho intérprete”.
Lara Duque es el representante legal de la activista Kenia Inés Hernández Montalván, quien el 17 de mayo se declaró en huelga de hambre ante la “sistemática discriminación y racismo” del cual es víctima desde la prisión de alta seguridad en Morelos, donde se mantiene privada de su libertad, acusada, de manera injusta, de la comisión de delitos por robo y ataques a las vías de comunicación, señala el documento.
Para el caso, Lara Duque solicitó al representante del Poder de la Judicatura mexiquense la presencia de un intérprete de la lengua amuzgo, que se habla en la región de Costa Chica de Guerrero, región de donde es originaria la defensora de la tierra, Kenia Inés, sin embargo, el juez puso en duda —y se burló— del origen indígena de Kenia.
Legalmente, Kenia tiene derecho a solicitar un intérprete debido a que su lengua materna es el amuzgo y el Poder Judicial tiene la obligación de presentarlo.
En el fondo, señala el abogado en el comunicado, “el impartidor de justicia considera que una persona indígena debe de ser ignorante y estar en extrema pobreza; en contraparte, los dispositivos legales nacionales e internacionales disponen sobre la necesidad de intérpretes proporcionados por el Estado, para garantizar un debido proceso”.
Desde el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” se hizo un llamado urgente al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, para que interceden de manera inmediata ante el atropello del ´impartidor´ de justicia mexiquense”.
