El caso de “El Ronco” abre una historia de policías que cruzaron al crimen sin perder los contactos ni el poder adquirido dentro del Estado. De Ríos Galeana a los mandos señalados por servir a los cárteles, sus trayectorias ayudan a explicar cómo se construye la protección que permite esconderse y operar en territorio mexiquense.

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En noviembre de 2026, el nombre de Edwin Antonio González Córdoba, “El Ronco”, volvió a aparecer en las noticias junto al de un jefe criminal. Reportes periodísticos lo identificaron como el segundo hombre muerto durante el operativo federal contra Édgar Aarón Vázquez Alvarado, “El General”, en Lomas Verdes, Naucalpan. La información oficial inicial confirmó la muerte del dirigente de Nuevo Imperio, pero no identificó al otro fallecido como González Córdoba.

La versión colocó al antiguo mando de la Policía de Investigación mexiquense en el lugar donde terminan otras historias de policías: junto a los hombres que alguna vez tuvieron la obligación de perseguir.

Un año antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había descrito el servicio que “El General” proporcionaba al narcotraficante canadiense Ryan Wedding. Le daba protección en México y utilizaba fuentes policiales para localizar objetivos. El documento, publicado el 19 de noviembre de 2025, le atribuía relaciones con altos funcionarios de seguridad y lo señalaba como un probable exintegrante de las fuerzas del orden.

Información policial convertida en ventaja criminal. Ese mecanismo permite entrar en la historia de “El Ronco” y mirar hacia atrás. Antes de Nuevo Imperio hubo otras organizaciones, otros protectores y otros hombres capaces de aprovechar lo aprendido dentro de una corporación.

Los nombres cambian. Lo que exige explicación es la facilidad con la que el conocimiento del Estado puede ponerse al servicio de quienes lo desafían.

El hombre que vigilaba bancos

Alfredo Ríos Galeana conoció la seguridad bancaria desde el lado del uniforme. Fue comandante del Batallón de Radiopatrullas del Estado de México, el Barapem, una corporación encargada de vigilar bancos y empresas. Después se convirtió en uno de los asaltabancos más perseguidos del país.

En una crónica recuperada por La Jornada en 2005, Ríos Galeana relató que todavía era comandante cuando acudió al Banco Internacional de Toluca a cambiar un cheque y decidió asaltarlo. En su propia narración, el policía y el ladrón convivían desde aquel momento.

La historia posterior —asaltos, fugas, persecuciones y una larga vida clandestina— hizo del personaje una celebridad de la nota roja. Pero el antecedente más importante estaba en la corporación de la que procedía. Su experiencia le había permitido conocer procedimientos, tiempos de respuesta y vulnerabilidades.

El Barapem también dejó una historia de abusos. El informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico documentó graves violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de esa corporación. Ríos Galeana surgió de un entorno en el que el ejercicio de la autoridad podía confundirse con la arbitrariedad.

Su caso precede a los cárteles que hoy disputan territorio mexiquense. La pregunta que deja es reconocible: ¿qué sucede cuando una institución arma y respalda a quienes utilizan esa autoridad para delinquir?

Los comandantes que cambiaban de estado

La carrera de Luis Eduardo Rodríguez Masso transcurrió entre Tamaulipas y el Estado de México. Había trabajado en la Policía Ministerial tamaulipeca y en la Judicial mexiquense. El 29 de diciembre de 2007 fue asesinado en el establecimiento Antrock, en Matamoros. Su nombre circulaba entonces entre los posibles responsables de la seguridad pública de la nueva administración municipal.

Una investigación de Jenaro Villamil, publicada en 2012, lo ubicó desde 2002 como director de Combate a la Delincuencia Organizada de la procuraduría mexiquense, dentro de la estructura de Víctor Manuel Torres Moreno. El trabajo recuperó señalamientos sobre presuntos vínculos con el Cártel del Golfo y siguió también la trayectoria de Javier Aguilar Fuentes, otro mando con antecedentes en ambas entidades.

El mismo reportaje recordó la detención de Aguilar Fuentes durante un operativo de 2004 en Echegaray, Naucalpan, contra personas vinculadas al Cártel del Golfo. Según esa reconstrucción, recuperó la libertad tras enfrentar acusaciones menores y posteriormente fue asesinado en el Distrito Federal.

Las muertes de ambos no prueban las acusaciones que pesaban sobre ellos. Sus trayectorias sí permiten seguir la circulación de mandos entre corporaciones y gobiernos, junto con las relaciones que habían construido.

Un nombramiento nuevo no borra una carrera anterior. Tampoco elimina los contactos, las lealtades o los compromisos adquiridos durante años. Revisar quién recomendó a un jefe policial y qué antecedentes se examinaron antes de contratarlo forma parte de la historia de la seguridad.

Otro recorrido llevó a Luis Manuel Becerril Mina del Estado de México a Nayarit. Había encabezado la Policía Ministerial mexiquense en 2008. En 2010 fue detenido cuando ocupaba la Dirección de Seguridad Pública de Bahía de Banderas.

La cobertura de su proceso recogió las acusaciones de la PGR: presunta entrega de información y protección a narcotraficantes durante su paso por la corporación mexiquense. En julio de 2011 se informó de un auto de formal prisión por lavado de dinero, a partir de movimientos financieros que, según la investigación, no correspondían con sus ingresos como servidor público.

El expediente conocido documenta su procesamiento, no una condena definitiva. La secuencia institucional, sin embargo, merece explicación: un hombre investigado por lo que habría hecho desde una corporación había conseguido dirigir otra.

Las cámaras miraban para ellos

En mayo de 2011, la procuraduría mexiquense informó de la consignación de 16 policías de Huixquilucan y cinco civiles por sus presuntos vínculos con La Mano con Ojos.

La acusación describía una colaboración concreta. Policías municipales habrían utilizado las cámaras de vigilancia para advertir sobre operativos y movimientos de organizaciones rivales. También se reportaron pagos a agentes y el hallazgo de una libreta con registros relacionados con ventas de droga y contactos.

Las cámaras seguían funcionando. Según la investigación, parte de la información que producían llegaba a quienes debían ser vigilados.

Ese expediente permite entender el valor de un policía para una organización criminal. Puede proporcionar información que no está disponible en la calle: dónde se despliega un operativo, qué vehículo buscan los agentes, qué zona concentra vigilancia. Un aviso oportuno puede evitar una captura.

La colaboración señalada en Huixquilucan también tenía un costo público. Los habitantes financiaban un sistema de seguridad cuya información, de acuerdo con las autoridades, era aprovechada por un grupo delictivo.

En octubre de 2014 apareció otra trayectoria procedente de esa corporación. Carlo Alessandro Ricalde Barocio, quien había sido policía de Huixquilucan entre 2003 y 2009, fue detenido en Lerma. La procuraduría le atribuyó vínculos con organizaciones criminales y la intención de recuperar espacios de venta de drogas en Naucalpan y Huixquilucan.

El caso plantea otro problema: la baja de un agente no cancela las relaciones que conserva dentro de la policía. La institución puede retirar una credencial; deshacer una red exige algo más.

De la inteligencia a la plaza

En 2009, Germán Reyes Munguía ingresó a la policía municipal de Toluca como subdirector de Policía Criminal. En enero de 2012, el procurador Alfredo Castillo y el secretario de Seguridad Ciudadana, Salvador Neme, lo presentaron como “El M1”, presunto jefe de plaza de La Familia Michoacana.

Según la versión de ambos funcionarios, la organización le había asignado esa responsabilidad desde principios de 2011. Fue detenido en Tlalnepantla, aunque las autoridades situaban su actividad en el Valle de Toluca.

Entre su ingreso a la corporación y el mando criminal que le atribuyeron había transcurrido aproximadamente un par de años.

El caso obliga a reconstruir ese intervalo: qué responsabilidades tuvo, quién supervisaba su trabajo, cuándo dejó el puesto y qué indicios existieron sobre sus actividades. La presentación de un detenido cuenta el resultado de una operación; rara vez explica cómo llegó hasta allí.

En Metepec, la historia de Alejandro Sánchez Santamaría, “El Negro”, ofrece un desenlace judicial conocido. Había sido subdirector de Inteligencia de la policía municipal durante 2016–2018. Fue detenido el 12 de abril de 2021, en Toluca.

En febrero de 2025, la Fiscalía General de la República informó que un juez federal lo había condenado a 50 años de prisión por secuestro agravado. El caso se investigaba desde febrero de 2020: una persona había sido privada de la libertad en Metepec y sus familiares fueron obligados a pagar un rescate.

El antiguo funcionario de inteligencia terminó condenado por un delito que explota la vulnerabilidad de las personas y el miedo de sus familias.

Las autoridades también lo habían relacionado con otras investigaciones por homicidios y extorsiones. Esos señalamientos tienen su propio recorrido judicial. La condena por secuestro basta para plantear una pregunta institucional: cómo fue seleccionado, evaluado y supervisado mientras tuvo acceso a información sensible de la seguridad municipal.

La Víbora y el conocimiento del territorio

La búsqueda de Francisco Javier Resillas Ríos, “La Víbora”, recorrió municipios del Valle de México antes de su captura en Acapulco, en mayo de 2015. La procuraduría mexiquense había ofrecido 500 mil pesos de recompensa por información que permitiera localizarlo.

Las autoridades le atribuían actividad criminal en Atizapán, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. Después de su detención fue trasladado al penal de Barrientos.

Su historia forma parte de la disputa por el territorio donde otras organizaciones encontraban casas, mercados y espacios de operación. El señalamiento sobre un supuesto parentesco policial requiere todavía respaldo documental; la captura y las zonas de actividad que le atribuían las autoridades sí quedaron registradas en la cobertura de aquellos años.

Los lugares donde podían quedarse

La presencia de organizaciones criminales en el poniente mexiquense aparece repetidamente en la hemeroteca.

En diciembre de 2005, un operativo federal intervino cinco inmuebles en Tecamachalco, Naucalpan, donde las autoridades reportaron instalaciones para procesar cocaína. Fueron detenidos 15 adultos y asegurados 255 mil dólares, 45 mil euros y diez vehículos, entre otros bienes. La investigación de la PGR se remontaba a 2004.

Aquellas propiedades tenían una función productiva dentro del negocio criminal. El entorno residencial permitía alojar actividades que difícilmente se advertían desde fuera.

En abril de 2010, militares capturaron a Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”, en Bosques de la Herradura, Huixquilucan. La Defensa y la PGR lo identificaron como operador de los Beltrán Leyva y le atribuyeron control sobre actividades de narcotráfico en Naucalpan y Huixquilucan.

Semanas después, la búsqueda de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, condujo a las fuerzas federales a Sayavedra y otros fraccionamientos de Atizapán. La cobertura documentó operativos y aseguramientos de armas y municiones. La PGR precisó entonces que no había establecido que los inmuebles intervenidos fueran propiedad de Valdez Villarreal.

En julio de 2011, fue detenido en Atizapán Jesús Enrique Rejón Aguilar, “El Mamito”, integrante de Los Zetas. La cobertura registró también la detención del policía Pedro Ortega Herrera, señalado por acompañarlo. En 2022 se informó de una sentencia de 26 años y diez meses de prisión contra Rejón Aguilar.

En noviembre de 2012, la Defensa anunció la captura en Huixquilucan de Jesús Alfredo Salazar Ramírez, “El Muñeco”, identificado como presunto lugarteniente del Cártel del Pacífico en Sonora. Lo localizaron lejos de la región donde le atribuían su principal actividad.

Cada episodio tiene circunstancias propias. Su acumulación muestra las distintas funciones del territorio: residencia, escondite, producción, encuentro y operación. Para explicar por qué podían permanecer allí hay que investigar tanto sus recursos privados como los vínculos de protección que existieran en cada caso.

La protección como negocio

En 2023, una investigación de Milenio describió la presencia de antiguos integrantes de corporaciones de Naucalpan dentro de Nuevo Imperio. La cobertura, basada en información ministerial, señaló el aprovechamiento de conocimientos sobre vigilancia y comunicaciones.

El señalamiento estadounidense de 2025 contra “El General” añadió una dimensión internacional. Según el Departamento del Tesoro, sus contactos policiales le permitían proporcionar protección a Wedding y obtener información sobre objetivos.

La protección adquiere valor porque modifica el riesgo. Permite anticipar movimientos, ocultarse, conservar una operación o localizar adversarios. Cuando depende de contactos dentro de una corporación, una parte de la capacidad del Estado queda disponible para fines criminales.

Esa corrupción contribuye a hacer atractivo un territorio. Las carreteras, las residencias y la cercanía con grandes mercados ofrecen ventajas materiales; la posibilidad de obtener información y protección policial puede hacerlas más aprovechables.

Los expedientes no autorizan a atribuir la misma complicidad a todas las corporaciones ni a explicar cada residencia criminal mediante un pacto con autoridades. Sí permiten identificar mecanismos que se repiten y preguntar por qué los controles no lograron interrumpirlos.

Quién forma al siguiente

Ríos Galeana, Rodríguez Masso, Becerril Mina, “El M1”, “El Negro” y los agentes señalados en Huixquilucan pertenecen a épocas y expedientes distintos. Algunos enfrentaron acusaciones; otros recibieron condenas. Sus historias muestran diferentes momentos de una transformación: el policía que empieza a delinquir en funciones, el antiguo mando que conserva sus contactos, el agente que vende información y el funcionario que termina integrado a una organización.

El caso de “El Ronco” exige reconstruir ese proceso con nombres, fechas y decisiones. Cómo ingresó. Quién lo ascendió. Qué responsabilidades tuvo. Qué denuncias existieron y qué respuesta recibieron. Qué relaciones conservó después de dejar el cargo.

También exige investigar a quienes permanecen. La desaparición de un operador puede dejar intactas las relaciones que utilizaba.

La siguiente historia quizá empiece con un nombramiento aparentemente rutinario, una evaluación que nadie revisa o una denuncia que se archiva. Por eso el escrutinio debe llegar hasta quienes administran las carreras policiales y vigilan a los mandos.

La pregunta que deja “El Ronco” es quién está impidiendo que se forme el siguiente.