Hasta 15 años de cárcel a quien reclute menores para delinquir

Hasta 15 años de cárcel a quien reclute menores para delinquir
A quien incite a un menor a fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas sin un fin lícito, se le impondrán de cinco a 10 años de prisión y de 300 a mil 500 días multa

Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado de México aprobó penas de cinco a 10 años de prisión y de 500 a dos mil días multa a quien o quienes inciten a un menor de edad a formar parte de una asociación delictuosa o pandilla, y en caso de que se cometan delitos graves, la pena se incrementará hasta en una tercera parte, esto es hasta 15 años de cárcel.

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De acuerdo con la reforma al Código Penal del Estado de México impulsada por la diputada Yesica Yanet Rojas Hernández (Morena), se busca favorecer las disposiciones jurídicas que contribuyan a erradicar el uso y participación de menores en delitos de alto impacto, toda vez que, en la última década, se incrementado la inseguridad en la entidad, y sobresale el aprovechamiento de menores para delinquir.

De acuerdo con un comunicado, a quien incite a un menor a fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas sin un fin lícito, se le impondrán de cinco a 10 años de prisión y de 300 a mil 500 días multa. Además, a quien impulse a un menor a realizar a través de cualquier medio, sin fines de lucro, actos eróticos sexuales, exhibiciones corporales, lascivas o sexuales, públicas o privadas, se le castigará con prisión de cinco a 10 años y multas de mil a cuatro mil días multa.

Adicionalmente, a quienes empleen, incluso de manera gratuita, a personas menores de 18 años o que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo, en lugares o establecimientos donde preponderantemente se expenden bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas para su consumo inmediato, o en lugares que por su naturaleza sea nocivos para el libre desarrollo de su personalidad o para su salud, se le aplicará cárcel de dos a cuatro años y de mil a 5 mil días multa, así como el cierre definitivo del establecimiento.

El dictamen establece que que en la última década se ha incrementado el índice delictivo en la entidad y que, la seguridad es una deuda pendiente con la sociedad, que es víctima de las organizaciones criminales y de los delincuentes, que se aprovechan de sus condiciones de vulnerabilidad y pobreza.