Toluca, México; 4 de febrero de 2018. El gobierno de Enrique Peña Nieto pretende cerrar con broche de oro su nefasta administración con la aprobación de la Ley General de Aguas, promovida por el diputado federal por el distrito 23 de Valle de Bravo, José Ignacio Pichardo Lechuga, quien es hijo del ex gobernador del Estado de México Ignacio Pichardo Pagaza, que gobernó la entidad de 1989 a 1993.
En el 2015 el entonces titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman, había turnado al legislativo una propuesta legislativa, denominada Ley Korenfeld, en la que se pretendía concesionar a perpetuidad la explotación de los mantos acuíferos a particulares, así como la transacción de los derechos de explotación entre particulares y entre estos y el gobierno. Los costos de operación de las empresas se verían reflejados en el monto que pagarían los ciudadanos.
La nueva iniciativa de ley es un “copy paste” de la Ley Korenfeld, con algunas adecuaciones de forma, pero no de fondo, y en esencia pretende la privatización del agua a través de las concesiones a perpetuidad de los mantos acuíferos del país a empresas trasnacionales.
“Los efectos son graves porque, desde luego, se incrementan tarifas, se hacen cortes discrecionales, los subsidios beneficiarán a los privados. Con la Ley Pichardo estamos ante un proceso de privatización en extremo, en donde un puñado de empresas, los cuates del Presidente, los más cercanos, serán los beneficiados”, indicó en entrevista a Sin Embargo Miguel Ángel Montoya, consultor de Gestión Integral del Agua.
De acuerdo con expertos, la consecuencia más grave de la aprobación de esta ley sería la concentración del vital líquido en manos de las empresas como Coca Cola, Nestlé, mineras y petroleras trasnacionales, lo que elevaría el costo del agua.
Lo anterior generará descontento social y habrá manifestaciones de comunidades indígenas y zonas ejidales. Sin embargo, amparado en la Ley de Seguridad Interior, el Estado mexicano aplicará la fuerza pública para sofocar la protesta social, privilegiando la protección de los intereses privados en menoscabo del derecho humano de acceso al vital líquido.
Pichardo júnior pretende que la legislación del agua sea aprobada antes de que concluya la administración de Peña, y que sea aprobada “fast track”, como la de Seguridad Interior, por la actual Legislatura federal.
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