El Estado de México formalizó el 20 de abril un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con el objetivo de fortalecer la identificación de personas desaparecidas mediante el análisis genético y el cruce de bases de datos nacionales e internacionales.
Sin embargo, especialistas y organizaciones advierten que la efectividad del acuerdo dependerá de un punto crítico: el acceso a las evidencias bajo resguardo de la Fiscalía estatal.
Un apoyo técnico sin control operativo
Marcela Hinojosa, especialista en Derecho Procesal Penal, explica que el EAAF participará como perito independiente, sin facultades para definir zonas de búsqueda o intervenir directamente en diligencias ministeriales.
“El equipo no decide dónde se busca ni qué casos se priorizan. Eso sigue en manos del gobierno estatal”, señala.
El cuello de botella: las fiscalías
El principal reto del convenio está en la entrega de muestras genéticas.
El EAAF no puede intervenir en Servicios Médicos Forenses ni en fosas sin autorización. Depende de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México proporcione el material necesario para el análisis.
“Si las bases de datos están incompletas o no se entregan perfiles genéticos, el proceso pierde efectividad”, advierte Hinojosa.
Escepticismo de colectivos
Desde organizaciones civiles, la firma del convenio genera dudas.
Marlen Rojas, presidenta de Mujeres Previniendo la Violencia de Género, considera que la medida no atiende el problema de fondo.
“Las autoridades no quieren dialogar con las familias buscadoras. Esto parece más una respuesta mediática que una solución real”, señala.
Las familias, clave en el proceso
El marco legal permite a las familias participar en la búsqueda e identificación.
De acuerdo con especialistas, la organización de colectivos será determinante para exigir transparencia en los procesos, así como la entrega oportuna de muestras y resultados.
El convenio abre una nueva etapa en la identificación forense en el Estado de México, pero su impacto dependerá de la coordinación entre instancias internacionales y autoridades locales, así como del acceso real a la información y evidencias.
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