Toluca, Méx.- Dos años después de la matanza de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, la Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (Igispem) destituyó e inhabilitó para ocupar cargo público a 10 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEM) que participaron en la investigación del caso.
La Igispem realizó un proceso administrativo en contra de 52 funcionarios de la dependencia, todos ellos participaron en el levantamiento de cadáveres y en las primeras investigaciones sobre lo ocurrido en una bodega de Tlatlaya el 30 de junio de 2014.
A dos años de lo ocurrido, la Igispem resolvió ya 30 expedientes, contra igual número de funcionarios; en 10 de ellos resolvió la destitución e inhabilitación para ocupar un cargo público, otros 19 fueron suspendidos por un mes y en un caso más fue suspendido por una suspensión por 15 días.
Veintidós casos más se encuentran pendientes de resolución, pues el proceso administrativo se encuentra suspendido en tanto se resuelven de fondo los juicios de amparo promovidos por los servidores públicos señalados.
De acuerdo con la Igispem a todos ellos los encontraron culpables de violar el articulo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de México y Municipios.
Estas son las primeras sanciones para servidores públicos por el caso Tlatlaya, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comprobó que existió una grave violación a las garantías individuales de parte de personal del Ejército, de la Procuraduría General de la República y de servidores públicos mexiquenses.