“Legalmente se pueden fundamentar, pero desde un punto de vista ético es muy cuestionable”, así calificó el maestro en derecho electoral, Juan Carlos Villarreal, el nombramiento y sueldo de Mariana Cabeza al frente del DIF Municipal, luego de que este medio diera a conocer que durante el 2020 la hija de la alcaldesa Gabriela Gamboa cobrara casi un millón de pesos.
En entrevista con AD Noticias, el catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México explicó el predicamento moral que representa el nombramiento de un familiar en el servicio público viniendo de un representante del partido Morena, “más allá de la cuestión legal hay una cuestión ética, la gente buscó un cambio con el voto a Morena».
Del mismo modo, el dirigente de Morena, Daniel Serrano, opinó al respecto el pasado 16 de diciembre:
“Estamos en un proceso de transformación que es complejo. […] venimos de un proceso de donde algunas prácticas políticas como esas habían sido normalizadas, prácticas nocivas que habían llegado al grado de la normalización”.
De acuerdo a los mismos estatutos de Morena, en su tercer artículo referente a los principios del partido no está permitido: “ninguno de los vicios de la política actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo”.
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Al respecto, Raymundo Guzmán, secretario de gobierno de la actual administración, explicó en una rueda de prensa que la remuneración otorgada a Mariana Cabeza deviene de sus atribuciones como funcionaria pública, y no por ser integrante de la Junta de Gobierno:
“… esta es la diferencia que existe entre la figura de la presidencia del DIF del Estado de México y la presidencia de los DIF municipales, en el caso del DIF estatal, la presidenta no tiene una responsabilidad legal, por eso la ley le impide tener un ingreso, en el caso de la presidencia del DIF Municipal las funciones que se tiene la convierten en un servidor público y desde luego todo servidor público tiene que ser remunerado”.
Sin embargo, la Ley que crea los organismos públicos descentralizados de asistencia social de carácter municipal dicta que la presidencia del DIF Municipal recae sobre la persona que nombre el o la presidenta municipal que en el caso de Metepec contraviene lo establecido en la fracción 9 del artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal en su artículo 51 referente a los que no pueden hacer los o las presidentas municipales:
Nombrar, contratar o promover directamente o por interpósita persona como servidores públicos a personas con quienes tengan parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil. Tampoco pueden recibir propuestas o celebrar contratos relativos a la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y la contratación de servicios con personas con quienes tenga interés personal, familiar o de negocios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Durante su conferencia ante los medios, el secretario de gobernación, Raymundo Guzmán, justificó la remuneración también por tratarse de un sueldo menor al de que sus predecesoras y predecesores.
Para Juan Carlos Villarreal existe una incongruencia “nuestra clase política sigue haciendo uso de los recursos con uso patrimonialista” dijo al referirse a la desmedida cantidad de propaganda que muestra a Mariana Cabeza en la publicidad oficial del DIF.
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“Más allá de la cuestión legal hay una cuestión ética”, sentenció al referirse a las argucias realizadas por la contralora del municipio Areli Hernández y al secretario de gobernación para justificar el sueldo de Mariana y finalizó la entrevista explicando: ”la gente buscó un cambio con el voto a Morena y esto no es un cambio”.
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