Inseguridad en México: se confirma lo que ya sabíamos

Inseguridad en México: se confirma lo que ya sabíamos
Para la población en México el problema de inseguridad es el más importante (por encima de los ámbitos económico, de salud o de desarrollo

Modificar nuestro punto de vista en la medida que adquirimos nueva información es una regla de inteligencia. La capacidad de modificar nuestro accionar a partir de contar con datos nuevos es la que puede otorgarnos una mejor posición en cualquier materia. En este sentido, la razón de ser de las mediciones del INEGI es permitir una mejor gestión de los temas sociales. Sabemos todos que el INEGI realiza mediciones poblacionales, económicas, de violencia, etc. Ello permite tener una más clara idea de los fenómenos en cada materia. 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022

Sin embargo, tal claridad sólo puede tener sentido si es utilizada para actuar mejor. Parece que en materia de seguridad pública eso no necesariamente se cumple de manera cabal. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 nos confirma lo que hace décadas sabemos: la percepción de inseguridad entre los mexicanos es reinante. Casi nadie, se siente totalmente seguro en el lugar en donde vive; más bien tiende a modificar sus conductas por temor a ser víctima de un delito.

Sólo cuatro datos quisiera destacar de esta encuesta: el primero, que para el grueso de la población en México el problema de inseguridad es el más importante (por encima de los ámbitos económico, de salud, de desarrollo o cualquier otro); el segundo, que la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes regresó a su nivel pre-pandemia, ubicándose en más de 24 mil delitos por cada 100 mil habitantes (dicho en otras palabras, el año pasado se habrían cometido 22.1 millones de delitos); tercero, el Estado de México se mantiene a la cabeza en prácticamente todos los indicadores de esta encuesta, superando el promedio nacional; y, en cuarto lugar, la cifra negra se mantiene en niveles superiores a 92%. Lo anterior significa que la gran mayoría de los delitos no son denunciados (y en aquellos que sí lo son, en más de la mitad no pasa nada, lo cual se traduce básicamente en impunidad).

Lectura e interpretación de los datos

Estos datos son resultado de una encuesta, es decir, a partir de una muestra poblacional el INEGI deduce las tendencias reales en todo el país. Ello quiere decir, que son estimaciones: las tasas, índices o porcentajes de la ENVIPE son como una muestra de sangre analizada para decirle al paciente qué tan elevados tiene el colesterol, la glucosa o los triglicéridos en todo su organismo. En la calidad de la muestra y el rigor al aplicar el instrumento de medición reside el valor de estos datos.

Ahora, la interpretación de los datos es algo más importante que tenerlos. Esta interpretación, en el caso de la percpeción de inseguridad y victimización, debe correr a cargo de las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia. Con base en estos datos (y los detalles de los mismos, en cuanto a lugares, horarios, dinámicas, etc.) es como uno esperaría que se diseñaran las políticas públicas y se programaran los recursos para actuar. 

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El papel de las instituciones encargadas de la seguridad pública

Lo que suele ocurrir, sin embargo, es que la forma de ser y de hacer de muchas instituciones es algo que logra cambiar muy lentamente. Mientras la dinámica social es ágil, la labor institucional es lerda. Dentro de las corporaciones policiales, de las fiscalías, de las secretarías del ramo suelen consolidarse modos de hacer que se convierten en una especie de tradición. Si consideramos las inercias podemos darnos cuenta que en la última década (para no irnos tan atrás) la cantidad de eventos delictivos que no terminan en una denuncia se ha mantenido prácticamente sin variación en el rango de 92 a 93%.

Esta cifra negra sólo refleja que, cuando se es víctima de un delito y no se acude a la autoridad para denunciarlo es porque se entiende que ello no cambiará en nada el problema (no se recuperará lo perdido, no se atrapará a los responsables, no se hará justicia). No ha habido, pues, en los últimos tiempos nada que haga cambiar la tendencia inercial de vivir con inseguridad. El grueso de los mexicanos nos hemos resignado a que hay altas probabilidad de ser víctima de un robo, fraude, extorsión o agresión tarde o temprano y casi todos sabemos que cuando ello ocurra no podemos espererar gran cosa de las autoridades. Esto es ya -lamentablemente- una regla social. Es, sin embargo, una regla que alimenta la impunidad, principal aliciente o incentivo para los delincuentes.

¿Confiar en las instituciones?

Debe observarse, sin embargo, que los últimos tres ejercicios de este tipo por parte del INEGI muestran una cierta tendencia a la baja en la prevalencia delictiva en las personas (es decir el número de encuestados que dijeron haber sido víctimas de un delito). Del 2012 al 2018 la tasa de víctimas de un delito estuvo siempre por arriba de 27 mil, pero en los años 2019, 2020 y 2021 se ha mantenido en 24 mil o menos. Si esto puede ser un punto de inflexión, que marque una nueva tendencia, es algo que ahora no se puede asegurar. Lo que sí se puede señalar es que, mientras la cifra negra no muestre esa misma tendencia, no puede hablarse de que las cosas pueden empezar a cambiar.

Se necesita que las instituciones re-nueven su accionar para conseguir que la gente confíe en ellos y los alimente de información (porque una denuncia es básicamente eso: proveer información a la autoridad para orientar su actos). Si obtienen esa información y hacen con ella lo correcto es que las cosas pueden empezar a cambiar. Una autoridad informada, que aplique los datos recibidos para investigar, armar operativos, dar seguimiento y presentar a la justicia a los responsables es lo único que podría hacer cambiar las actuales condiciones y tendencias.