La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus ha provocado que los sujetos obligados a transparentar su información hayan acumulado más de 10 mil solicitudes de información que se empezarán a atender legalmente a partir del próximo 3 de agosto, si las condiciones lo permiten.
Esta situación ha dificultado el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, pues la mayor parte de los sujetos obligados han aprovechado la crisis para no actualizar la información de sus portales, aún cuando una buena parte está digitalizada.
Sin embargo, éste no ha sido el único servicio paralizado, pues todos los tribunales de justicia han permanecido en pausa y sólo el Poder Judicial operó parte de sus servicios a través del Tribunal Electrónico, mientras los órganos electorales resolvieron asuntos de manera digital para no dañar derechos.
Tampoco operaron los órganos de control como el Órgano Superior de Fiscalización, las Contralorías, la Secretaría de la Función Pública ni la Auditoría Superior de la Federación para la rendición de cuentas. Apenas en este mes se reactivaron plazos de la ASF y SFP y empezaron a requerir la solventación de posibles desvíos.
Trámites como las jubilaciones en IMSS, ISSSTE e Issemym, licencias, permisos y otros apenas se están reactivando. Además, están por reabrirse nuevamente las verificaciones vehículares; lo que no se suspendió fue el pago de impuestos, ni estatales ni federales, aunque hubo algunas prórrogas y los niveles de recaudación bajaron, especialmente el de tenencia.
El coronoavirus no sólo causó el cierre de empresas y pérdida de empleos, también prácticamente paralizó al sector público de los tres niveles de gobierno.
No se pudieron frenar las quejas por el mal servicio de salud, tanto del personal médico –quienes denunciaron la falta de condiciones para realizar su trabajo seguro– como de los usuarios.
Transparencia detenida
Desde el 23 de marzo y hasta el 31 de julio se encuentran suspendidos los términos y plazos procesales que se contemplan en la Ley de Transparencia de la entidad, por determinación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México (Infoem).
El plazo tentativo para reanudar actividades hasta el momento es en agosto, pero todavía se puede dictar una nueva medida del pleno del Instituto, lo cual dependerá de si han reanudado labores en el sector público, para que los encargados de las unidades puedan responder.
La primera suspensión de plazos arrancó el 23 de marzo. Desde entonces los 333 sujetos obligados a transparentar su información no han tenido que atender las solicitudes de información que se presentaron en abril, mayo, junio y todo julio, además de las que estaban en término durante el mes de marzo.
Aunque normalmente la información se actualiza de manera trimestral, prácticamente ningún sujeto obligado cumplió con hacerlo y mantuvieron sus portales con datos del 2019.
La suspensión del plazo, indicó el comisionado de transparencia José Guadalupe Luna Hernández, no quiere decir que estuviera prohibido atenderlas, simplemente que no se contabilizan los días ni se les puede considerar como falta porque al no estar en las oficinas se dificulta tener a la mano la información que pide el usuario.
Pero esto no ocurre en todos los casos, hay información ya “cargada” y la cual pudieron atender o está lista para entregarse tan pronto se levante la contingencia, lo que se une a estrategias para resolver en los tiempos que marca la ley cada una de las peticiones que se han acumulado. También consideró que no hay pretexto para que no se actualicen los portales de transparencia con la información considerada pública de oficio.
Legalmente, las respuestas deben estar en un plazo máximo de 15 días hábiles y, en casos especiales, con una prórroga única de siete días que no pueden modificarse porque así quedaron establecidos en la Ley de Transparencia.
“Lo que está suspendido es el tema de los plazos para desahogo de las solicitudes de acceso a la información, los recursos de revisión, los plazos para la carga de información en la plataforma de Ipomex que es la que alimenta la plataforma nacional de transparencia” apuntó.
Pero no sólo se suspendieron plazos en materia de transparencia, también en los juzgados, tribunales laborales y administrativos para privilegiar la salud del personal y de los usuarios.
El instituto tiene una ventaja: que sus procedimientos están la mayor parte automatizados, pero no el suministro de la información; aunque el usuario desde su casa puede hacer una solicitud, el sujeto obligado no siempre tenía a la mano los datos para responder y la posibilidad de atender cada uno de los casos en los plazos establecidos se rompía.
Algunos sujetos obligados han aprovechado las prórrogas para ni siquiera actualizar datos básicos como la nómina, las remuneraciones viáticos y otros gastos.
Apenas hace unas semanas el gobierno estatal abrió un portal ciudadano donde dan a conocer las compras que han hecho las distintas dependencias y organismos auxiliares, nombre de proveedores, costos, aunque la mayor parte de los casos no especifican, ni detallan el gasto por artículo.
Los municipios, como cada trienio, son los entes que menos información publican, y los que menos han actualizado su información. Para muchos la opacidad es una práctica cotidiana y la pandemia al parecer ha sido un pretexto para no cumplir con los plazos, ni con las obligaciones que les establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Denuncian mal servicio y falta de insumos
La Contraloría estatal ha recibido más de 220 denuncias en contra de instituciones o servidores públicos del sector salud, como el ISEM, Issemym, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y el Instituto Materno Infantil.
Al menos 48 de estas fueron presentadas por derechohabientes que se quejan de la falta de atención y medicamentos, pues no había médicos disponibles, por lo que nadie los atendió; 47 corresponden al personal médico y enfermeras que se quejaron de la falta de insumos para prestar el servicio sin riesgo; 70 más fueron del personal que atendió casos de covid-19, entre otros 55 casos variados.