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La crisis política de Nicaragua desde 2018

Daniel Ortega se postula entonces para un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre, con un contexto complicado para una oposición duramente castigada

A continuación, los aspectos más relevantes de la crisis política en Nicaragua, desde las protestas contra el gobierno reprimidas en 2018 hasta las detenciones de varios opositores, incluidos posibles candidatos presidenciales, cinco meses antes de las elecciones.

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Protestas reprimidas

En 2018, Nicaragua se vio sacudida por una ola de protestas que exigían la renuncia del presidente Daniel Ortega, exguerrillero sandinista en el poder entre 1985 y 1990 y nuevamente desde 2007; así como de su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta desde 2017. 

Los manifestantes acusaban a la pareja presidencial de haber instaurado una “dictadura” marcada por la corrupción y el nepotismo. 

La comunidad internacional denunció la violenta represión de las protestas, en las que murieron 328 personas, según la CIDH. 

Cientos de opositores fueron encarcelados y más de 100.000 nicaragüenses se exiliaron. 

Sanciones

Washington impuso sanciones al gobierno y al círculo íntimo del presidente Ortega durante las manifestaciones de 2018.

En junio pasado impuso nuevas sanciones contra tres funcionarios nicaragüenses y la hija del presidente, al tiempo que acusó al régimen de socavar la democracia y abusar de los derechos humanos.

Y más recientemente la Unión Europea también impuso nuevas sanciones a Murillo, su hijo Juan Carlos y seis funcionarios del gobierno por “graves violaciones de derechos humanos”.

Nuevo arsenal legal

En octubre de 2020, un año antes de las elecciones presidenciales, los diputados oficialistas presentaron dos proyectos de ley denunciados tanto por la comunidad internacional como por defensores de los derechos humanos y la libertad de prensa.

El primero preveía el registro como “agente extranjero” de cualquier persona o entidad que recibiera fondos del exterior, incluidas oenegés, lo que se tradujo en un estrecho seguimiento y una severa restricción de los derechos civiles y políticos.

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El segundo sancionaba con penas de prisión la “publicación o difusión (en redes sociales) de información falsa (o) distorsionada, susceptible de sembrar preocupación, angustia o miedo entre la población”. 

En diciembre, el parlamento aprobó otra controvertida ley excluyendo de las elecciones de 2021 a quienes promovieran sanciones extranjeras contra Nicaragua, en claro ataque a la oposición. 

Convocatoria a elecciones

En mayo de 2021, el Parlamento aprobó la composición del nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) integrado por magistrados favorables al gobierno, con miras a unas elecciones en las que el presidente aspirará a un cuarto mandato consecutivo. 

El CSE convocó a las elecciones para el 7 de noviembre, a pesar de las críticas de la oposición y la comunidad internacional por la falta de garantías para asegurar un proceso justo y transparente. 

Detención de opositores

En el el último tramo del camino hacia las próximas elecciones, el gobierno ha arremetido contra la oposición practicando una serie de arrestos.

El 2 de junio, la periodista Cristiana Chamorro, que despuntaba como la aspirante con mayores posibilidades contra Ortega en la carrera presidencial, fue puesta bajo arresto domiciliario acusada de lavado de dinero. 

Chamorro es hija de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro y de Pedro Joaquín Chamorro, héroe de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza (1937 a 1979). 

En los días siguientes fueron detenidos otros cuatro posibles candidatos presidenciales: el politólogo Félix Madariaga, el economista Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana) y el exdiplomático Arturo Cruz. 

También fueron arrestados disidentes sandinistas, miembros de la sociedad civil y empresarios. 

“Dictador”

La principal diplomática estadounidense para América Latina, Julie Chung, expresó en su cuenta de Twitter que los arrestos “deberían resolver cualquier duda restante sobre las credenciales de Ortega como dictador”.

Washington impone sanciones a cuatro familiares de Ortega y exige, al igual que la ONU, España y la Unión Europea, la liberación de los opositores. 

A mediados de junio, el gobierno acusa a los posibles candidatos presidenciales detenidos de ser “usurpadores” financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente.

El día 20 fue detenido un quinto candidato, el periodista Miguel Mora, como parte de una investigación por ataques a la soberanía nacional. 

Días después fueron arrestados otros dos aspirantes a la presidencia, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

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Otra vez candidato

El 2 de agosto se anuncia que Ortega (75 años) y su esposa (70) fueron registrados como los candidatos de la alianza “Nicaragua triunfa”, del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda), después de que un congreso partidario que les ratificara como su fórmula presidencial.

Ortega se postula entonces para un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre, con un contexto complicado para una oposición duramente castigada y nuevamente con su esposa como compañera de fórmula.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) cerró el lunes el plazo para registrar a los candidatos de partidos y alianzas electorales en un clima de tensión entre el gobierno socialista y todo el abanico opositor.