Ley de movilidad 6 años sin ser aplicada en el Edomex

Ley de movilidad 6 años sin ser aplicada en el Edomex
La movilidad en la entidad continúa siendo peligrosa para peatones y ciclistas; además de inaccesible, altamente contaminante y la más insegura del país

En el marco del parlamento abierto para la creación de la nueva Constitución del Estado de México, activistas a favor de la movilidad sustentable se han posicionado para integrar el derecho a la movilidad y el derecho a la ciudad como fundamentos para la ley que rija este rubro. Sin embargo, algunas disposiciones incluidas en la última reforma realizada a la Ley de Movilidad vigente no se han implementado aún.

La última reforma a dicha ley, aprobada y publicada en agosto del 2015, incluye principios como seguridad, accesibilidad y sustentabilidad, así como las jerarquías que priorizan la movilidad peatonal y ciclista. No obstante, seis años después la movilidad en el Estado de México continúa siendo peligrosa para peatones y ciclistas, inaccesible, altamente contaminante y la más insegura del país.

Te recomendamos: Reprueba Toluca en movilidad sostenible durante la pandemia

Feo, caro y peligroso

Entre otras modificaciones la reforma del 2015 cambió el modelo conocido como “hombre – camión” por uno que buscaba la concesión por rutas. De hecho, el artículo 41 de la Ley de Movilidad estableció el canje de concesiones “individuales” por concesiones “únicas de corredor de mediana capacidad”. Hasta ahora, no se ha hecho efectiva esa reforma.

Para el arquitecto y activista Dante Álvarez la aplicación de las normativas actuales plasmadas en la Ley de Movilidad podría generar beneficios como la reducción de muertes por incidentes viales:

“Las políticas de movilidad urbana neoliberales y el corporativismo político trajeron como consecuencia la brutal guerra del centavo, donde operadores no tienen prestaciones mínimas de ley y compiten por pasaje en rutas traslapadas, causa constante de siniestros viales”

Sobre la pirámide que establece la jerarquía, Álvarez considera imperativo el etiquetado de recursos desde la legislatura local para garantizar los presupuestos para movilidad de manera proporcionada que beneficie al grueso de la población”.

De acuerdo con el Centro Mario Molina, en el Valle de Toluca más del 60 por ciento de los viajes que se realizan son en transporte público y solo el 16 por ciento en automóvil particular.

Además, tan solo durante los primeros 6 meses del 2021, en el Edomex se han cometido 3 mil 468 robos en el transporte público, más del 92 por ciento cometidos con violencia.

Servicios irregulares al margen de la ley

La falta de un sistema de transporte público eficaz ha provocado la aparición de modelos, como el taxi colectivo y el moto taxi que operan de manera irregular y traen por consecuencia problemas que van desde el hacinamiento, robos, violaciones y hasta feminicidios explicó Dante Álvarez.

El Artículo 34 de la Ley de Movilidad define en su clasificación del servicio de transporte público a los taxis como “vehículos tipo sedán con cinco puertas, con capacidad máxima de cinco personas” y detalla que “no pueden realizar servicio colectivo”.

Tal vez te interese: Propone Congreso Local poner en orden a más de 30 mil mototaxis en el Edomex

Derivado de la contingencia ambiental que se experimentó en el 2019, en el municipio de Toluca se determinó la suspensión del servicio de taxis colectivos en la zona centro de la capital. Sin embargo, la determinación fue finalmente ignorada por lo que sitios irregulares de taxis continúan operando de manera normal en esta zona.

Al norte del municipio, en las delegaciones de San Mateo Otzacatipan y San Pedro Totoltepec se han conformado flotillas de moto taxis, motocicletas adaptadas para el transporte de pasajeros que no cuentan con ninguna regulación, y, a decir de la arquitecta Susana Bianconi, son un riesgo para los usuarios.

Sin apoyo municipal

El artículo 4 de la Ley de Movilidad instruye a los municipios a realizar acciones encaminadas a lograr los objetivos de los ejes antes mencionados (seguridad, accesibilidad, sustentabilidad…), sin embargo, y al menos en el caso de los actuales gobiernos municipales en el Valle de Toluca, no se ha logrado avanzar, por el contrario han existido retrocesos en material de movilidad.

En diciembre del 2020, el alcalde de Toluca Juan Rodolfo Sánchez Gómez informó la construcción ciclovías en “varias” avenidas del municipio, pero fue hasta el 6 de abril cuando el gobierno estatal comenzó la instalación de delineadores sobre la calle José Vicente Villada, sin embargo, los trabajos serían frenados sin que hasta el momento exista un tramo concluido.

Te recomendamos: Proyecto de ciclovías emergentes avanza en Toluca… después de 5 meses detenido

Pese a que se han llevado a cabo distintas manifestaciones que buscan agilizar la construcción de una red de ciclovías en la capital mexiquense, el gobierno encabezado por Sánchez Gómez ha hecho caso omiso de las exigencias, y más bien ha descuidado la infraestructura existente, como la de la ciclovía de la calle Hidalgo, en donde se han perdido tramos a causa de la falta de mantenimiento.

Desarrollo urbano

La Ley de Movilidad también establece lineamientos para el desarrollo urbano. En su artículo 27 dicta como ejes:

  • Impulsar usos del suelo mixto con el objeto de lograr una correlación entre las zonas habitacionales, los espacios abiertos y las actividades económicas
  • Desarrollar viviendas, trabajo, educación, esparcimiento y servicios a distancias caminables entre ellas, promoviendo un transporte público de alta calidad que asegure un servicio frecuente, rápido y directo

Sobra decir que dichos lineamientos tampoco se han cumplido.

Se estima que solamente en Toluca desde los años 80 la mancha urbana creció 26.9 veces, mientras la población nada más aumentó 4 veces su tamaño, de acuerdo a la arquitecta Sarah Topelson.

A través de un comunicado, el colectivo No al tarifazo informó su postura frente a la nueva constitución mexiquense y el papel de la Secretaría Técnica para definir los lineamientos que determinen las políticas públicas de movilidad: “… el Estado garantizará este derecho [a la movilidad] distribuyendo con justicia el espacio público y la inversión en infraestructura sustentable, democrática, priorizando grupos vulnerables y el bienestar social”.