La red del silencio

La red de protección a huachicoleros

El nombre del priista Abuzeid Lozano Castañeda, dos veces alcalde de Ixtlahuaca entre 2012 y 2024, aparece de forma insistente en diversas indagatorias sobre la protección política a una de las mayores bandas dedicadas al robo de combustible y al lavado de activos en el norte del Estado de México. No se trata de una simple mención: su nombre se repite, cruza expedientes, y resuena en círculos de inteligencia financiera. No está solo.

También se investiga la actuación de quienes gobernaron antes y después: Elda Gómez Lugo, Ángel Rebollo, Juan Carlos Bautista, Juan Luis Solalinde y hasta la actual presidenta, María Guadalupe Díaz Avilés. Todos han sido citados, directa o indirectamente, en la revisión de permisos, omisiones, operaciones irregulares o simplemente, silencios prolongados frente a una estructura que parece haberse enraizado en la región con la fuerza de lo impune.

No se trata de acusar sin pruebas, pero sí de mirar sin miedo. Porque si desde un municipio rural pudo tejerse semejante red criminal durante más de una década, es que la complicidad no era excepción: era sistema.

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Mil doscientos millones… y nadie vio nada

La red criminal que operaba desde Ixtlahuaca para robar combustible y lavar activos no era marginal ni improvisada: generaba, según reportes oficiales y periodísticos, mil doscientos millones de pesos al año. Esa cifra no es simbólica: equivale al presupuesto anual de un municipio entero. Un negocio así no se oculta en una mochila. Exige logística, infraestructura, protección política… y muchos ojos que decidan no ver.

¿Dónde se lavaba ese dinero? ¿Cómo circulaba sin ser detectado por bancos, notarías, constructoras o sistemas de control gubernamental? ¿Cuántos funcionarios, líderes locales y operadores financieros tuvieron que hacer silencio —activo o pasivo— para que semejante caudal fluyera año tras año?

Durante más de una década, el elefante estuvo en medio de la sala. Era inmenso, ruidoso, visible. Y sin embargo, fue ignorado con la precisión de quien sí lo ve, pero no puede —o no quiere— decirlo. El huachicol en Ixtlahuaca no era solo crimen organizado: era crimen tolerado. Y esa tolerancia tiene nombre, apellido… y cargo público.

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Red de poder y huachicol en Jilotepec

El alcalde priista Rodolfo Noguès Barajas y su director de Seguridad Pública, Luis Antonio Vega Martínez, se encuentran bajo fuertes señalamientos por presunta complicidad con una de las redes criminales más sofisticadas del robo de combustible en el norte del Estado de México. Ambos aparecen vinculados, directa o indirectamente, a las estructuras de protección que permitieron operar con impunidad a la banda encabezada por Cirio N. y Luis Miguel “El Flaco de Oro” N., detenidos recientemente por autoridades federales.

No se trata solo de omisiones o negligencias: los informes disponibles apuntan a una participación activa en el blindaje institucional de las operaciones clandestinas. La red que permitió que ese delito floreciera no se sostiene sin apoyo político local. Y en Jilotepec, el control del territorio ha estado, por décadas, bajo la tutela de cacicazgos que ven en la presidencia municipal no una responsabilidad pública, sino un eslabón más de su maquinaria de poder.

La captura de los líderes criminales abre una ventana para depurar, pero también pone bajo lupa a quienes han protegido, solapado o facilitado. La justicia no puede detenerse en los operadores. Si no se toca a quienes sostienen las redes desde la política, el ciclo se repetirá. Y con cada repetición, la legitimidad institucional se va perdiendo… litro a litro.

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Lo que la justicia debe devolver

La reciente reconfiguración del Poder Judicial del Estado de México no puede entenderse solo como relevo de nombres o rotación de sillas togadas. El cambio debe tener una contraprestación clara y medible para la sociedad. La justicia no se justifica por su jerarquía, sino por su utilidad pública, su cercanía ética y su eficacia institucional.

Desde una perspectiva técnica, el nuevo Poder Judicial tiene frente a sí tres desafíos estructurales inmediatos:

1. Transparencia sustantiva: abrir no solo datos, sino criterios. Explicar por qué se decide lo que se decide. Traducir las sentencias, no solo transcribirlas.
2. Accesibilidad real: la justicia no debe ser una geografía lejana ni un lenguaje cerrado. Requiere defensorías eficaces, jueces sensibles y procesos comprensibles para el ciudadano común.
3. Combate frontal al nepotismo y la corrupción sistémica: el tribunal no puede seguir siendo refugio de redes familiares ni agencia de colocaciones políticas. La ética institucional debe volver a ser norma, no excepción.

El cambio en el Judicial no es un fin. Es un medio. Y su legitimidad no se construye con discursos, sino con resoluciones justas, procesos abiertos y una ciudadanía que deje de temer al sistema de justicia local. El Edomex no necesita un nuevo tribunal de élite: necesita una justicia que, por fin, sirva a los de abajo.

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Montiel y la nostalgia del poder

Arturo Montiel Rojas —exgobernador del Estado de México y patriarca del viejo régimen priista— reunió recientemente a lo que queda de su círculo dorado: exfuncionarios, operadores, leales de toda la vida. El más joven de los asistentes frisa los 60; el propio Montiel tiene ya 82. Lo llamaron “reencuentro”, pero huele más a tentativa de reorganización. ¿Para qué? ¿Para quién?

Con todo respeto a los venerables, su tiempo ya fue. No por edad, sino por ciclo histórico. El país —y el Edomex en particular— transita hacia otra lógica institucional. Lo que ayer funcionaba como estructura de poder, hoy apenas se sostiene como red de influencias marchitas. Y si la política es la administración de lo posible, cabe preguntarse qué pueden aportar estas gerontocracias a un presente que exige movilidad social, imaginación democrática y ética pública.

La respuesta puede ser incómoda: no buscan transformar, sino custodiar lo que fue. Preservar privilegios, defender intereses, alargar relevancias. Y en eso radica el problema: si la vieja guardia sigue organizándose mientras el nuevo régimen no se decide a cerrar ciclos con firmeza, lo que se fractura no es el PRI, sino la esperanza del cambio.

Sería más coherente ver allí a sus hijos, a sus nietos, o incluso a quienes quieran disputar el porvenir desde otras coordenadas. Porque cuando el futuro es planeado por los protagonistas del pasado, lo más probable es que lo único que renazca… sea el statu quo.