La “nueva metodología” para la clasificación y reporte de la incidencia delictiva: un viejo engaño
El 25 de julio de 2016, la Secretaría de Gobernación anunció el inicio del Programa de Capacitación sobre la Nueva Metodología para la Clasificación y Reporte de la Incidencia Delictiva para Fines Estadísticos; se dijo entonces que la nueva metodología “sustituiría al antiguo formato y sistema de registro de incidencia delictiva, que data de 18 años de uso”.
Oficialmente se anunció que esta nueva metodología entraría en vigor en enero de 2017, y que posibilitaría contar con información homologada de “mayor calidad”, basada en normas técnicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y consistente con estándares internacionales, como el Manual para la Elaboración de Estadísticas sobre Justicia Penal de la ONU.
Se explicó que entre las mejoras se contaría con registros sólidos en delitos como secuestro (y tipos penales relacionados), robo de autopartes, delitos medioambientales, trata de personas y feminicidio.
Igualmente, se dio a conocer que los niveles de clasificación permitirían la distinción de los delitos dolosos o culposos, de los bienes jurídicos afectados, y brindarían información desagregada por sexo y grupos de edad, entre otros elementos.
Pero, casi recién terminado el primer trimestre de 2017, es un hecho incontrovertible que la estadística de la incidencia delictiva no ha cambiado y tampoco revela la realidad de la incidencia delictiva producto de la violencia en el país.
Hace unos años Edna Jaime, directora de México Evalúa, formuló una sentencia lapidaria: “sin buena información no hay medición; sin buena medición no hay credibilidad, sin credibilidad no hay resultados”.
La capacitación inadecuada es otro factor a considerar en las fallas y la deficiente metodología, lo cual se suma a la falta de criterios armonizados y homologados en las entidades. Por citar un ejemplo: hace algunos años, estados como Campeche –quién sabe cuántos más– no reportaban el robo de motocicletas como parte de la estadística del robo de vehículos; consideraban que no era trascendente y minimizaban este tipo de robo (que es frecuente en la entidad).
El secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene más de dos décadas de creación. Desde sus inicios hasta las pifias con la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, su labor en esta materia sigue siendo cuestionable: es más su retórica que la aportación a la construcción de un eficaz reporte de incidencia delictiva. Imprecisiones, errores y quizá hasta dolo en la construcción de cifras ponen en duda la supuesta metodología para el reporte delictivo.
Un análisis realizado por uno de los especialistas en materia de seguridad del IMCO, Alejandro Hope, señaló que en 2013 el INEGI registró más de siete millones de extorsiones, mientras que el reporte de la incidencia delictiva sólo registró siete mil.
Entre los casos que no se denuncian; aquellos en que la autoridad no inicia averiguaciones previas o carpetas de investigación, y los casos que “duermen el sueño de los justos” y se registran como “denuncia de hechos”, seguimos en un espacio vacío que no construye, que no aporta nada a las políticas en materia de seguridad preventiva. El modelo de seguridad y de contención a la violencia sigue siendo reactivo.
Asimismo, hay otro elemento que no se ha tomado en cuenta; una variable determinante en la incidencia delictiva: el factor humano. La pereza, la ignorancia, el desinterés e incluso la mala fe de quienes tienen a su cargo la calificación de los hechos presumiblemente constitutivos de delito –es decir, los ministerios públicos– pero que descargan su responsabilidad en los secretarios (en el mejor de los casos) o en los llamados meritorios, es decir, jóvenes que realizan su servicio social o están a la espera de una oportunidad laboral, y que desempeñan funciones sin salario alguno.
Y, mientras tanto, la nueva metodología no ha llegado.
Nos leemos en otra semana caótica.
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