Las trampas del progreso: PPS en el Edomex

Pocas palabras tienen un sonido tan neutro como “PPS”. En el diccionario político-administrativo del Estado de México, la sigla se desliza sin ruido, sin escándalo, sin titulares. Y sin embargo, esconde uno de los mecanismos de endeudamiento más lesivos, opacos y sofisticados que haya padecido el erario mexiquense en los últimos veinte años. PPS significa “Proyecto de Prestación de Servicios”, aunque su significado real, para los mexiquenses, debería traducirse como: “Pagamos Pero Sin saberlo”.

Bajo el nombre técnico de Asociaciones Público-Privadas (APP), los PPS fueron introducidos como alternativa al endeudamiento directo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el beneplácito del Congreso local y la bendición de las grandes constructoras. El esquema prometía modernizar infraestructura sin contratar deuda formal: el gobierno encargaba a empresas privadas la construcción de hospitales, reclusorios, centros culturales o vialidades, y a cambio se comprometía a pagarles —por dos o tres décadas— un monto fijo anual por su uso y mantenimiento. Una trampa perfecta: se generaba deuda sin que apareciera como tal en los libros contables del estado.

A la fecha, el Estado de México paga más de 6 mil millones de pesos al año por los PPS contratados en el pasado. No son servicios: son rentas disfrazadas. Ejemplos sobran: el Hospital Regional de Zumpango, el Centro Cultural Mexiquense de Texcoco o el reclusorio de Tenango del Valle. Todas estas obras, construidas por privados, siguen siendo pagadas con recursos públicos, a sobreprecios calculados por la Auditoría Superior de la Federación. El caso del hospital de Zumpango es paradigmático: su costo original se ha multiplicado varias veces, y los pagos seguirán hasta 2035, aunque el modelo ya esté rebasado.

¿Quién ganó? Las constructoras cercanas al poder, los operadores financieros del régimen anterior, los notarios que legalizaron las concesiones, los legisladores que aprobaron sin leer los contratos. ¿Quién perdió? Usted, lector. Porque cada peso destinado a esos pagos es un peso menos para salud pública, para educación o para obra nueva.

A diferencia de una deuda tradicional, que puede reestructurarse o incluso auditarse con claridad, los PPS están blindados por contratos leoninos. Si el gobierno busca cancelarlos, debe pagar penalizaciones multimillonarias. Si decide renegociarlos, se enfrenta a consorcios legales preparados para la guerra jurídica. Pero seguir pagándolos también es una forma de claudicar.

La lógica del gobierno de la 4T en el Edomex se ha sostenido en una premisa clara: austeridad, eficiencia y ética. Bajo esa lógica, los PPS son indefendibles. No solo por el monto, sino por el principio: no se puede hablar de justicia social mientras se sangra al presupuesto para enriquecer a privados bajo contratos heredados de la corrupción.

Llegó el momento de romper el hechizo técnico que protege a estos instrumentos. Cancelar los PPS —o renegociarlos radicalmente— no es una ocurrencia: es un acto de congruencia, de sanidad financiera y de compromiso con la verdad. En el Estado de México no puede haber transformación sin una revisión profunda de las formas ocultas del saqueo.

Llamar a las cosas por su nombre es el primer paso para liberar al pueblo de sus deudas invisibles.