Toluca, México; 25 de junio de 2018. El 19 de enero pasado, Carolina Monroy del Mazo pidió licencia como diputada federal, lo hizo luego de despachar durante dos años y cinco meses en una curul y donde se caracterizó por su discreta labor y baja rentabilidad legislativa. Y es que, en dos años y cinco meses como diputada, sólo participó en catorce iniciativas, pero sólo cuatro fueron de su autoría, en las otras diez sólo se “colgó” de las iniciativas de otros diputados, adhiriendo su nombre en cuatro y firmando en mancuerna en seis, convirtiéndose en una de las diputadas menos productivas de la Cámara de Diputados.
Pero no sólo eso, en lo que se refiere a puntos de acuerdo presentados, Monroy del Mazo sólo aparece con dos, uno de su puño y letra, presentado el 13 de octubre de 2015 para, “instaurar un Comité para la creación del Código de Ética y Conducta Parlamentaria”, mientras que su otro punto de acuerdo se limitó a suscribir, junto con otros diputados.
Por si fuera poco, de las quince iniciativas en las que participó la prima del presidente Enrique Peña nieto y del gobernador Alfredo del Mazo Maza, sólo seis lograron ser aprobadas, cuatro permanecen con estatus de pendientes, tres fueron desechadas y una fue retirada.
La página de la Cámara de Diputados federal también detalla que de las cuatro iniciativas que fueron autoría de Carolina Monroy del Mazo, sólo una fue aprobada, las otras cuatro fueron desechadas antes de ser discutidas.
La única iniciativa de Monroy del Mazo que fue aprobada en su etapa de diputada federal fue para “expedir el Código de Ética y Conducta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión”, fue aprobada el 29 de abril de 2016 y tenía como objetivo “crear un ordenamiento jurídico con el objeto de hacer explícitos los principios éticos que deberán observar las diputadas y diputados durante el tiempo que ostenten este cargo de representación popular, así como las conductas sancionables, las sanciones y los procedimientos para el trámite, investigación y resolución de las quejas”.
De las cuatro iniciativas de su autoría y que le fueron rechazadas, una fue presentada el 7 de abril de 2016 y se trató de un proyecto de decreto para reformar los artículos 109 y 116 de la Constitución que buscaba establecer que, “la investigación y substanciación de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de elección popular del poder Legislativo, derivadas de conductas graves, estará a cargo de un órgano colegiado integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”.
El 21 de febrero presentó un proyecto de decreto para reformar el artículo 41 de la Constitución, para garantizar la representación indígena y respecto de las candidaturas a legisladores locales, y establecer como uno de los requisitos que el candidato hable una lengua indígena. De acuerdo con la página de la Cámara de Diputados, el mismo 21 de febrero volvió a presentar el proyecto de decreto para reformar los artículos 109 y 116 de la Constitución para, “establecer que la investigación y substanciación de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de elección popular del Poder Legislativo, derivadas de conductas graves, estará a cargo de un órgano colegiado integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, pero una vez más le fue rechazado.
A pesar de su baja rentabilidad en el trabajo legislativo, Carolina, al igual que el resto de los diputados no tuvo problema para cobrar puntualmente los 74 mil 672 pesos que tienen de dieta mensual, 45 mil 786 de asistencia legislativa y los 28 mil 772 pesos que se embolsan de asistencia ciudadana, entre otras prestaciones.