Detenida en noviembre del año pasado, fue liberada la policía judicial de Puebla, María Irene Arteaga Rangel, involucrada en los hechos de tortura que se cometieron en contra de la periodista Lydia Cacho hace 15 años en esa entidad, lo que causó malestar a Artículo 19, que asumió el caso en defensa de los derechos de la también activista.
La implicada en esos hechos obtuvo resolución favorable de la magistrada del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún, Quintana Roo, con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto formal prisión dictado por el Juez Segundo de Distrito de esta entidad, destaca el portal de Aristegui Noticias.
Sobre este hecho, la organización Artículo 19, que había exigido a la Fiscalía General de Justicia la detención de los autores intelectuales de los actos de tortura sexual cometidos contra la periodista, expresó su indignación por la liberación de Arteaga Rangel.
“Resulta sorprendente que la misma magistrada María Elena Suárez Préstamo, quien atendiendo a los más altos estándares de derechos humanos el 11 de abril de 2019, dictó las órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif, Hugo Adolfo Karam y Juan Sánchez Moreno, en esta ocasión argumente que la policía no puede ser penalmente responsable por el delito de tortura toda vez que ella “solamente” atestiguó dichos actos cometidos por terceros, pero que ella no cometió directamente”
La organización que defiende la libertad de prensa, agregó que “la magistrada contradice abiertamente la legislación aplicable, misma que señala con claridad que es responsable de este delito quien “no evite que se cometan dichos actos [tortura] sobre una persona que esté bajo su custodia”.
Puntualizó que la misma magistrada, que tiene conocimiento pleno del caso desde que libró las órdenes de aprehensión contra los autores intelectuales de la tortura sexual, “omite abiertamente circunstancias esenciales sobre lo sucedido contra Lydia. Las mujeres policías formaron parte de un “plan emergente” para tratar de engañar a la opinión pública haciendo parecer que la periodista estuvo acompañada por ellas desde Cancún y durante 20 horas. Esta situación resulta comprobada para la magistrada hace un año. Aunado a ello, las policías que participaron en el engaño presenciaron actos de tortura de índole sexual, lo cual no le parece grave a la funcionaria judicial.”
“Lo anterior, además de afectar el derecho de acceso a la justicia para Lydia Cacho Ribeiro, sienta un funesto precedente para las víctimas de tortura en este país, que desafortunadamente se cuentan por miles en razón de constituir una práctica generalizada de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.
De seguir el razonamiento de la magistrada se exculparía a decenas de funcionarios que mediante diversas formas de autoría y participación son corresponsables de este delito, mismo que además constituye una violación grave al derecho a la integridad personal. Debemos dejar en claro que la omisión de funcionarios públicos para frenar o denunciar la tortura cometida por terceros sí los hace responsables de este delito.
Todo lo anterior de ninguna manera exonera o resta responsabilidad a los hoy prófugos Mario Marín, Kamel Nacif y Hugo Adolfo Karam.
Ante esta situación, la representación legal de Lydia Cacho, asumida por Articulo 19, agotará los recursos legales pertinentes.