La Procuraduría del Estado de México liberó dos órdenes de aprehensión contra José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, quien, en días pasados junto con su agrupación realizó una manifestación en el edificio de Inteligencia Financiera advirtiendo que las adquisiciones de los inmuebles de Angélica Rivera Hurtado y de Luis Videgaray Caso, contravienen las convenciones de Viena y de Palermo, así como también las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), por lo cual el funcionario federal debería renunciar al cargo que ostenta, ya que la adquisición de estos inmuebles podrían constituir el delito de lavado de dinero.
Los procesos de aprehensión surgen de una manifestación anterior, cuando miembros del Frente cerraron la carretera a la Marquesa para denunciar diversas irregularidades en materia de vivienda en la entidad; sin embargo estas órdenes revivieron tras solicitar la renuncia de Videgaray Caso. “Es preciso aclarar que los gobiernos de la tecnocracia neoliberal siempre han aplicado los criterios de política económica que establecen tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), como el Banco Mundial, los tecnócratas como: Luís Videgaray Caso son muy rigurosos para cumplir los tratados internacionales comerciales, para estar en los estándares de la economía mundial globalizada, pero son omisos para cumplir con los Instrumentos Internacionales en Materia de Lavado de Dinero y que el gobierno mexicano ha suscrito con la Comunidad Internacional, concretamente: la Convención de Viena, la Convención de Palermo y las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, mejor conocido como el GAFI”.
Humbertus Pérez Espinoza señaló que la información publicada por el periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), dio a conocer el pasado 11 de diciembre de 2014, que: “El Secretario de Hacienda y Crédito, Luís Videgaray, adquirió una vivienda valuada en 7.5 millones de pesos en el estado de México al mismo empresario que financió la llamada “Casa Blanca” a la Primera Dama Angélica Rivera”. El rotativo señala que: “La casa de 850 metros cuadrados, ubicada en el club de golf a las fueras de Malinalco, fue adquirida por el funcionario bajo el mismo esquema que realizó Angélica Rivera, un préstamo de 532 mil dólares por parte de H&G, de Juan Armando Hinojosa, dueño del Grupo Higa”, el periódico estadounidense continúa señalando que: “De acuerdo con los registros de propiedad revisados por el rotativo, el Secretario compró la casa en 581 mil dólares en ese momento, lo cual incluye un pago inicial y una hipoteca con “H&G” a 18 años”.
La publicación cuestiona lo siguiente: “la transacción fue inusual, pues en lugar de adquirir el crédito con un banco, lo obtuvo directamente de la empresa de Hinojosa, que ha sido señalada de haber ganado diversos contratos de obra pública en el Estado de México cuando Peña fue gobernador de la entidad”. Cuando el rotativo estadounidense señala que la casa de Malinalco propiedad de Luís Videgaray fue adquirida bajo el mismo esquema que el realizó por Angélica Rivera, y que la transacción fue Inusual, pues en lugar de adquirir el crédito con un banco, lo obtuvo directamente de la empresa de Hinojosa. Estas observaciones para el caso de la “Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”, las expuso el Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna A.C., desde el pasado 2 de diciembre de 2014 cuando realizamos un plantón en las instalaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las operaciones inusuales cuestionadas por el rotativo: WSJ realizada por Angélica Rivera y Luís Videgaray Caso, bajo el esquema de firmar Contratos Simples con Reserva de Dominio, tiene como objetivo ocultar el origen y la procedencia de los bienes inmuebles o garantías. Por este motivo tanto: Angélica Rivera y Luís Videgaray no utilizaron el sistema de banca múltiple o a los Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), para el otorgamiento de: un derecho real o garantía real, es decir de un crédito hipotecario, y muchos menos la protocolización de estas operaciones de compra-venta de bienes inmuebles ante notario público, para que no se avisara o fueran reportadas a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
En virtud de que los créditos con garantía hipotecaria en el caso de Angélica Rivera de 8 años y de Luís Videgaray a 18 años, fueron otorgados por los acreedores: (Ingeniería Inmobiliaria de Centro S.A. de C.V. y “H&G” S.A. de C.V.), que no forman parte del sistema financiero y tampoco son un organismo público de vivienda, para estos casos todas las operaciones que se realicen sobre el mismo esquema serán objeto de aviso a las autoridades financieras y de manera concreta a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Con estas operaciones ilícitas se contravienen los Instrumentos Internacionales en Materia de Lavado de Dinero en dónde el gobierno mexicano forma parte; como la Convención de Viena y que en su artículo 3º Delitos y Sanciones, fracciones I y II, señalan lo siguiente: “Con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones” y “La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes”.