La hipótesis sobre el feminicidio de Luz Raquel Padilla que la Fiscalía de Jalisco presentó esta semana es una muestra de la ineficacia y falta de perspectiva de género que las fiscalías en México siguen ejerciendo, de acuerdo con un análisis de Pié de Página.
En este análisis, realizado por María Ruiz y Daniela Rea, se explica cómo es que las autoridades criminalizan a las víctimas.
«En México se utiliza el término “criminalización” para denunciar cuando servidores públicos responsabilizan a las víctimas de sus propias muertes o del delito que cometieron contra ellas en lugar de realizar una investigación adecuada y digna».
Criminalización
Asimismo, las expertas en género y justicia Rita Canto, Karla Micheel Salas y Emanuela Borzacchiello advierten que se trata de un borrado de los avances conseguidos por las mujeres en su lucha por la justicia.
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La abogada Karla Micheel Salas identifica tres formas existentes de criminalización:
“La primera forma de criminalización es cuando se habla de que la víctima se puso en riesgo, que alguna actividad o su forma de vestir provocaron volverlas víctimas de un delito. La otra forma de criminalización es cuando señalan que fueron suicidios. Y hay otro tipo: donde se les relaciona con drogas, prostitución, cosas que evilen (del adjetivo evil en inglés: malvado) a las víctimas”.
Para la defensora Rita Canto, la criminalización de las víctimas en las fiscalías se ejerce de distintas formas; ya sea cuestionando el hecho de ser mujer, su modo de vida, estado emocional, estado económico, gustos u oficios; además de indagar en sus círculos cercanos elementos que justifiquen el crimen o encontrar la vulnerabilidad de las familias de la víctima para tender hipótesis falsas.
Además, hay otras prácticas que revictimizan y criminalizan; entre ellas están los peritajes hechos a modo, necropsias y autopsias sin fundamentos científicos de manera sistemática. Así como el no reconocimiento de la palabra de las familias y víctimas, las filtraciones a la prensa, el establecimiento de hipótesis como verdaderas por parte de altas autoridades sin haber hecho investigación o los prejuicios de género en contra de las mujeres.
Ejemplos de criminalización
Existen varios ejemplos de criminalización de las víctimas en la historia de la justicia mexicana. Como lo es el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, declarado suicidio sin siquiera realizar un peritaje adecuado. También el caso Narvarte en donde se estigmatizó a las mujeres asesinadas a partir de prejuicios y estereotipos. O el de Debanhi Escobar, en el que una línea de investigación sugiere que cayó a la cisterna donde encontraron su cuerpo.
Para la abogada Karla Micheel Salas, el caso de la defensora Digna Ochoa y el de Luz Raquel Padilla presentan similitudes de criminalización. En ambos casos los servidores públicos plantearon hipótesis que sugerían una previa planificación del crimen por las mismas víctimas; que prácticamente planearon sus asesinatos. En ambos destaca la omisión de investigar debidamente sus muertes violentas.
“Teniendo tantas líneas de investigación como lo son los conflictos vecinales, las amenazas en redes o que sea un crimen de odio por su orientación sexual, que su principal hipótesis se desprenda de la compra de un encendedor, que eso pueda devenir en una inmolación… Me parece que es sumamente preocupante que la fiscalía esté actuando de esa manera. Están sosteniendo una línea de investigación a partir de una serie de prejuicios y no de datos claros”, explica Salas.
Evaluación a funcionarios
Emanuela Borzacchiello, investigadora especializada en feminicidio, explica que estos casos muestran la necesidad de evaluar a los funcionarios constantemente.
“Hoy en día no es verdad que vivimos en la ausencia o en la falta de marcos normativos con perspectiva de género y de derechos humanos. Los hemos ganado con años intensos de duras luchas feministas. Además tenemos marcos nacionales e internacionales, normativas que obligan a las fiscalías a tener personal profesionalizado y sensible. Los estados donde hay alerta de género tienen dinero y están obligados a capacitar al personal en perspectiva de género y derechos humanos. Pero no queremos solo una capacitación, también queremos una evaluación para entender si determinadas capacitaciones funcionan o no y después de la evaluación, tenemos que tener sanciones para los funcionarios que no cumplen”.
¿Por qué las fiscalías siguen cometiendo los mismos errores?
México cuenta con marcos normativos con perspectiva de género –que son parte de una larga lucha de las mujeres por exigir y proteger la vida–; sin embargo, la falla en las investigaciones y las malas prácticas de las fiscalías diluyen estos avances, explica Emanuela Borzacchiello.
En el caso de Luz Raquel Padilla, al revictimizar y criminalizar su cuerpo se están intentando borrar todos los instrumentos de luchas que se han conseguido.
«Quieren reproducir un sistema de justicia antiguo donde la violencia de género y la violencia contra determinados tipos de cuerpos femeninos o feminizados era cotidiana o permanente, borrando así todas nuestras luchas”, denuncia Borzacchiello.
Karla Micheel Salas ve dos elementos que permiten que las autoridades continúen actuando de esta manera.
“La primera es la justificación histórica, no solo desde el derecho sino desde la cultura. Se ha justificado históricamente el asesinato de las mujeres en la forma en cómo son vistas las mujeres. Siempre las mujeres que asesinaban eran las mujeres ‘malas’. A nivel social siempre se responsabiliza a las víctimas y se aminora la responsabilidad de los agresores. La otra razón es la resistencia o misoginia arraigada de los funcionarios públicos que trabajan en las fiscalías”.
Por muchos años no se ha dado la importancia en ocupar recursos institucionales para hacerse cargo de una investigación y se han dado carpetazos buscando resolver de manera fácil los casos.
“Por eso cuando se construye el concepto de feminicidio se obliga a las autoridades a investigar cualquier muerte violenta de mujer lo que le devuelve la importancia que históricamente se ha negado a la vida de las mujeres. Y le dice a las autoridades: ‘tienes que investigar y agotar los antecedentes de violencia’”, recuerda Salas.
Se pueden evitar los feminicidios
De acuerdo con Emanuela Borzacchiello, el caso de Luz Raquel muestra que se pueden evitar los feminicidios, pero es necesaria la protección adecuada de las mujeres.
“¿Por qué si Luz Raquel había denunciado no fue atendida? El poder judicial no emite suficientes órdenes de protección. Es importante saber que los Ministerios Públicos deben tener una tabla de medición de riesgos. Las órdenes de protección están emitidas solo por el poder discrecional del ministerio público; es necesario que a nivel federal tengamos homologadas tablas de medición de riesgos para que se puedan emitir órdenes de protección según criterios emitidos de forma eficaz”.
La investigadora señala que la Alerta de Género ayuda a construir herramientas como las tablas de medición para que los funcionarios sepan actuar cuando atienden a mujeres sobrevivientes de violencia.
En ese sentido, otro aspecto importante es destinar recursos económicos a la prevención y protección de las mujeres. Según información de Fundar, a pesar de que aumentó el presupuesto federal destinado a la igualdad entre mujeres y hombres, se redujo la cantidad destinada a refugios y programas para la atención y prevención de violencia hacia las mujeres.
Alzar la voz, no dejar pasar estos errores
Finalmente, Karla Salas propone alzar la voz y conseguir sanciones sociales ante la ineficiencia por parte de las instituciones.
“Me preocupa todo lo que hay alrededor del caso de Luz Raquel. La afectación es a Luz, a su hijo y sus seres cercanos; pero también hay un mensaje al resto de la sociedad y particularmente a las mujeres: este mensaje de terror de que no estamos seguras en ningún espacio, ni en nuestros hogares, ni en la calle y no hay institución que nos proteja. Y que cuando la autoridad permite la violencia lo que ocurre es que escala la violencia”.