El alcalde opositor Daniel Ceballos seguirá en prisión a la espera de que el jueves los jueces decidan si es trasladado desde la capital a la ciudad de San Cristóbal para ser juzgado.
El arresto de Ceballos, uno de los más visibles opositores al mandatario Nicolás Maduro, y otros burgomaestres se da en el marco de una ofensiva legal del gobierno para obligar a los alcaldes díscolos a evitar el cierre de vías durante las protestas en contra del gobierno que desde hace un mes generan duros enfrentamientos en Venezuela.
"Los jueces que emitieron la orden en San Cristóbal están reunidos decidiendo si lo trasladan o lo dejan en Caracas", dijo a The Associated Press Ronni Pavolini, el asistente del funcionario, quien indicó que en la madrugada del jueves Ceballos fue visitado por varios correligionarios de Voluntad Popular, el partido de que forma parte.
Pavolini informó que la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, estaba paralizada el jueves aunque la alcaldía seguía operando bajo el mando del director general de la misma, Sergio Vaca.
El arresto de Ceballos en la noche del miércoles fue sorpresivo. El funcionario se encontraba en Caracas y fue arrestado pocas horas después de fuertes disturbios que dejaron, según testigos consultados por AP, más de una docena de heridos en la localidad de Rubio, también en Táchira.
El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, dijo que Ceballos enfrentaría cargos por los presuntos delitos de "rebelión civil y agavillamiento", que implica el concurso de varias personas para cometer un delito.
Durante las protestas Ceballos había sido muy franco en sus críticas a la represión de las fuerzas de seguridad en su localidad, que además de ser un bastión de la oposición fue el germen de las manifestaciones que se han multiplicado por toda Venezuela.
Paralelamente, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó el miércoles el encarcelamiento y destitución del alcalde opositor del municipio de San Diego, de la ciudad central de Valencia, Vicencio "Enzo" Scarano, declarado culpable de "desacatar" una medida cautelar para impedir las llamadas "guarimbas", como se llama aquí a las barricadas.
El director de la policía de esa localidad, Salvatore Lucchese Scaletta, también fue llamado en desacato. Ambos fueron condenados a cumplir 10 meses y 15 días de prisión, más las accesorias de ley. Estos dos funcionarios quedaron "a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional", dijo el Tribunal superior.
Los opositores llamaron a movilizaciones en todo el país el jueves ante la ofensiva del gobierno.
Otros alcaldes también están enfrentando llamados de atención o amenazas de encauzamiento.
Maduro dijo repetidamente que si los alcaldes opositores de esos municipios no toman acciones para evitar el bloqueo de las vías serían objeto de "medidas judiciales" en su contra.
"Estas decisiones son órdenes de justicia, no es el gobierno quien decide detener a nadie", dijo durante una conferencia de prensa el ministro Rodríguez Torres.
El funcionario insistió en que los procesos judiciales a los dos alcaldes arrestados la noche del miércoles partieron de denuncias de ciudadanos y privados que iniciaron las acciones legales.
"Creemos que va a privar la sensatez…no puede ser que pretendan defender el derecho de 50 guarimberos al de toda la ciudadanía", agregó el ministro.
Paralelamente mostró imágenes que aseguró habían sido tomadas en San Diego y San Cristóbal de supermercados quemados e instalaciones dañadas por las acciones violentas.
Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, protagonizan desde febrero protestas callejeras contra la galopante inflación -que en el segundo mes del año alcanzó una tasa anualizada de 57,3%-, la escasez de bienes básicos y la creciente criminalidad.
Maduro, de 51 años, rechaza las protestas, a las que considera parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado.
El bloque oficialista, que ganó por amplia mayoría las elecciones municipales de diciembre, se ha mantenido cohesionado en medio de la crisis política y económica que enfrenta el país. En medio de la tensa situación, Maduro ha contado con el apoyo de la Asamblea Nacional, que es controlada por el oficialismo, el Poder Judicial y la fuerza armada.
Las protestas han dejado al menos 28 fallecidos, entre ellos cuatro guardias nacionales, además de 365 heridos y más de 1.000 arrestados, de los cuales sólo permanecen detenidos 106, a los que les abrieron proceso.
(Con información de AP)