Toluca, México; 27 de marzo de 2019. Enamoradas desde 2013, Jessica Carrillo Sánchez y Gabriela Cejudo Sámano tuvieron que esperar dos años para poder unir sus vidas legalmente en abril de 2015, tras interponer un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A casi 4 años de distancia, el Estado de México todavía no ha modificado su Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sin embargo, esta situación podría cambiar en las próximas semanas, de acuerdo con las últimas declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de México, Maurilio Hernández, quien confió que la iniciativa que presentó su grupo parlamentario, Morena, sobre matrimonios igualitarios podría ser aprobada en abril.
“Tenemos una visión que no tiene que ver con dogmas, sino es un asunto de derechos sociales. La normatividad es la que va a dar cauce de cómo atender esta realidad social” dijo el legislador al señalar que su propuesta tiene algunas variantes con respecto a la que presentó en septiembre del año pasado, el Partido de la Revolución Democrática.
El principal tema que marca la diferencia entre ambas iniciativas que buscan modificar el artículo 4.1 bis del Código Civil es la adopción. Mientras que los perredistas lo incluyen como parte de su planteamiento, los morenistas decidieron excluirlo por considerar que no era necesario.
“No nos sujetamos a que el tema del matrimonio (igualitario) debe incluir el tema de la adopción, porque en el Estado de México no hay ninguna limitación para que cualquier persona que cumpla los requisitos, aún siendo soltera pueda adoptar. Entonces no está condicionado el tema de la adopción al tema de estar casados.”, explicó en su momento el diputado de Morena.
Sin embargo, para Ricardo Coyotzin Torres, presidente de la asociación civil “Fuera del Clóset”, esta exclusión podría tomarse como si se tratara de “una iniciativa a medias, incluso hasta cierto punto discriminatoria”.
Señaló que no hay antecedentes de parejas homosexuales que hayan buscado adoptar, por lo que no puede descartarse que, una vez que estos matrimonios se legalicen, puedan presentarse casos de discriminación cuando quieran realizar los trámites de adopción.
Desde 2014, la Primera Sala de la SCJN dictaminó que impedir que parejas del mismo sexo contrajeran matrimonio y “el considerar que su finalidad es la de perpetuar la especie” era inconstitucional y contraviene el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a formar una familia.
En 2015, emitió una tesis jurisprudencial mediante el cual declara inconstitucionales los códigos civiles de los estados donde el matrimonio es entendido como la unión entre hombre y mujer, pues tiene como finalidad la procreación.
Así la jurisprudencia 43/2015 de la Primera Sala de la SCJN señala textualmente: “considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social”.
Sin embargo, a los grupos conservadores del país y, concretamente del Estado de México, junto con la Iglesia, no parece importarles mucho esa tesis jurisprudencial.
Eugenia Peñaloza Lugo, representante de la organización civil Verde es Vida fue tajante al señalar: “estamos a favor del matrimonio concebido como hombre y mujer”, si bien, respetaba otros credos y formas de pensar.
Manifestó estar consciente de lo que establecía la Suprema Corte y los movimientos internacionales en pro de los derechos de la comunidad Lésbico Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero, “pero en el ejercicio de nuestro derecho pugnamos por defender la familia entre hombre y mujer”.
Expresó que de aprobarse la modificación al Código Civil de la entidad, presentarían “jurídicamente y legalmente (sus) observaciones ante la SCJN como colectivo y en lo personal, por las vías constitucionales y legales” para oponerse a que se legalicen los matrimonios igualitarios.
Hace cuatro años cuando parecía que la anterior Legislatura mexiquense aprobaría el tema de los matrimonios igualitarios la férrea oposición de los católicos encabezados por el obispo de la Diócesis de Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos y de organizaciones como el Frente Nacional de la Familia, y por supuesto, de partidos políticos como Acción Nacional, provocaron que el tema se fuera a la congeladora legislativa.
Ahora la situación ha cambiado con un congreso en el que predomina, supuestamente, el pensamiento de izquierda. Así, Armando Bautista Gómez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y que apoya la iniciativa morenista, manifestó que se trata de un parlamento progresista que dará luz verde a esta propuesta.
Recordó que desde hace más de diez años, su partido ha buscado legalizar las uniones de parejas homosexuales, ya que dijo, “no puede haber mexicanos de primera y de segunda”.
Sobre este tema, el diputado petista no dejó de denunciar “actitudes mezquinas que quieren abanderar causas justas con fines políticos” y se quejó de que los diputados del PRD exigen que se apruebe la iniciativa que ellos presentaron en esta materia “cuando no pueden convencer a su aliado electoral: el PAN. Creen que lo vamos a hacer cuando ellos quieren”.
Ricardo Coyotzin Torres, de “Fuera del Clóset” , no descartó que el asunto de los matrimonios igualitarios sea una bandera política, no solo de grupos políticos, sino también de los conservadores, y señaló que lo único que pasa es que afectan los derechos de la ciudadanía.
“Las decisiones políticas siguen al margen de los derechos humanos y del interés de otros grupos sociales que no se han tomado en cuenta, pese a la deuda política y social que todavía se tiene con ellos”, manifestó.
Hace seis años, en febrero de 2013, cuatro parejas mexiquenses de personas del mismo sexo presentaron igual número de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder casarse; otras dos hicieron lo propio el año pasado ante un tribunal federal.
Los primeros, como Jessica y Gabriela lograron casarse dos años después de que tramitaron el amparo. Ahora, la comunidad LGBTT está a la expectativa de lo que aprueben los diputados de la LX Legislatura mexiquense.
Abril podría ser el mes decisivo.
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