El gobierno de México reconoció hoy la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, como es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre pasado y supuestamente asesinados e incinerados.
«México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los enormes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar», dijo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo.
Al abrir la sesión ante el Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas, en Ginebra, Gómez agregó que el tema ocurre «en una circunstancia particularmente dolorosa que ha generado urbi et urbi indignación y repudio, pero también determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y la justicia».
«La desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa pone de manifiesto, una vez más, que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, y así fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia».
Gómez Robledo destacó que «cuando se juzgue y sancione a todos los responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de los desaparecidos, podremos, Estado y sociedad pasar del dolor a la recomposición del tejido social».
Los 43 estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, en el sur del país. Según la fiscalía mexicana, fueron asesinados e incinerados por el grupo criminal Guerreros Unidos, después de ser entregados por policías municipales.
Ese día la esposa del alcalde José Luis Abarca, ahora detenida al igual que él y acusada de pertenecer al cártel Guerreros Unidos, encabezaba un acto al aire libre que pretendía ser su lanzamiento político para suceder a su marido.
Abarca ordenó que los estudiantes no llegaran a sabotear el acto. La policía entonces persiguió sus autobuses con el resultado de seis muertos y 25 heridos, además de los 43 desaparecidos.
De acuerdo con la reconstrucción de hechos, los estudiantes fueron llevados a un basurero, donde sicarios de Guerreros Unidos los mataron por considerar que algunos estaban vinculados con un cártel rival.
En el basurero donde, de acuerdo con autores materiales, fueron incinerados se encontraron cenizas y fragmentos de huesos triturados que impiden su identificación.
La fiscalía de México decidió la semana pasada dar por muertos a los 43 estudiantes desaparecidos, a pesar de que sólo los restos calcinados de uno de ellos fue identificado con pruebas de ADN.
Familiares de los jóvenes y la organización Human Rights Watch rechazaron las conclusiones de la procuraduría y cuestionaron que se hiciera el anuncio cuando ni siquiera había comenzado la misión de los especialistas de la CIDH.
«La respuesta del Estado sigue siendo limitada, y no cumple plenamente las normas internacionales de derechos humanos», destacó Aministía Internacional (AI) a través de un informe para el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza.
AI destacó que en respuesta a las manifestaciones multitudinarias y el escrutinio público, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció el 27 de noviembre una serie de medidas más amplias «que no parecen conducir al cambio estructural que el país necesita para abordar el caso de Ayotzinapa y todos los demás casos de desaparición forzada y de personas llevadas ilegalmente contra su voluntad».
Cifras oficiales difundidas por AI y publicadas en octubre de 2014, 22.610 personas han desaparecido en México desde el 1 de diciembre de 2006, y a la fecha de octubre de 2014 seguían en paradero desconocido. Casi el 50 por ciento de esas desapariciones tuvieron lugar entre 2012 y 2014, durante el actual gobierno.
«Una vez más, las autoridades no han explicado cuántas de estas personas han sido víctimas de desaparición forzada o de sustracción por parte de particulares, y cuántas podrían estar en paradero desconocido por otros motivos», señaló AI.
Algunos padres y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos también asistieron a la reunión para presentar su caso ante el comité y exigir al gobierno de México no cerrar la investigación ni la búsqueda de sus hijos.
(DEUTSCHE PRESSE-AGENTUR)