En dos meses, la actual administración municipal de Toluca ha realizado 999 despidos. Esto ha generado protestas, demandas laborales, quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Edomex (Codhem) y la Fiscalía Especializada de Género, así como la polémica que se derivó después de la detención de trabajadores —hecho que ya cuestionaron cuatro integrantes del Cabildo.
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Ayuntamiento de Toluca y despidos a trabajadores
Durante la sesión de Cabildo del pasado 4 de marzo, Raymundo Martínez, alcalde de Toluca, y la Comisión de Asuntos Laborales dieron a conocer el último corte de la situación laboral en la administración municipal:
“El Ayuntamiento de Toluca cuenta con un contingente de litigios laborales que se está atendiendo a fin de evitar adeudos económicos que afecten la hacienda municipal. El pasivo actual de laudos, indemnizaciones y juicios en trámite es de 520 millones de pesos; adeudos laborales en etapa de laudos firmes, 69 expedientes que hacen un total de 42 millones 616 mil 737 pesos; los casos de terminación y recisión de las relaciones laborales en febrero son 32 bajas, en 4 se llegó a un convenio”, informó Raymundo Martínez.
Ya en enero se habían reportado 967 bajas, de estas, solo 479 se habían llevado a convenio; a esto se suman otros 28 casos sin convenio en febrero. Hasta el momento, las autoridades municipales no han aclarado si hubo avances en los que casos acumulados.
Una mesa de asuntos laborales para atender el conflicto
Para tratar de atender estos conflictos, el Cabildo de Toluca instaló una mesa de asuntos laborales que el 4 de marzo informó que ha sesionado en dos ocasiones con casi la totalidad de los ediles, la Dirección General de Administración y el área jurídica. Las mesas tienen un carácter resolutivo y han revisado la situación de cada trabajador, considerando aspectos como la antigüedad, categoría, funciones, entre otras.
Según un informe, hasta ahora ha recibido 84 solicitudes para análisis y valoración, de las cuales se han analizado 76. Como resultado de la labor de estas mesas, algunos servidores públicos se han reincorporado, en otros se analizan convenios de pagos.
Un conflicto heredado
En el Ayuntamiento de Toluca hay poco más de 5 mil trabajadores; aproximadamente 2 mil 400 son sindicalizados y pertenecen al SUTEyM, el resto se distribuye entre los trabajadores supernumerarios que cuentan con base y aquellos que tienen contratos de 6 meses. A estos últimos se les adeudaba, hasta enero, un aproximando de 340 millones de pesos entre quincenas, y prestaciones, según lo informó al inicio de su administración Raymundo Martínez Carbajal.
Las autoridades municipales no han esclarecido tales adeudos que hace tres meses generaron numerosas protestas, justo al final de la gestión de Juan Rodolfo Sánchez Gómez.
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Toluca y las protestas de los trabajadores
Hasta el momento, dos agrupaciones han reclamado al Ayuntamiento de Toluca la falta de atención en la mesa de asuntos laborales.
El Movimiento Dignificación del Servicio Público Toluca ha presentado demandas laborales, quejas en la Codhem y en la Fiscalía Especializada de Género; recientemente entregó solicitudes al Órgano Superior de Fiscalización del Edomex y a la Contraloría del Ayuntamiento para que audite el capítulo 1000 —referente a los servicios personales correspondientes al ejercicio fiscal 2021.
Estas acciones se realizaron después de que el Movimiento exhibió constancias de percepciones y deducciones 2021, emitidas por María Dolores Desales, directora de Recursos Humanos. Dichos documentos daban cuenta de los pagos adeudados de aguinaldos, primas vacacionales y gratificaciones como si ya se hubieran liquidado, cuando aún los adeudan.
Por otro lado, la Coalición Justicia para Todos protestó —junto con una veintena de trabajadores de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos— el 17 de febrero para pedir la renuncia de un funcionario que tiene una amplio historial de denuncias en su contra.
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Unos días después de la protesta, al menos tres agremiados de la Coalición fueron llamados por personal de recursos humanos que les solicitó que firmaran sus renuncias. Esto los llevó a manifestarse de nueva cuenta.
La protesta realizada el 28 de febrero terminó con la detención de los trabajadores y una mujer, en un proceso sin protocolos que ya ha cuestionaron integrantes del Cabildo de Toluca.
Cabildo de Toluca cuestiona actuación policial contra trabajadores
El 4 de marzo, en la sesión de Cabildo de Toluca más reciente, cuatro ediles cuestionaron las detenciones de los trabajadores ocurridas el 28 de febrero.
Regidores
Leticia Sánchez Álvarez, décimo primera regidora, dijo:
“Pareciera que en esta administración municipal los atropellos a los derechos humanos se han vuelto una forma de gobierno. En anteriores sesiones mencioné la violencia que ejercen muchos de los titulares de la administración en contra de los trabajadores municipales por su forma de pensar; en esta semana ocurrió un hecho que no solo raya en lo ilógico, sino en lo intolerante y lo autoritario. Para quienes no están enterados, la policía municipal presentó ante la Fiscalía a tres ciudadanos que se encontraban ejerciendo su derecho de libertad de expresión (…)”.
Luego detalló los hechos y condenó la actuación de la policía municipal “y solicito nos pueda ser aclarada esta situación de manera puntual, ya que existe una clara y grave violación a los derechos humanos de los ciudadanos que fueron violentados” .
A pesar de desconocer los pormenores del proceso, el décimo regidor, Mario Hernández Cardoso, pidió modificar el uso de la policía: “usemos el cuerpo policiaco donde realmente se necesita, dejemos de utilizar a los policías como piezas de ajedrez para cuidar al rey (…). Toluca merece un gobierno respetuoso de los derechos humanos”.
El octavo regidor Adán Piña Esteban lamentó el hecho y pidió que no se vuelva a repetir “que de verdad esto no se vuelva a repetir. Sí hay que utilizar la seguridad pública, pero para agarrar a delincuentes”.
Síndico
América Rivera Tavizón, segunda síndico, lanzó una serie de preguntas:
“Si existe una tarjeta informativa con la que esta administración dio cuenta de la detención de los detenidos que participaron de la toma de protección civil y bomberos, a la luz de los hechos cabe exponer cuestionamientos preocupantes: ¿qué facultad tiene la policía municipal para detener a personas por un hecho hace once días?, ¿bajo qué número de carpeta de investigación se asentó la denuncia de los hechos ocurridos el 17 de febrero y bajo qué orden se ejecutó la detención de los imputados?”.
Y sentenció que de no existir carpeta de investigación ni orden de aprehensión de los ciudadanos no tendría por qué relacionarse la detención con lo ocurrido el 17 de febrero en el edificio de protección civil además cuestionó “¿Debe asumir la ciudadanía? ¿Que cualquier acto de manifestación pública y de ejercicio al derecho a manifestarse en la vía pública será tratado de la misma manera por parte de la policía municipal?”.
De acuerdo con la síndico, mientras la policía movilizaba a una veintena de elementos, ella atestiguó que una persona se desangraba en la avenida 1º de mayo, casi esquina con Isidro Fabela. Tuvieron que pasar más de 40 minutos para la autoridades le brindaran auxilio.
Pese a que cuatro integrantes del Cabildo cuestionaron el hecho, el alcalde Raymundo Martínez no intervino ni dio explicación sobre el tema.
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