Toluca, México; 11 de diciembre de 2018. La bancada de Morena del Congreso Local busca eliminar los privilegios a los ex gobernadores del Estado de México a partir del próximo año.
La propuesta presentada por la diputada Azucena Cisneros Coss establece abrogar los decretos número 87 y 88 publicados en la Gaceta de Gobierno en 1945 y1993, respectivamente, los cuales establecen que para salvaguardar la integridad y seguridad de los ex mandatarios mexiquenses gozarían “de privilegios una vez concluido tan honroso y alto cargo al servicio del estado”.
Esta iniciativa fue turnada a las comisiones de Finanzas y Puntos Constitucionales.
En caso de ser aprobada, Eruviel Ávila Villegas, Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel Rojas, César Camacho Quiroz, Emilio Chuayffet Chemor e Ignacio Pichardo Pagaza ya no gozaran de seis servidores públicos a su servicio, entre los destacan un jefe de ayudantes, un chofer, tres ayudantes de seguridad pública y una secretaria con categoría de secretario particular. Así lo indica el decreto número 86.
“De ningún modo se justifica que, una vez que los ex gobernadores del Estado de México han concluido con su gestión, se les destine con cargo al erario del Estado, personal a su cargo para desempeñar actividades ajenas al servicio público” apuntó Cisneros Coss. A decir de la legisladora, los ex mandatarios estatales tienen a su cargo cerca de 150 servidores públicos con sueldos que oscilan de los 12 hasta los 30 mil pesos. “No creo que ningún gobernador, quiera defender lo indefendible. Tenemos un estado con carencia, hay mucho que hacer y mucho que recortar en el gobierno del estado “
En la tribuna, la diputada consideró que con la mayoría de Morena se pretende acabar con “esta vieja cultura política que dominó el pasado político […] poner freno a la opulencia, la desigualdad, los privilegios y el derroche de los recursos públicos”, luego de afirmar que el Estado de México ocupa el tercer lugar entre las cinco entidades más endeudas del país con un incremento en la deuda pública de 17.41% del año 2013 al 2017.
Además, señaló, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios enfrenta un endeudamiento que asciende a 2 mil 767 millones de pesos, y el Sistema de Justicia del estado enfrenta graves problemas ante la insuficiencia de recursos.
Finalmente, acotó que no sólo hace un uso indebido de los recursos públicos, sino es “una pensión económica encubierta, destinada a premiar el paso por la administración pública a los distintos ex gobernadores que ha tenido nuestro Estado”.