El Nevado de Toluca, volcán que corona el Valle de Toluca y provee de agua a millones de habitantes en el centro del país, hoy enfrenta una crisis existencial que se ha vuelto más visible en los años recientes.
Lo que durante décadas fue un santuario intocable, hoy es el epicentro de una devastación ambiental acelerada por lagunas legales, la presión inmobiliaria y el crimen organizado enfocado en la tala clandestina.
Hasta mediados de 2026, la crisis ha alcanzado un punto crítico donde las comunidades locales se ven rebasadas por la violencia de los talamontes, mientras los gobiernos estatales y federales intentan contener un ecocidio que se agravó desde el gobierno mismo 13 años atrás.
El cambio de estatus
Para entender la actual tala de árboles en el Nevado de Toluca, es obligatorio retroceder a octubre de 2013, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto emitió un decreto que despojó al volcán de su estatus de Parque Nacional (otorgado en 1936 por Lázaro Cárdenas, el cual prohibía cualquier explotación comercial) para recategorizarlo como Área de Protección de Flora y Fauna.
Este cambio burocrático tuvo consecuencias de suma importancia en el terreno: de las más de 53,000 hectáreas que componen la reserva, la zona de protección estricta se redujo a un 4 %. El 96 % restante pasó a ser «zona de amortiguamiento», permitiendo en más de 17,700 hectáreas el «aprovechamiento forestal sustentable»; es decir, la tala comercial y maderera bajo el argumento de combatir plagas y fomentar la economía ejidal.
Ambientalistas e investigadores documentaron que, tras la recategorización, la pérdida de masa forestal se duplicó. El permiso para extraer madera enferma se convirtió rápidamente en un argumento frecuente para ver constantemente descender camiones cargados de madera amparados por permisos de «saneamiento forestal» para comercializar árboles sanos.
La amenaza de los desarrollos inmobiliarios
El cambio de decreto no solo fue un triunfo para la industria maderera, sino para la especulación inmobiliaria que, hasta 2025, representaba ya un avance de 148.92 hectáreas.
De acuerdo con la periodista Carmen Aristegui, durante la elaboración del «Programa de Manejo» del Nevado de Toluca en 2013, Semarnat elaboró un borrador que prohibía expresamente la edificación de fraccionamientos campestres, casas de descanso, hoteles y campos de golf. Sin embargo, cuando el documento final fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2016, esas prohibiciones habían sido eliminadas.
Esto abrió legalmente la puerta para que en un 32% del polígono del Nevado se pudiera desarrollar infraestructura turística y comercial. Además, el decreto de 2013 excluyó por completo a ciertas comunidades del área natural protegida. El caso más polémico fue La Peñuela, un ejido de 100 hectáreas identificado en estudios técnicos como la zona con «mayor potencial turístico» del volcán. Al sacarlo del polígono de protección, se eliminaron todas las trabas ambientales para la construcción de hoteles y zonas residenciales de alta plusvalía.
Luz María Gómez Ordoñez, presidenta del Movimiento Ecologista del Estado de México, ha denunciado repetidamente que, en la práctica, apenas un 1 % de las 53 mil hectáreas goza de una preservación real, dejando el resto a merced de la construcción de vialidades y fraccionamientos que amenazan la captación de agua.
Tala clandestina amenaza al Xinantécatl
Hoy en día, la tala regulada es el menor de los problemas frente al monstruo de la tala ilegal que avanza sin freno en la zona del Nevado y sus colindancias con Zinacantepec, Ocuilan y Coatepec Harinas.
A nivel nacional, el gobierno federal documentó que entre 2019 y 2023, México perdió cerca de 959 mil hectáreas de bosques. El Nevado de Toluca aporta un porcentaje alarmante a esa estadística local. De acuerdo con un estudio realizado por UAEMéx y la Revista Chapingo en 2025, se perdieron alrededor de 4 mil 694 hectáreas de pastizales.
Los operativos de reforestación masiva, impulsados por el actual gobierno de Claudia Sheinbaum (quien en agosto de 2026 decretó el Día Nacional de la Reforestación), son vistos con escepticismo por los expertos, pues no atacan el problema de fondo, la pérdida de terreno boscoso.
Seguridad, el daño colateral
En reuniones recientes con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Probosque, los campesinos de zonas como San Juan de las Huertas y Zinacantepec confesaron su miedo. «No podemos enfrentar solos a los taladores», declaró un ejidatario este mismo año, detallando cómo los grupos de talamontes han escalado al uso de violencia e intimidación armada contra los habitantes que intentan defender sus tierras.
Frente a esta crisis de gobernabilidad, la administración estatal ha intentado endurecer su postura. En julio de 2026, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, anunció la preparación de una iniciativa de ley para endurecer radicalmente las condenas penales contra la tala clandestina.
«La tala es una preocupación, pero también una ocupación que nos atañe día con día», reconoció la mandataria. Su estrategia plantea un enfoque dual: por un lado, operativos conjuntos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Probosque en el Nevado de Toluca y el Bosque de Agua; y por el otro, la entrega de apoyos económicos directos a los pobladores más vulnerables, intentando arrebatarle al crimen organizado la mano de obra que por necesidad se dedica a talar el bosque.
El deterioro ambiental no es nuevo, el proceso viene de décadas atrás; sin embargo, las acciones o falta de ellas de los gobiernos recientes han agravado el problema, permitiendo que lo que un día fue una extensa zona verde, hoy disminuya cada día más, acabando con uno de los últimos pulmones del Valle de Toluca.
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